A diferencia de la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe, que no se han sumado a tiempo a la revolución de las TIC y de Internet y presentan distintos grados de retraso respecto a indicadores referidos a aspectos básicos como el acceso a banda ancha y la cantidad de computadoras entre la población, Uruguay se ubica a la cabeza de los rankings de acceso a Internet y, además, muy bien posicionado en materia de gobierno digital.
En este sentido, en los últimos años nuestro país ha desarrollado una sólida infraestructura de banda ancha fija, en especial la fibra óptica, pero también ha mejorado la conectividad internacional y ha desarrollado una fuerte concepción administrativa relacionada con la Sociedad de la Información y la trasformación digital del Estado, el desarrollo de software de seguridad y el abatimiento de la brecha digital a través de planes como Ceibal e Ibirapitá, que entregaron computadoras portátiles a niños y jubilados, avanzando así hacia una propuesta de fuerte inmersión tecnológica en la vida cotidiana.
No obstante, la digitalización de las empresas –en particular las pequeñas y medianas– continúa siendo un proceso lento y heterogéneo, lo que puede convertirse en un problema importante para su incorporación a la llamada cuarta revolución industrial, una revolución digital que supera todas las transformaciones económicas previas en escala, alcance y complejidad.
De acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el impacto de la revolución digital en la economía mundial alcanza los 11,5 trillones de dólares, el equivalente al 15,5% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. Se calcula que para el año 2025 llegará a los 23 trillones de dólares, casi el 25% del PBI mundial.
Nos referimos a las tecnologías denominadas de cuarta generación o tecnologías 4.0, que implican transformaciones en las condiciones tecnológicas de producción mediante la transición a nuevos sistemas ciberfísicos que operan en redes complejas al borrar los límites entre lo físico, lo digital y lo biológico. Entre ellas se ubican, por ejemplo, los sistemas de integración, las máquinas y sistemas autónomos, Internet de las cosas, manufactura aditiva, big data, computación en la nube, simulación de entornos virtuales, inteligencia artificial, ciberseguridad y realidad aumentada.
El año pasado, un informe del BID titulado “Travesía 4.0: Hacia la adopción tecnológica uruguaya” analizó los rubros de alimentos procesados y bebidas, farmaquímica y construcción, encontrando que estamos retrasados en materia de incorporación de tecnologías avanzadas. Esto representa una desventaja para nuestro país –incluso frente a países vecinos como Argentina–, especialmente si tenemos en cuenta los cambios que están ocurriendo en la forma de entender y desarrollar el trabajo, las nuevas dinámicas de las organizaciones y las exigencias de los consumidores, que están incorporando cada vez más al uso intensivo de tecnologías de la información y comunicación.
En particular, se plantea la necesidad de digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual representa un gran desafío por las características propias del sector y porque les está costando bastante adoptar tecnologías digitales avanzadas. No obstante, las exigencias de la denominada inclusión financiera en el gobierno anterior y, más recientemente, la realidad impuesta por el distanciamiento social en el marco de la pandemia por coronavirus, ha significado la incorporación de soluciones digitales para algunos procesos y actividades.
En este sentido, la digitalización, que antes podía considerarse algo extra para aumentar la eficiencia y productividad, hoy se ha vuelto un requisito para que las empresas sobrevivan. En particular, las micro y pequeñas empresas que comienzan a transitar hacia la transformación digital necesitan acceder rápidamente a conexiones de calidad y dispositivos tecnológicos (computadoras y servidores), soluciones digitales para ventas, marketing y gestión de clientes, ciberseguridad y herramientas como plataformas de comercio electrónico y medios de pago digitales.
Estas empresas hoy necesitan seguir generando ingresos para sostenerse en el mercado y se encuentran con un panorama disruptivo e imprevisto: el cambio de condiciones de trabajo y de conductas de los consumidores, producto también de la crisis sanitaria y de las medidas de distanciamiento social impuestas para evitar contagios. Se trata de un escenario en el que es necesario incorporar el uso intensivo de herramientas digitales para el teletrabajo, realizar compras y ventas en línea y gestionar procesos de producción en forma remota.
Otro informe del BID titulado “El imperativo de la transformación digital” (2018) evidencia claramente que los avances tecnológicos emergentes, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la tecnología blockchain, la impresión 3D, los sensores y el big data han desencadenado una fuerte ola de innovaciones caracterizada por la desintermediación, el emparejamiento (matchmaking), el intercambio y la innovación a través de plataformas y modelos abiertos. Se trata de cambios que están teniendo consecuencias profundas en los modelos de negocio de las empresas, la dinámica de mercado en varias industrias, los procesos de manufactura, el comercio y los servicios, lo cual ya está manifestándose también en las economías latinoamericanas, en el mercado de trabajo, en el sector financiero y la producción de bienes y prestación de servicios.
En este sentido, los estudios antes citados advierten que las políticas públicas frente a este nuevo escenario han tenido grandes limitaciones, ya que en general las políticas de TIC latinoamericanas muestran un sesgo hacia el desarrollo del gobierno electrónico, particularmente en las áreas de gestión financiera, adquisiciones, y la gestión de los sistemas tributarios y de ingresos públicos, a expensas del poco hincapié que se hace en la necesidad de programas que realcen las capacidades del sector privado de adoptar y utilizar tecnologías digitales. Es verdad que Uruguay está mejor preparado que varios de sus pares latinoamericanos para adaptarse a la economía digital pero el panorama es igualmente complejo y desafiante. No se trata de un tema sólo de tecnologías, infraestructura y recursos económicos, sino que también involucra aspectos referidos a la educación de los ciudadanos y trabajadores y otros relacionados a nuevos modos de interacción entre las empresas, los consumidores y el Estado.
La transformación digital requiere una estrecha colaboración entre el gobierno y el sector empresarial, con garantías para que las nuevas formas de trabajo no conduzcan a una mayor precariedad y desprotección. La punta del iceberg está asomando y es necesario no perder tiempo ni oportunidades para el Uruguay 4.0.
