El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) convocó a sus socios en actividad y retiro para informar sobre el documento “Aportes a la Rendición de Cuentas”, presentado ante la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde efectuaron un análisis de los artículos de la mencionada rendición que definen aspectos del accionar policial.
“Estos puntos pueden afectar al trabajador policial en la parte administrativa de la carrera y varios aspectos ya fueron analizados a nivel nacional con asesores legales y economistas”, dijo el dirigente Alejandro Álvarez.
Explicó que “se logró dejar sin efecto el artículo 60. Decía que al familiar del policía con cobertura por el Fonasa, a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, no le iba a corresponder la atención en el Hospital Policial. Es decir, quedó como era antes”.
El sindicato no estaba de acuerdo con el artículo 53, sobre las eliminación de 150 cargos de operadores penitenciarios, con el fin de crear 107 cargos de oficiales. “Los recursos humanos son necesarios en los centros penitenciarios, porque se jubilan funcionarios y hay poco personal en las cárceles”.
Según Álvarez, “tampoco queda claro el artículo 67, donde el Ministerio del Interior plantea la inhabilitación que está dentro del estado policial. Eso hoy no existe en la Ley Orgánica Policial y ahora se modifica, con un agregado. Hay muchos trámites administrativos relacionados a actos de servicio que demoran. Eso puede tomarse como una inhabilitación, o no estar apto para la función por una resolución de las juntas médicas. Y ese es sólo un ejemplo”.
El dirigente relató que “también se modificó quién sanciona en las faltas graves. Hoy en día, pueden sancionar directores, jefes y el ministro. Pero el artículo amplía la aplicación de sanciones y todos los directores pueden hacerlo, e inclusive dar de baja a un funcionario. Esto puede afectar al trabajador en su trámite administrativo o proceso a aplicar en el sumario, que puede ser abreviado y dar lugar a que tomen medidas de antemano sin que el funcionario tenga derecho a un recurso o a las garantías del debido proceso”.
Salario y escalafón
El SUPU presentó una propuesta salarial referida a porcentajes, según el grado del funcionario, que “va de un 6% a 19% y de 75%, en el grado menor para lo que queda del quinquenio. Esperemos que se tenga en cuenta para un reajuste en el salario de los policías”.
El artículo 62 refiere al personal de apoyo. “Corresponde a profesionales y personal especializado que forma parte de un subescalafón que tiene la Policía, como por ejemplo funcionarios administrativos en las oficinas de Identificación Civil, médicos y abogados, así como enfermeros o electricistas. Este artículo detalla que se le asigne una tarea de apoyo básica a la policía ejecutiva”.
Explicó que “no quedan claras las condiciones laborales. Hace muchos años, por ejemplo, se convocaba a un abogado o un médico a prestar servicios en una dependencia policial y hay antecedentes de juicios laborales que iniciaron y ganaron”.
Álvarez señaló que “hay dos artículos que refieren a Bomberos, en uno establece el pase del escalafón a la Policía nacional. Pero nosotros vemos que se va a trancar la carrera del oficial bomberos, quien si bien hace tareas ejecutivas en los incendios, no genera la cantidad de puntos que un oficial en una comisaría”.
“Dato sensible”
Uno de los artículos más controvertidos de la rendición corresponde a la habilitación al Ministerio del Interior a acceder a los registros de autocultivadores y clubes cannábicos. El artículo 72 quita la calidad de “dato sensible” a las direcciones “de los autocultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis” (IRCCA) y “de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis”. En la modificación se establece que “serán de acceso por razones de seguridad pública al Ministerio del Interior”, a los fines de “la prevención de delitos, pudiendo en tales casos realizar inspecciones y controles regulares”. “Nosotros pensamos que el intercambio de información solo es necesario en el caso de un hecho grave o que afecte la seguridad pública, pero no así como está planteado”, dijo Álvarez.
