La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, declaró un patrimonio de 6,9 millones de dólares, o unos 239.990.000 pesos, y entre sus activos, indicó que 130 millones de pesos corresponden a acciones nominativas de Palomar S.A., propietaria de un campo vinculado al Instituto Nacional de Colonización (INC) en Artigas con una extensión de 1.300 hectáreas, y que la Ley de Urgente Consideración (LUC), había desafectado del organismo.
“Ese campo había sido adquirido al INC por Roque Moreira –padre de la actual ministra– en la época de la dictadura, pero seguía perteneciendo al instituto”, explicó a EL TELEGRAFO Mario Thedy, presidente de la Mesa Nacional de Colonos. Más allá de la adquisición, “como seguía siendo del instituto, cada vez que se realizaba una inversión en el campo se debía declarar el mismo ante el INC”, agregó.
El artículo de la LUC (314) referido a Colonización, “libera”, señaló oportunamente la expresidenta del directorio del INC, Jacqueline Gómez, “de la obligación de ofertar al INC al momento de la enajenación un conjunto significativo de inmuebles rurales que potencialmente volverían al mercado de tierras sin que el Estado cuente con preferencia para adquirirlos y así engrosar la cartera colonizadora, cubriendo la demanda anual de aproximadamente 1.600 familias que se presentan a los llamados abiertos por el instituto”.
Se trata de campos adquiridos por organismos que atendieron el reparto de tierras antes de 1948, fecha de promulgación de la ley 11.029: la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay.
Gómez estima el alcance de esta medida en unas 150.000 hectáreas, “mayoritariamente en posesión de herederos de la política colonizadora de la primera mitad del siglo XX en el país. En el artículo de referencia se plasma la voluntad manifestada en varios intentos legales frustrados en la legislatura pasada, pero claramente las mayorías cambiaron”.
La titular del directorio en el pasado período de gobierno, había manifestado que estas cerca de 150.000 hectáreas “en manos de propietarios privados, podrían volver a volcarse al mercado de tierras y así configurar una contrarreforma agraria que generaría una reconcentración en la posesión de los campos a costa de la pérdida de patrimonio estatal”.
De todas maneras, Guido Manini Ríos –esposo de la actual ministra–, había declarado en febrero de este año, que “ni Irene Moreira ni su padre Roque Moreira jamás fueron colonos”.
