A fines de marzo la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) presentó su Informe de Diagnóstico sobre el sistema previsional uruguayo a Presidencia y al Parlamento. El equipo de trabajo comenzó sus reuniones el 5 de noviembre de 2020 y este documento es la primera parte del mandato establecido en la Ley de Urgente Consideración (LUC). La comisión, conformada por 15 miembros, no llegó a un consenso en los resultados del informe, en tanto fue aprobado con los votos del oficialismo –Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía, partidos de la coalición en el gobierno y presidente de la comisión– y la representación empresarial. Los votos negativos provinieron del Pit Cnt, la Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y los tres representantes del Frente Amplio.
El director en representación de los pasivos en el directorio del BPS, Sixto Amaro, dijo a Pasividades que “se ha llegado a una primera conclusión. Es un diagnóstico y nosotros no estuvimos de acuerdo con el planteo del Poder Ejecutivo. Fuimos muy claros en los temas en que no tenemos coincidencia porque es un diagnóstico que no analiza el sistema como está planteado con las cajas bancaria, profesional, notarial, policial y militar”.
Explicó que “hemos planteado, sobre todo, el déficit de la caja militar que es alrededor de 500 millones de dólares anuales. En esa caja cobran unos 55.000 pasivos, de los cuales unos 10.000 perciben cifras muy elevadas. Esto tiene que estar incluido en la reforma del sistema. Sin embargo, ha sido soslayado”.
En forma paralela, la reforma plantea cambios en la edad para acceder a los beneficios jubilatorios. “Está muy bien que se discuta el nuevo mundo del trabajo, pero no hay un análisis del sistema y se hace un enfoque negativo de la gestión del BPS, que ha sido un auténtico prestador de seguridad social. Y si no, que lo diga el papel que ha jugado el banco en todo este tiempo de pandemia”.
Edad de retiro
El informe asegura que el gasto dedicado a la seguridad social, alcanzó el 11,1% del PBI en 2019 y “proyecta que esta cifra llegue a 13,5% en 2070”. Indica que la edad de retiro “no ha acompañado las ganancias en esperanza de vida y se ha mantenido estable en las últimas décadas”.
Amaro aclaró que no está de acuerdo con aumentar la edad para acceder a una jubilación. “Tenemos que discutir el tema de la edad, pero tiene que ir de la mano de la tasa de reemplazo. En Uruguay, el actual sistema es con 60 años de edad y 30 de aportados. Si el trabajador se retira con un 48 por ciento y como activo ganaba 30.000 pesos, al mes siguiente de jubilado pasará a cobrar 14.000”.
El director señaló que “estos temas deben discutirse. Es lo que hacen los países que se ponen como ejemplo de la seguridad social, como Suecia. Y si bien no son temas que nos involucran directamente hoy, sí lo hacemos en la defensa de un sistema de seguridad social que sea beneficioso para todos los uruguayos y tenga en cuenta a las nuevas generaciones”.
En tal sentido, aseguró que las próximas generaciones, “tendrán dificultades enormes para acceder a los derechos jubilatorios y mucho más, para concretar 30 años de trabajo aportados al BPS. Es necesaria una discusión que involucre a estas dos situaciones unidas y que ofrezca soluciones para que los próximos jubilados accedan a un beneficio digno”.
Hogares en pandemia
A medidos de este mes el directorio del BPS resolvió por unanimidad destinar 100.000 pesos para fortalecer las infraestructuras de 88 hogares de ancianos, sin fines de lucro, ubicados en todo el país. Los recursos se utilizarán para la compra de alcohol en gel, tapabocas o artículos de higiene.
“Es un aporte del BPS, sobre todo para aislarlos de la COVID-19. Son específicamente para los hogares que funcionan a través de comisiones honorarias. Porque hay una diferencia entre estas residencias y los residenciales que cobran una cuota por mes, de los cuales hay muchísimos que atienden muy bien a jubilados y pensionistas”.
