El sentido común indica que más allá de los reparos y reticencias de determinados grupos, incluso los que se regodean en delirios conspiranoicos contra la humanidad, las personas de grupos de riesgo tienen mucho más para ganar que para perder si se vacunan contra el COVID-19, –las estadísticas sobre muertes a nivel global son contundentes en este sentido– pero también está de por medio el factor de riesgo del contagio por aquellos que por su trabajo o actividad profesional, en caso de enfermarse, se convierten en difusores masivos del virus ante el contacto directo con la población.
Por supuesto, en primera línea se encuentran los funcionarios del sector de la salud, pero lamentablemente incluso en estos grupos hubo –hay todavía– quienes consideran que están por encima del bien y del mal, y se niegan a vacunarse, aunque por esta actitud pongan en riesgo la salud de sus semejantes.
Acerca de esta problemática, el director general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Dr. Miguel Asqueta, evaluó que “hoy el plan es seguir fortaleciendo la campaña de vacunación y llegar a las personas que han decidido no vacunarse aún”.
Según indicó el jerarca a El País, desde hace meses el Uruguay está entre los primeros países del mundo en cobertura de vacunación contra el COVID-19, con muy buenos números, pero consideró que quienes no se han vacunado en su mayoría lo han hecho por decisión propia, por convicción, y no por problemas de accesibilidad, por cuanto todo aquel que tenga la voluntad de inocularse lo ha podido hacer.
En el caso concreto del personal de la salud, precisamente, según datos del MSP, “hay instituciones de salud grandes donde hasta un 5 por ciento del personal decide no vacunarse. Incluso yo he dialogado sobre esto con algunos y, aunque suene petulante decirlo, hasta ahora ninguno nos ha ganado la discusión. Conozco personas que trabajan en la salud que saben de medicina y ciencia que han discutido el hecho de que estas vacunas fueron aprobadas para uso de emergencia. Eso es simplemente no saber de qué se habla, porque no es más que un término técnico para la aprobación. Es sabido que la investigación de esa vacuna se hizo en todas las fases correspondientes y las vacunas que nosotros dimos cumplieron con todo. El uso de emergencia asustó a algunas personas cuando era un término técnico y normativo de los países”.
Acerca de si la vacunación contra el COVID-19 debería ser obligatoria para estas personas evaluó el jerarca del MSP que “creo que en esos casos es una obligación moral, ética, y de quien tiene el saber científico y el accionar técnico. Sobre todo porque pueden estar expuestas y hacer que un paciente se contagie. Más allá de una persona que va a la consulta porque le duele una rodilla, también hay que pensar en un paciente con una enfermedad respiratoria que al ser contagiado de COVID-19 puede empeorar mucho su cuadro. Por eso la ética, el saber científico, y como se maneja la praxis en la salud debe tener una única manera de conducirse y de leerse, que para mí es esa. Si no se cumplen los preceptos éticos y técnicamente no se hace lo debido, estas personas no deberían llamarse profesionales, uno no es muy profesional si no se vacuna”.
Tan contundente como cierto, solo que no se trata solo de no ser profesional, sino que la responsabilidad en esta problemática se potencia al tratarse de un virus de muy alta transmisibilidad y del gravísimo riesgo que implica contraerlo en una institución de salud, a la que asisten personas a menudo con problemas del sistema inmulogógico disminuido y múltiples afecciones de alto riesgo.
Es decir, que la convicción personal de desconfianza hacia la vacuna –con un fundamento altamente cuestionable– se antepone en estos casos ante la profesión y los deberes inherentes a sus funciones, además de una falta de solidaridad manifiesta al hacer primar su parecer individual sobre todo lo demás.
Felizmente, el grueso de la población –hasta ahora entre un 70 y un 80 por ciento– ha tenido una disposición a asumir los “riesgos” –mínimos, por cierto– de inocularse en esta campaña, ante el bien mayor de contribuir a contener la expansión del virus, y con ello no solo ha actuado en defensa individual y de sus seres queridos, sino del prójimo, al ir estableciendo una barrera de contención para la expansión del virus y/o reducir los riesgos de tener que ser ingresado al CTI para tratar de salvarlo, como está debidamente probado. Por cierto, poniéndonos en un ejercicio contrafáctico, no cuesta mucho imaginarse lo que hubiera sido del Uruguay y de la enorme mayoría de los países del mundo si se hubiese extendido este rechazo a vacunarse por mil y una teorías absurdas: hoy estaríamos en el país con decenas de miles de muertos, la gran mayoría de la población contagiada y con la economía en derrumbe, en medio de un caos global de imprevisibles consecuencias.
Y si bien vacunarse no asegura en un cien por ciento que no se contraerá el virus, las posibilidades de contagiarse sí disminuyen sustancialmente en caso de contar con las dos dosis, y mucho más aún de sufrir consecuencias graves, incluso la muerte.
Viene al caso traer a colación el informe que indica que las personas que no están vacunadas contra la COVID-19 tienen once veces más probabilidades que los que sí lo están de morir por la enfermedad, según un estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés).
El estudio estuvo basado en el análisis de más de 600.000 casos de COVID-19 en Estados Unidos, anunció la directora de los CDC, Rochelle Walensky. “Los que no estaban vacunados tenían unas cuatro veces y media más probabilidades de contraer COVID-19, más de diez veces más probabilidades de ser hospitalizados y once veces más probabilidades de morir por la enfermedad”, explicó Walensky; datos incontrastables y concisos, no rumores pseudo científicos.
Consideró que la investigación “ofrece todavía más pruebas del poder de la vacunación” contra la COVID-19, en un momento en el que más del 20 de la población estadounidense que cumple los requisitos para vacunarse se resiste todavía a hacerlo.
Argumentos valederos si los hay, que son absolutamente de recibo cuando todavía la epidemia no ha sido derrotada y deben seguirse aplicando los protocolos, los aforos, las restricciones en la circulación entre países, sobre todo cuando se avecina una nueva temporada turística con reapertura de puentes, y debemos seguir cuidándonos entre todos para que la pandemia no recrudezca.
Y si estamos mejor preparados que hace un año para este escenario, es porque la gran mayoría de los uruguayos hemos asumido nuestra responsabilidad, individual y colectiva, para no dejarnos llevar por los agoreros antivacunas, como si la humanidad no tuviera una larga historia de enfermedades erradicadas por esta vía.
Felizmente estamos generando una barrera de contención contra la COVID-19, para beneficio de los que se han vacunado pero también para los que se han negado a hacerlo y no quieren reconocer esta realidad. Allá ellos.
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El Ministerio de Salud Pública (MSP) flexibilizó el protocolo para las visitas de familiares a los establecimientos de larga estadía de personas mayores (Elepem). Sin embargo, en los hogares donde existan casos sospechosos o positivos de COVID-19, suspenderán la concurrencia de familiares. Las situaciones excepcionales responderán a pacientes terminales o personas con deterioro cognitivo que cursan una etapa de descompensación de conducta. En este caso, el MSP indica el ingreso a familiares con agenda previa y equipo completo de protección. Es decir, tapaboca y sobre túnicas.