Mes: septiembre 2021

El título de este artículo es el lema elegido este año para el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, que fue justamente ayer, y con este motivo el Ministerio de Ambiente, desde el Observatorio Ambiental Nacional, OAN, presentó una serie de instrumentos de los que dispone para generar datos que reflejan la evolución de la calidad del aire en nuestro país. El ministro Adrián Peña, a través de su cuenta de Twitter recordó –además de publicar un vínculo a los contenidos del OAN– que “Desde este año está vigente el ‘Reglamento del Aire’. Hoy es el Día Internacional del Aire Limpio”.
La fecha, establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas, hace hincapié en los aspectos relacionados con la salud de la contaminación atmosférica, y este año en particular, en lo que refiere a la pandemia de la COVID-19.

“Este año reclamamos con especial énfasis aire saludable para todas las personas. Asimismo, la conversación retoma otros grandes problemas como el cambio climático, la salud humana y del planeta, así como la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Día sirve para hacer un llamamiento a la acción para aunar esfuerzos y reclamar aire limpio para todas las personas”, dice la publicación en la web de ONU, que convoca a usar la etiqueta digital #AireLimpioParaTodos.

La publicación es acompañada de algunos datos que dan cuenta de lo preocupante de este problema: “La contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas evitables de muertes y enfermedades en todo el mundo, responsable de aproximadamente 6,5 millones de muertes prematuras en todo el mundo (en 2016) atribuidas a la contaminación atmosférica en interiores y al aire libre”, expone. Agrega que en los países en desarrollo “este tipo de contaminación afecta de manera desproporcionada a las mujeres, los niños y los ancianos, y en particular a las poblaciones de bajos ingresos, que a menudo están expuestas a altos niveles de contaminación del aire en interiores y en espacios abiertos resultante de los métodos de cocina y calefacción que utilizan leña y queroseno”.

Como es de prever, el panorama a futuro no es alentador, “porque, si no se produce una intervención agresiva, el número de muertes causadas por la contaminación del aire en espacios abiertos va camino de aumentar en más de un 50 por ciento antes de 2050”.
La publicación menciona además que los problemas originados por la pérdida de calidad del aire se extienden también “sobre la economía, la productividad laboral, los costos de atención sanitaria y el turismo, entre otros”.

En cuanto a los instrumentos que presenta el Observatorio, por cierto que tienen mucho detalle y estadísticas, pero todo está presentado a un nivel eminentemente técnico, es decir, se requiere de la intervención de especialistas que “traduzcan” o “aterricen” esos datos que se generan y se ponen a disposición de la población en general. Sin esta mediación es difícil salir de esa página con una idea acabada de qué es lo que está pasando, más allá de constatar que alguno de los parámetros subió o bajó, sin poder tampoco interpretar qué quiere decir esa variación. Que se facilite no solo el acceso a los datos sino también a una evaluación de los mismos, es un debe para este Observatorio.

Lo que sí agrega en un cuadro al final es una serie de acciones que se puede tomar a nivel de la población para mejorar las condiciones del aire. Entre las recomendaciones aparecen: Transportarse más a pie o en bicicleta cuando sea posible; Fomentar la movilidad compartida; Apoyemos la renovación del parque automotor con bajas emisiones; Realizar mantenimiento a los vehículos; Evitar quemas a cielo abierto de restos de poda, hojas y/o pastizales, así como plásticos, cables, neumáticos o cualquier otro tipo de residuos; Utilizar leña seca para calefacción y/o cocción de alimentos; Optar por equipos de calefacción eficientes; Hacer mantenimiento a los equipos de calefacción; Apuntar al buen aislamiento térmico en las viviendas y Mantenerse informados de cómo podemos mejorar nuestros hábitos.

Da la impresión, en base a los informes que publicó ONU en la víspera que el país no está mal posicionado en el contexto internacional. De por sí, por las características de nuestra economía y la conocida baja densidad poblacional, el Uruguay no es propenso a tener inconvenientes con la calidad del aire, excepto por situaciones puntuales. Además, en relación a la población Uruguay cuenta con una gran cantidad de árboles que ofician de “filtros” de aire.
El nuevo reglamento (Decreto 135-021) obliga a los emprendimientos a realizar los monitoreos en el entorno, de hecho las plantas automáticas que aportan los datos que se presentan en el OAN han sido instaladas por emprendimientos privados en vistas de estas exigencias.