En referencia a los aportes y beneficios que paga el BPS, Amaro sostuvo que “no hay dificultades desde el punto de vista financiero. Las pasividades, por ejemplo, se pagarán puntualmente de acuerdo al calendario de pagos aprobado a comienzos del año”.
viviendas
En la administración anterior, el Ministerio de Vivienda, la Intendencia de Paysandú y el BPS acordaron la construcción de una torre de 84 apartamentos para jubilados que perciben menos de 12.900 pesos en el terreno de la antigua Paylana, donde avanza la construcción de cooperativas de viviendas. La obra fue adjudicada en diciembre de 2019, pero aún no comenzaron los trabajos de edificación.
“Se rediscuten las políticas de vivienda del banco. La Comisión de Vivienda, en la que participábamos los representantes de los jubilados, no está funcionando. Sin embargo, hay representantes del Poder Ejecutivo que tienen a su cargo este tema y hasta ahora no hemos discutido ningún camino que nos lleve a solucionar ni la torre de los jubilados en el terreno de Paylana ni otros vinculados a la construcción de viviendas para pasivos”, dijo Amaro.
Reconoció que hay “retrasos que nos preocupan por lo que significa una vivienda para los jubilados. No es una dádiva, sino un derecho. Viendo en las condiciones en que viven algunos adultos mayores y ante la proximidad de un invierno y con la pandemia, sabemos de lo grave de la situación. Insistimos en que es una necesidad encontrar una solución habitacional para miles de jubilados”.
Reclamarán aumento adicional en julio
En enero las jubilaciones recibieron un incremento de 7,57% y el representante de los pasivos en el directorio del BPS, Sixto Amaro, señaló entonces la insuficiencia de la medida, en tanto repercute en el poder adquisitivo de este sector de la población. Desde hace una década, la representación plantea la necesidad de un aumento especial en julio para las jubilaciones y pensiones mínimas.
“Yo pregunto quién puede vivir con 14.000 pesos por mes y más si, en este caso, hablamos de un adulto mayor con su familia. Es insuficiente y por eso, reclamamos aumentos adicionales como se vienen haciendo desde hace diez años”. Amaro aclaró que el reclamo de dicho incremento, debe “estar en consideración con el aumento del costo de vida e inflación, que en julio estará entre 5 o 6 puntos”.
Explicó que, como ejemplo de esta realidad, es que “crecen las solicitudes de préstamos. Muchas veces, de acuerdo a la propia realidad, hace que un préstamos motive a la solicitud de otro y finalmente ingresan en una calesita, que es muy nocivo”. Amaro consignó que “con el ingreso de 14.000 pesos por mes, una persona no puede hacer frente a sus compromisos. Incluso aumentaron los préstamos que otorga el BPS a tasas más bajas”.
En 2020, el directorio del BPS promovió ante el Banco República, “la suspensión de los pagos de esos préstamos por 3 meses, pero con el paso de los meses, continuaron los pagos mensuales”. Actualmente la representación de los pasivos planteó una nueva prórroga, “pero el directorio señaló que se estudiará a futuro y aún no hay nada resuelto”.
Amaro informó que “seguramente también se analice en el futuro inmediato una propuesta que hicimos para que el BPS aporte, con los fondos que tiene producto de las ganancias que ofrece la AFAP República y que están en una cuenta bancaria, un aporte por única vez a las jubilaciones de menores ingresos”.
prestaciones
El director enumeró que el ente previsional paga “más de 700.000 prestaciones, son unas 450.000 jubilaciones y el resto, pensiones de sobrevivencia. Además de pensiones por discapacidad y a la vejez. Es decir, que hablamos de una población en el BPS de más de 750.000 familias”.
De acuerdo a Amaro, “más de 150.000 ganan unos 14.000 pesos. Por eso decimos que es una situación angustiante la que viven hombres y mujeres que han trabajado 30 años y más y que tienen derecho a vivir con dignidad”.