El 24 de octubre de 2019 el Parlamento aprobó la Ley 19.837 de Cotitularidad de la vivienda que define dos categorías de socios, como el socio titular único y los socios titulares. Este último caso se establece para dos personas a cargo del núcleo familiar y que constituyan matrimonio, unión concubinaria reconocida, o unión concubinaria sin declaración judicial, con independencia de su género y estado civil. Estas situaciones serán, a todos los efectos, una titularidad compartida.
Sin embargo, la falta de reglamentación perjudica a los integrantes de una pareja que resuelve separarse, fundamentalmente por casos de violencia basada en género.
“Fue aprobada el año pasado y nos encontramos en una situación compleja, porque no está reglamentada. La ley avanzó en la posibilidad de que en una misma unidad habitacional, los cónyuges tengan iguales derechos y además establece a la violencia doméstica como causal de separación”, dijo Isabel Zerboni, integrante de la comisión de Género de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam).
“Esos dos elementos hacen que la ley sea muy fuerte. El problema es que con la nueva administración tampoco se reglamentó y se vuelve inaplicable. Estamos en negociaciones con el ministerio para tratar de avanzar y que sea realmente una herramienta para el movimiento cooperativo”, agregó a EL TELEGRAFO.
GUÍA
A mediados de 2017, la federación presentó una “Guía contra la violencia sobre la mujer”, con la aspiración de que la violencia doméstica sea incluida en los reglamentos de las cooperativas como falta grave. Zerboni recordó que fue un trabajo de investigación hacia la interna de las cooperativas y arrojó datos relevantes para el equipo que elaboró un instructivo, con el objetivo de alertar sobre los casos de violencia basada en género y actuar en consecuencia.
“Los resultados son positivos a partir de la definición política de intervenir en las situaciones de violencia y no tolerarlas en nuestras cooperativas, no solo desde el punto de vista declaratorio, sino de tomar medidas y apoyar a las mujeres en la permanencia en sus viviendas.
Que ninguna pierda su casa como resultado de una situación de violencia”. A partir de la guía, la labor continuó con “la detección de situaciones injustas e intervención. Todas las semanas se arriman cooperativas a la federación o consultan. Al principio eran situaciones de violencia física, pero nos encontramos –como nos comentaron en Paysandú– con hechos de violencia patrimonial o psicológica”.
La comisión de género de la dirección nacional, trabaja en la sensibilización y capacitación. “Hay que tener en claro los recursos para la difusión de estos temas. Cuando se dé una situación, defender a las cooperativistas y adoptar una definición política en el movimiento”.