Cada vez que sucede algo como lo de Perú, en que se destituye un presidente, viene a la mente –y la comparación– lo que ocurre en Uruguay. Y sin ánimos de vanagloria, se valora la fortaleza de las instituciones en nuestro país. Una estabilidad que nos mantiene en pie, más allá de los problemas y diferencias. Porque para Perú la solución es la misma: la democracia. Y que a esta crisis la siga unas elecciones que no deberán demorarse.
La interpretación de la destitución del presidente peruano, Martín Vizcarra, a manos del Congreso es un tema polémico que solo el tiempo, y unas elecciones libres y justas en abril de 2021, podrán demostrar.
El Congreso –unicameral– votó abrumadoramente por declarar la “incapacidad moral permanente” del ya exmandatario, y las dudas y riesgos que esta decisión supone para la democracia, la vida política, la economía y la salud de Perú se vuelven cada vez más claros. Además, este país ha sido de los de peor gestión en la región de la pandemia del coronavirus.
En lugar de Vizcarra quedó Manuel Merino, quien ocupaba el cargo de presidente del Congreso; él mismo promocionó la moción de censura del mandatario de la República. Si bien está previsto el procedimiento al cual se ajustó Merino, su gobierno arranca con una severa crisis de legitimidad. Por lo pronto, no fue elegido directamente por los ciudadanos.
Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indicó que la vacancia no solo es fruto de la aplicación de “un nefasto artículo de la Constitución”, sino que “técnicamente” incumple con ésta. “La vacancia se da solo porque existe la aritmética. Solo había que sumar votos, que llegan por las acusaciones de supuestos actos de corrupción. Pero en la Constitución, solo se puede sacar por causales determinadas y objetivas. La incapacidad moral es imposible de probar objetivamente. En el debate se lo acusó de cualquier cosa, de cualquier tema, con un juicio ético, pero no objetivo”, explicó con dureza.
Las denuncias de golpe de Estado no se hicieron esperar, tanto de los políticos opositores como de la sociedad civil, que se ha manifestado con protestas. Los que apoyan este giro en la vida política peruana son los que votaron por la vacancia, argumentan hasta el cansancio que el procedimiento se ajustó plenamente a la Constitución.
Cierto es que se cumplieron a la letra los plazos, formas y, sobre todo, el requerimiento de la mayoría cualificada para proceder de 87 votos sobre 130. La moción obtuvo de hecho 105. Pero dejan de lado que el Tribunal Constitucional está revisando precisamente el alcance de la “incapacidad moral”, un concepto vago, diseñado en el siglo XIX para referirse a problemas mentales y no éticos.
La pregunta ahora es qué irán a hacer los legisladores, y el actual presidente, con el poder. Porque en esta situación, Merino sigue siendo presidente del Congreso además de jefe de Estado. Esto no anuló lo otro y, claro está, es un problema añadido. Este gobierno tiene necesariamente que ser un gobierno de transición, actuar como tal. Como prioridad deberá responder a la grave crisis en la que estamos, sanitaria, económica y política. Pero lo fundamental es garantizar las elecciones limpias y transparentes en abril de 2021”, aseveró la politóloga Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Transparencia.
Sucede que –algo muy típico en América Latina– hay grupos que apoyan la vacancia que desean suspender las elecciones y alargar el mandato de Merino, aunque el nuevo presidente ha dicho que descarta esta posibilidad.
En su discurso inaugural como mandatario, Merino insistió en que su primer compromiso es “garantizar” y “respetar” el “inamovible proceso electoral en marcha”, lo que significa que en abril de 2021 habrá elecciones y un cambio de poder el 28 de julio de ese año. Se verá, claro está. Por ahora, son palabras.
En definitiva, en Perú muchos criticaron la actuación de los legisladores que destituyeron a Vizcarra pues piensan que ahora el país debe centrarse en solucionar la grave crisis económica y sanitaria que enfrenta. En un contexto de alarma por el avance del coronavirus, y el golpe que ha supuesto a los ciudadanos y a las finanzas de la nación incaica, esta situación no pudo caer en peor momento.
En los últimos cuatro años Perú ha tenido tres presidentes y los últimos seis mandatarios se han visto envueltos en escándalos de corrupción. En esto vinculan a Vizcarra y también al propio Merino. Nadie parece salvarse. La actual crisis en Perú no hace más que desnudar las fragilidades de su sistema y de la calidad de sus políticos. En la que no se escucha al ciudadano. Una reciente encuesta sobre si Vizcarra debía mantenerse en el poder o, por el contrario, ser vacado, un 78% apoyó su continuidad, y solo un 20% opinó que este debía dejar el cargo y ser reemplazado por el presidente del Congreso. Es difícil pensar en que se pueda encarrilar rápidamente el problema. Por lo pronto, que las elecciones se celebren dentro de lo estipulado. Que dejen hablar a la democracia.