“Artículo 7° (Monitoreo). Sin perjuicio del monitoreo que se realice en el ámbito público para la evaluación de la calidad del aire ambiente, cuando la necesidad del monitoreo se relacione o pueda relacionarse con determinadas fuentes fijas, será de cargo del titular o responsable de cada una de esas fuentes, la instalación y seguimiento del monitoreo destinado a conocer la calidad del aire en su entorno, de conformidad con las pautas, metodologías y protocolos que establezca la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

En caso que se identifique más de una actividad que puede ser la causante de las emisiones contaminantes al aire en un mismo sitio o zona, la Dirección Nacional de Medio Ambiente podrá autorizar la realización de monitoreos conjuntos entre los involucrados”.

De hecho, en Paysandú en algún momento funcionaron hasta tres equipos que medían la calidad del aire, a cargo de la Intendencia Departamental, ubicados en puntos clave de la ciudad. Incluso uno de ellos estaba en Nuevo Paysandú, dado que en ese barrio se producían muchas quejas de los vecinos por las emisiones de la planta de portland de Ancap. No sería mala cosa que si estos equipos siguen operativos se comience a aportar la información que generen y que esta se haga pública a través del observatorio, o que, si es necesario, se actualicen, con aportes de los generadores de contaminación que se detecten, tal como se prevé en la norma.

