El “renunciamiento fiscal” anunciado por el gobierno como elemento de estímulo para los operadores turísticos en la próxima temporada de verano implica que el Estado dejará de percibir un volumen significativo de recursos por concepto de impuestos y aportes sociales, lo que equivale a profundizar el déficit fiscal heredado, que se ha agudizado por efecto de las medidas de contención de la pandemia.
Es así que la ministra de Economía y Finanzas, Ec. Azucena Arbeleche, aseguró que el gobierno se planteó “un escenario de máxima renuncia fiscal” para favorecer el turismo en la próxima temporada.
Esto va a redundar en “mayor actividad, menos seguro de desempleo, más empleo, que fue uno de los elementos a priorizar para elaborar las medidas, y mayor recaudación”, explicó Arbeleche, a la vez de resumir que “no es un paquete cerrado de medidas, estamos abiertos a analizar otras”.
Por otro lado, señaló que este paquete no considera medidas relacionadas con rebajar el precio de los combustibles, habida cuenta de que también Ancap se encuentra en una situación comprometida mayormente por efectos de las pérdidas por la producción de cemento y su ineficiencia.
Es decir que renunciamientos sobre el déficit sería poco menos que una “tormenta perfecta” en un país necesitado de recursos para sostener su economía, que venía en sensible declive desde mucho antes de asumir el gobierno del Dr. Luis Lacalle Pou el 1º de marzo y que ha mantenido esta tendencia por efectos de la pérdida de ingresos y mayores egresos para sostener a los sectores más afectados por las acciones para contener el avance de la pandemia.
Aunque hasta hace un tiempo se mantenía alguna expectativa de que el escenario regional pudiera mejorar y ameritar la posibilidad de más o menos abrir las fronteras para recibir turistas, la realidad plantea un panorama que ha respondido a las visiones más pesimistas, tanto en lo regional como global, desde que cuando todavía se ignora cuándo se podrá contar con la vacuna, Europa se enfrenta a una segunda ola de contagios que ha obligado a cerrar buena parte de las actividades que se habían reabierto en el verano boreal para por lo menos contar con cierto movimiento turístico, y las consecuencias se han hecho sentir en el recrudecimiento de los contagios.
Tenemos por lo tanto a la vista la película de lo que ha ocurrido en los países desarrollados cuando se abren fronteras para el turismo, aún manteniendo alto grado de cautela. En el caso de Uruguay, el problema es mayor, desde que aún manteniendo con notorio esfuerzo y despliegue de medidas un nivel bajo de contagios, nuestro país tiene a sus dos grandes vecinos Argentina y Brasil seriamente afectados por la pandemia, y de grandes efectores turísticos han pasado a ser también grandes efectores de COVID-19.
Es impensable, por mejor buena voluntad que se tenga, poder recibir contingentes turísticos desde los países vecinos, porque implicaría consecuencias económicas positivas pero a la vez un crecimiento exponencial de la pandemia dentro de fronteras. En los hechos, no solo tendría un fuerte impacto sanitario, sino también negativo desde el punto de vista económico porque obligaría a nuevos cierres.
Por lo tanto, en realidad ni siquiera desde el punto de vista netamente económico se justificaría abrir fronteras para recibir turistas, ante el riesgo de perder aún más recursos por otra vía, y encima agravar los problemas sanitarios.
Hasta el propio expresidente José Mujica ha considerado acertado, en este dilema, que el gobierno haya decidido mantener cerradas las fronteras este verano, aunque había en operadores cierta ilusión –que se fue diluyendo con el paso de las semanas– de que en el segundo semestre del año se pudiera abrir fronteras de cara al verano.
En resumen, salvo algunas visitas de residentes del exterior que deberán manejarse con cuentagotas y extrema prudencia, nos queda la perspectiva de dinamización del turismo interno, lo que tampoco está exento de riesgo, desde que ha quedado demostrado que la movilidad de personas, aglomeraciones en reuniones sociales pese a las medidas de contención y prevención, tienen consecuencias harto comprobadas en la difusión del coronavirus entre la población, con focos que no siempre son fáciles de detectar y que de no ser controlados adecuadamente tienen una multiplicación exponencial.
El renunciamiento fiscal manejado por la ministra de Economía, en aras de contemplar a los operadores turísticos, es un arma de doble filo, porque se renuncia a recursos que se necesitan por el Estado en esta crisis, pero a la vez los estímulos permitirían conservar algunos empleos y ser factor de sobrevivencia para empresas que están en serios problemas, como todos los sectores que dependen del turismo y eventos como fuentes de ingresos.
Es decir que se intenta contemplar la situación de los principales perjudicados en una temporada perdida, en una apuesta a un paliativo que de todas formas entraña riesgos sanitarios inevitables y que deberán ponderarse con una perspectiva de apostar al mal menor.
Es, en suma, un intento por seguir ganando tiempo en medio de la incertidumbre global, sin perder de vista que –como manifestara Arbeleche ante jerarcas americanos y europeos convocados por CAF-Banco de Desarrollo– la posición del gobierno ante el proteccionismo comercial es ampliar el comercio, la inversión y la cooperación. “Uruguay es un país pequeño que se juega muchísimo en tener una economía abierta y recibir inversiones”, subrayó.
Pero con los valores trastrocados en un mundo vulnerado por la pandemia, donde se corre el riesgo de que junto con la pandemia se extienda el “sálvese quien pueda”, el permanecer en un estatus sanitario como el que tenemos es un factor diferencial que puede ayudarnos a mantener abierta una vía de intercambio que nos de aire, a la espera de que pase el temporal.
