Mientras todavía se sigue esperando la dilucidación –que no pasará de asesoramiento y recomendaciones– del trabajo que encara la Comisión de Expertos en Seguridad Social designada por el Poder Ejecutivo para analizar la problemática en esta área, hay sectores que siguen aportando o por lo menos planteando sus inquietudes, en el entendido además, ya antes de contar con un resultado, de que no habrá soluciones mágicas ni nada que se le parezca.
Incluso hasta ahora no se ha llegado a consenso siquiera en el diagnóstico del sistema jubilatorio, y ello introduce una incógnita e incertidumbre respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio con cierto común denominador para estar mejor perfilados de cara a los desafíos que presenta el futuro a mediano y a largo plazo en este tema.
En este contexto, corresponde traer a colación las acciones que lleva adelante el denominado Movimiento en Defensa de la Seguridad Social –liderado notoriamente por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS)– cuyos integrantes se hicieron presente en las últimas horas en Paysandú a efectos de divulgar los alcances de su proyecto alternativo.
Por supuesto, hay diferencias en el abordaje desde la perspectiva, por lo menos, ya que por un lado estamos ante una comisión de expertos de varias disciplinas que trabaja en un diagnóstico y eventuales soluciones en este escenario, y por otro lado una mirada con notorio sesgo ideológico, que parte de un sindicato de trabajadores del sector involucrado y que por lo tanto defiende sus intereses, que son legítimos, pero que no necesariamente se asimilan al interés general, más allá del análisis de la propuesta en sí.
El grupo ha estado realizando un gira por el Interior, y de acuerdo a lo expresado por uno de sus voceros, la población y los legisladores no cuentan con la información necesaria para analizar el proyecto, y en este sentido “planteamos a los diputados en qué consiste nuestro proyecto y una de las devoluciones más importantes que nos llevamos es que no conocen sobre la temática. No hay información suficiente del proyecto y no están en condiciones de opinar, porque no conocen las intenciones de la reforma”.
Tras destacar que se sigue deliberando en la comisión integrada por el Poder Ejecutivo para poder llegar a un acuerdo, para que después se llegue a un decreto ley de reforma, indica que las diferencias tienen su principal razón en el tocar o no tocar la caja militar y la policial, donde se financian privilegios de sus afiliados, en tanto también el movimiento cuestiona la participación de las AFAP: “en estos días se han conocido documentos que apuntan a fortalecer ese pilar contributivo y no es para nada auspicioso el resultado que generaría para la clase trabajadora en función de la solidaridad que debe tener la seguridad social”, señalan.
Claro, cuando se pone el acento en la “clase trabajadora” para proponer un proyecto, por mejor intención que se tenga, ya se entra en un sesgo particular en una problemática que es mucho más vasta, por cuanto la seguridad social nos involucra a todos de una y otra forma, y se nutre además de los aportes de todo el tramado social, lo que implica obligaciones y derechos que deben compatibilizarse, más allá de “clases”, así como los conflictos y contradicciones que de una u otra forma se proyectan desde el sistema.
De ahí las grandes dificultades que implica el estudio para generar un proyecto que en mayor o menor medida atienda a todas las partes, y por supuesto, que resulte sostenible financieramente y no sea solo un sistema en teoría, plagado de buenas intenciones que no se pueden cumplir.
En su argumentación, también sostiene el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social que las AFAP tienen “el lugar que condenó al BPS a la mayor desfinanciación, dándole a la seguridad social y al aporte de los trabajadores el lucro en el sistema. Un lugar privatizador que desfinancia aún más al BPS, que es un ente estatal”.
El punto es que las propuestas con este énfasis parte nada menos que de quienes trabajan en este último organismo, y consecuentemente defienden también su ámbito de trabajo, porque se sienten amenazados por la presencia de las AFAP, mientras que una reforma debe contemplar a todas las partes, por lo que lejos de tomarse un proyecto como tal, es pertinente que se pueda trabajar con algunos de los insumos y tenerlos en cuenta a la hora de las decisiones, las que corresponden al sistema político en su conjunto y no a un sector directamente involucrado, por más legítimas que sean sus aspiraciones, por lo menos en los papeles.
Debe tenerse presente que en el intento de hacer sustentable el esquema de seguridad social para los desafíos que implica en los próximos años el financiar el sistema con los recursos siempre escasos que se generan en nuestra economía, y en ello ha venido trabajando el equipo de técnicos interdisciplinario y de distintas ideologías en procura de llegar a una propuesta de reforma que concite el mayor respaldo posible.
En un principio la comisión abordó una fase de compilación de información para pasar luego al diagnóstico y propuestas con vistas a llevar adelante una reforma que permita por lo menos superar áreas críticas que de acuerdo a la tendencia irán acentuando su impacto con el paso de los años.
Ahora, en el punto de cómo encarar una eventual reforma aparecen las diferencias, de acuerdo a los intereses de sectores y miradas ideológicas –a veces hasta fundamentalistas– que impiden conciliar puntos de vista, lo que explica sucesivas prórrogas en el plazo de entrega del informe del grupo de trabajo.
Por cierto, hay todavía mucho para discutir y tratar de acordar, cuando no hay ningún partido ni sector que tenga por sí solo la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que hay consenso en que las respuestas deben responder a un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema.
Y sobre todo, teniendo en cuenta nada menos que la edad de retiro, cuando Uruguay es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional, por lo que el desafío se potencia con el paso de los años, ante la tendencia demográfica.