Desde diciembre se encuentra a estudio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores el proyecto de reforma de la Ley de Usura, promovido por partidos menores de la coalición de gobierno, como es el caso del Partido de la Gente y de Cabildo Abierto, pero que es vista con buenos ojos por los otros partidos de gobierno y eventualmente desde el Frente Amplio, según se indica.
Al respecto, el diputado Daniel Peña, autor de la iniciativa, indicó al semanario La Mañana que “luego de que los bancos compraran la mayoría de las financieras, integraron las operaciones de venta de las mismas a su unidad de negocio. Eso hizo que la tasa media bancaria se elevara casi al triple y que por ende aumentara la tasa de usura, incrementándose los intereses a la gente”.
Amplió que “cuando nosotros convocamos al Banco Central del Uruguay (BCU) a la comisión para trabajar en esta iniciativa, le planteamos al presidente del organismo, Diego Labat, que nos parecía que la Ley de Usura no permitía que los bancos incluyeran dentro de su unidad de negocio los resultados de las financieras de su propiedad. Las autoridades del BCU comentaron que estaban de acuerdo con nuestra visión y que la ley era bastante clara al respecto”.
Aclaró el legislador que a raíz de este planteo, el BCU anunció a los bancos y las financieras que a partir de enero de 2022 no va a permitir más esta operativa, lo que determinará la imposibilidad de computarlo para el cálculo de la tasa media bancaria, “que es la madre de todos los males”, según el diputado Peña.
Reveló que por esta causa la baja en la tasa de interés va a estar en el entorno del 40 por ciento, nada menos, aunque los bancos privados y las financieras ya presentaron un recurso contra el decreto del Banco Central, mientras a su vez Peña tiene la expectativa de que su iniciativa pueda fusionarse con la de Cabildo Abierto sobre el mismo tema, para agilizar el tratamiento en comisión del Senado.
Los proyectos tienden a modificar la Ley de Usura y crear procedimientos para la reestructuración de la deuda de personas físicas, lo que a juicio de varios legisladores tiene vínculos directos con abusos en la aplicación de tasas de interés, que son exorbitantes, y que afecta a los segmentos más pobres de la población.
Otro de los defensores de la instrumentación de modificaciones a la normativa en vigencia es el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien manifestó al respecto que “se termina pagando intereses de ciento y pico por ciento en un país donde la inflación no llega a dos dígitos. O sea que no tiene gollete y se lo permiten hacer. Lo hacen financieras que dependen de los bancos principales, casi todas ellas. Esa usura termina con que el ciudadano no tiene formas de salir. Entra en una calesita de la cual no tiene salida”.
La iniciativa de Daniel Peña, del Partido de la Gente, procura dar lugar a una herramienta legal que sirva a los consumidores como protección de todo tipo de contratos de crédito, de manera que las “abusivas” tasas de interés no los lleven a un sobreendeudamiento.
La propuesta tiene por finalidad reformar y ampliar el alcance de la Ley de Usura, para así evitar la “muerte civil” de aquellos que acuden al crédito, “de la que difícilmente puedan salir, no por su falta de voluntad de pago, sino por la imposibilidad de pagar los adeudos luego de la aplicación descontrolada de los intereses”.
El legislador subrayó que “el objetivo que yo persigo con el proyecto es bajar la tasa de interés que pagan los uruguayos. Lo que nosotros consideramos es que el cálculo que hoy acepta el país, en base a lo que se cobra por interés, raya la usura. No solo eso, sino que la ley acepta como norma lo que se cobra, pero estamos convencidos de que eso es usura y que no se debería permitir”.
La regulación del sistema financiero es una inquietud que el diputado tiene desde hace largo tiempo, sobre todo, porque “el sistema se transformó en un oligopolio de cuatro o cinco bancos que terminan regulando todo el mercado financiero”. Según explicó, dichas entidades fueron las que compraron la mayoría de las financieras, por lo cual manejan no solo el crédito bancario, sino también la mayoría del préstamo al consumo.
Aseguró que ellas conforman una mesa de bancos donde prácticamente se negocia todo y se deja “presa” a gran parte de la población, más que nada, la de menos recursos y más necesitada.
“Es un sistema muy maquiavélico que armó el Frente Amplio, que fue la bancarización obligatoria, donde una persona que hoy se atrasa en alguna cuenta, entra al clearing y pasa a ser un muerto civil”, puntualizó. Para evitar llegar a ese punto, comentó que los consumidores van entrando en un mecanismo que termina siendo muy injusto porque, en definitiva, quienes menos tienen son quienes terminan pagando más.
Esto significa que acceden con el salario al crédito bancario, pero después, ante cualquier atraso, ingresan a financieras donde la ley hoy permite que haya hasta un 240% de interés anual en pesos en créditos al consumo.
Asimismo, el legislador calificó esa ganancia como “totalmente extralimitada” y “fuera de lo normal”, sobre todo, si se considera que la inflación actual del país es del orden del 10%. “Si el Estado permite esto, directamente estamos avalando el robo a mano armada a la gente que más necesita”, lamentó.
Incluso reveló que “miles de usuarios nos cuentan constantemente que reciben llamadas telefónicas de estudios de abogados que a través de mentiras, intentan cobrarles de todos los modos posibles, diciéndoles cosas inciertas y fuera de lugar, aprovechándose de una posición dominante y acosando gente que en muchos casos termina muy mal”.
Igualmente, debe considerarse que la diferencia entre porcentajes de inflación y las tasas que se cobran no es tan lineal, por cuanto hay costos financieros muy significativos que dispone la ley y que se incrementaron durante los gobiernos del Frente Amplio, incluyendo encajes en el Banco Central, tributación y costos aumentados por componentes de riesgo de los créditos que debe asumir quienes están en el sistema, que hace precisamente que los buenos pagadores tengan mayores costos para que las entidades se cubran de los márgenes normales de morosidad.
Por otra parte, los intereses exorbitantes no sólo se ven en los préstamos al consumo de las financieras, también son aplicados a la totalidad de las tarjetas de crédito sobre el saldo pendiente de pago.
En este contexto el planteo principal de este proyecto de ley es “atar” la tasa de usura a la inflación, porque “no podemos tener una inflación de un dígito con tasas del 200%; necesitamos bajar la tasa máxima permitida que el Uruguay tiene aprobada legalmente, tiene que ser reducida drásticamente”, destacó Peña.
Lo que es de recibo, además, hasta por el viejo dicho de no matar la gallina de los huevos de oro: el objetivo no debería ser “exterminar” al deudor en su vida financiera, sino darle aire para que pueda pagar sin atosigarlo con los intereses y costos sobre costos que hacen que la deuda resulte impagable.
Ese debería ser el aspecto a contemplar en una norma de sentido común sobre la usura, con acuerdos en el marco de un equilibrio imprescindible que tenga en cuenta todo el amplio espectro del escenario, para no generar distorsiones, para que no pagar no resulte un buen negocio y que no lo subsidien los buenos pagadores del sistema.