Una serie de barreras e inequidades, la supervivencia de estereotipos de género y de prácticas patriarcales continúan aún hoy relegando a las mujeres uruguayas en diferentes ámbitos de actividad, adjudicándoles una participación notoriamente menor que sus pares hombres. Así lo revela el informe El lugar de las mujeres uruguayas en los cargos de decisión, presentado en marzo por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que analiza la participación de las mujeres uruguayas en diferentes ámbitos de toma de decisiones.
Nuestro país ha recibido observaciones y recomendaciones por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/Naciones Unidas) respecto a la baja representación de las mujeres en el ámbito público y político y la escasez de medidas para garantizar la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones, lo que hoy es considerado uno de los indicadores más relevantes de la Agenda 2030.
No es un problema exclusivamente uruguayo pero llama la atención que en un país con muy buenos índices en lo que refiere a transparencia, democracia y derechos humanos, las mujeres no logren avanzar en las posiciones antes mencionadas, y esto es algo que no ocurre por falta de preparación sino por la existencia de condicionamientos sociales, laborales y hasta culturales que relegan su participación en la toma de decisiones.
“Visibilizar la desigualdad de género en el acceso a la toma de decisiones es indispensable para el diseño de políticas públicas que promuevan la igualdad y da cuenta de la vulneración de derechos, pues deja en evidencia la distancia entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva que afecta a las mujeres”, indicó Magdalena Furtado, de ONU Mujeres Uruguay.
La lectura del informe deja en verdad un sabor amargo: se concluye que las desigualdades de género constituyen un rasgo estructural del Uruguay, existiendo “al menos cuatro nudos estructurales constitutivos de las relaciones desiguales de género: los patrones culturales, la desigualdad económica, la división sexual del trabajo y la concentración del poder”.
A su vez el informe enfatiza que la baja representación de las mujeres en los cargos de decisión y en espacios de conducción, relevantes para el desarrollo de la democracia (la academia, la conducción política, el diseño y la ejecución de políticas públicas y la conducción de organizaciones sociales) evidencia una persistente segregación vertical en el acceso al poder por parte de las mujeres, por ejemplo en relación a la escala jerárquica, a la que se suma una segregación horizontal –entre ocupaciones– “ya sea porque las mujeres acceden en menor medida a puestos de conducción como por las temáticas que conducen”.
La publicación, cuya autoría es de la politóloga Victoria Gadea con aportes de especialistas en el tema, analiza la situación de los ámbitos legislativo, ejecutivo, judicial, servicio diplomático, gobiernos subnacionales, empresas públicas, entes autónomos, servicios descentralizados, academia, empresas privadas, cooperativas, sindicatos y las cámaras empresariales. Ninguna de estas esferas de actividad escapa de la discriminación hacia las mujeres –y a favor de los hombres– en lugares claves para la toma de decisiones a pesar que ellas tienen niveles más altos de educación y suelen contar con mayor formación específica que los hombres para los cargos a los que aspiran.
El análisis hace notar que si bien Uruguay es reconocido por integrar la lista de las 23 democracias plenas, según el índice de The Economist a febrero de 2021, el indicador más bajo dentro del país se encuentra en el porcentaje de mujeres en el Poder Legislativo, lo que denota un problema para constituirse como una democracia representativa, de una población compuesta en un 48% por hombres y en un 52% por mujeres.
El caso del Poder Legislativo evidencia también la lentitud de los avances, dado que en un período de 20 años aumentó solamente un 15% los cargos de representación ocupados por mujeres en el Parlamento pasando de un 14% en 2000 a 29% en 2020.
Actualmente, por primera vez una mujer, Beatriz Argimón, fue electa para ocupar la Vicepresidencia de la República –Lucía Topolansky fue vicepresidenta pero por renuncia de su antecesor– aunque en el Poder Ejecutivo hubo un retroceso de la participación femenina a nivel ministerial pasando de 5 mujeres ministras entre 2015-2019 a dos en la actualidad. A su vez, existe una predominancia de hombres en cargos de conducción del Poder Ejecutivo incluso en aquellos lugares en cuya planilla predominan las mujeres como el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Salud Pública. Más aún, las mujeres embajadoras son solo el 9% del total de embajadores uruguayos en el mundo, en una clara evidencia de su dificultad para avanzar en la carrera diplomática.
Considerando los ámbitos laborales públicos es claro que, según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en la medida que aumenta la jerarquía disminuye la cantidad de mujeres, lo que evidencia la segregación vertical que enfrentan, tanto en los cargos definidos por confianza política como en los que se accede a partir de la carrera administrativa.
En el ámbito académico ocurre algo similar: las mujeres representan el 54% de los cargos docentes de UdelaR aunque se observa que a mayor grado, menor presencia (dentro de los Gº5 las mujeres representan únicamente el 34%).
A su vez, el lento protagonismo de las mujeres en los diferentes sindicatos de distintas ramas de actividad, así como el hecho que solo un 11% de las empresas de Uruguay tenga como máxima autoridad a una mujer o que ningún banco privado del país sea presidido por mujeres son otros claros síntomas de las dificultades que enfrentan para acceder a los cargos de decisión.
Aunque los tratados internacionales y los discursos social y públicamente compartidos reconocen que la participación plena e igualitaria de las mujeres es esencial para lograr la igualdad entre los géneros e impulsar el progreso hacia el desarrollo sostenible, lo cierto es que existen condicionamientos y muchas dificultades para el logro de avances concretos en las prácticas cotidianas.
¿Qué consecuencias tiene para la sociedad la supervivencia de prácticas y sesgos androcéntricos? ¿Cómo incide realmente el hecho de que las mujeres tengan menos posibilidad de ser electas, designadas, e incluso de llegar a altos cargos por concurso? Son preguntas que debemos contestarnos y constituyen el meollo de una reflexión necesaria porque, como bien señala el estudio que aquí se comenta, las democracias de calidad requieren de la participación paritaria de hombres y mujeres dado que se reconoce la igual contribución que las mujeres y los hombres realizan al desarrollo de las sociedades.
