Finalmente, tras un extenso período de negociaciones entre diversos actores, sobre todo gremios, organizaciones sociales y dirigentes del Frente Amplio, se conformó un frente común político-sindical-social que abogará por convencer a los ciudadanos para que aporten firmas con vistas a derogar la denominada Ley de Urgente Consideración (LUC). Un recurso legítimo, previsto en la Constitución, que constituye una posibilidad para que a través del respaldo popular se pueda dejar sin efecto determinada norma.
Es decir, que no está en tela de juicio la legalidad de la convocatoria, aunque sí corresponde contextualizar el uso que se da a este instrumento previsto en la Carta Magna y que requiere una necesaria movilización para cumplir con los objetivos del recurso, a efectos de ponerlo en vigencia y posibilitar el plebiscito.
Finalmente, hace pocos días la Mesa Política del Frente Amplio resolvió juntar firmas para intentar derogar mediante un referéndum 133 artículos de la LUC, con el ingrediente contradictorio de que entre estos artículos figuran cuatro que fueron votados por la coalición de izquierdas en el Parlamento.
Una postura que revela poca seriedad en cuanto a la tarea de gobernar, en tanto se trata de un poder del Estado que es una de las patas en que se apoya la tarea gubernativa y se supone que los parlamentarios que alzan la mano para proponer o aprobar iniciativas lo hacen por convencimiento de que se trata de lo mejor para el país, en defensa del interés general por encima de consideraciones político-ideológicas, llegado el caso.
Bueno, en este caso la cosa no es así y de lo que se trata lisa y llanamente es de borrar con el codo lo que se escribe con la mano, porque la acumulación de fuerzas que se ha venido dando desde sectores sindicales y organizaciones sociales ha terminado por vencer las últimas resistencias que se tenían en el ámbito de la coalición, precisamente porque no se estaba convencido de apoyar la idea, dado que este camino de dejar sin efecto una norma, contribuye a la inseguridad jurídica y a la vez no se considera que precisamente la derogación sea favorable para el país.
Pero finalmente en un comunicado la dirigencia del Frente Amplio destacó el relacionamiento de la fuerza política con los sectores sociales –que por supuesto son afines al partido, por más que se muestran como apolíticos en muchos casos– y anunció que aceptó agregar 15 artículos a la lista inicial manejada por el partido. Entre esos artículos se encuentran el 135, el 136, el 235 y el 236, pese a que fueron votados en la instancia parlamentaria por los legisladores de la coalición de izquierdas.
El artículo 235 establece que el Poder Ejecutivo fijará los precios de venta de los respectivos combustibles producidos por Ancap previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). A su vez el 236 encomienda a la Ursea a que revise su “metodología de cálculo de precios de paridad de importación”.
En cuanto a los otros artículos votados por el Frente Amplio junto con los legisladores de la coalición gobernante, nos encontramos con que el 135 define a la educación media superior como de tres años y no obligatoria, y no hace referencia a las especificaciones de bachillerato, mientras que el 136 establece que la educación técnico profesional puede ser universitaria o no.
Es cierto, la votación dentro del partido de oposición no fue unánime, por cuanto Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, la Vertiente Artiguista y el Partido Demócrata Cristiano no respaldaron la decisión adoptada por la fuerza política, que salió con el apoyo del resto de los sectores.
Pues el punto es que como suele acontecer, los sectores de la izquierda ortodoxa o radical se plegaron a las exigencias del Pit Cnt y las organizaciones sociales afines, en tanto que los grupos más moderados de la coalición tuvieron una actitud más razonable y consecuente con lo que los legisladores de la coalición de izquierdas votaron en el Parlamento.
Estamos pues ante alineamientos que siguen la lógica de la acumulación de fuerzas para llegar al objetivo, y se ha confirmado, por si alguien tenía alguna duda, de que el Pit Cnt a través de sus dirigentes radicales obra como tenaza sobre la fuerza política y neutraliza a quienes intentan actuar de forma independiente de los dictados del movimiento sindical, los que naturalmente no necesariamente coinciden con el interés general.
¿Cuál sería el elemento nuevo en juego en tan poco tiempo? Pues la oposición del poder sindical y las organizaciones “sociales” que desde siempre han estado bajo el control de la izquierda radical, que en realidad solo se representan a sí mismos y apuntan a la movilización, a crear confusión y sospecha por intereses sectoriales y/o ideológicos contra la “arremetida neoliberal” del gobierno, curiosamente dejando de lado, como si fuera una cosa menor, que los elementos recogidos en la LUC son precisamente para la aplicación de la propuesta electoral que votó mayoritariamente la ciudadanía uruguaya.
Es que al fin de cuentas, salga como salga la iniciativa, la idea es entrar en “gimnasia electoral”, aún en plena pandemia y postergando temas importantes para el ciudadano, porque se necesita entretener en algo a la alicaída militancia, y en la radicalización y en la confusión siempre puede terminarse pescando algo.