En los últimos días la opinión pública internacional se ha visto sacudida por la divulgación, a través de Internet, de documentos denominados Pandora Papers y que, de acuerdo con el sitio web BBC Mundo, “son una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de los líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC y han dado lugar a una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del planeta. El programa de investigación de la BBC Panorama y The Guardian dirigieron la investigación en Reino Unido”.
Según BBC Mundo, “un paraíso fiscal es un territorio que ofrece a individuos y empresas extranjeras poca o ninguna carga tributaria en un entorno estable política y económicamente. Eso lo suelen combinar con que proporcionan poca o ninguna información financiera a las autoridades fiscales extranjeras. (…) Los individuos y las empresas que no tienen su residencia en un paraíso fiscal pueden tomar ventaja de los regímenes de estos países para evitar el pago de impuestos en sus países de origen. Y en ese momento es cuando se convertiría en una operación ilegal, porque los países de residencia van a exigir que sean declaradas las cuentas o empresas offshore que registraron movimientos o ganancias en el extranjero, según explican los expertos. (…)”.
De acuerdo con los expertos consultados por BBC Mundo, “es perfectamente legal que una persona posea una empresa en el extranjero que simplemente mantiene cuentas bancarias. Lo que es ilegal es tener cualquiera de estos tipos de cuentas o empresas en paraísos fiscales o en el extranjero en general sin informar a las autoridades del país de su país de residencia sobre las mismas”.
La lista de políticos, deportistas y empresarios que han usado la operativa offshore es larga e incluye nombres muy conocidos, como los artistas Shakira, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Luis Miguel, Chayanne, Elton John, Ringo Starr, la supermodelo Claudia Schiffer, los futbolistas uruguayos Diego Godín y Luis Suárez; y políticos como el ex primer ministro Tony Blair, el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el rey de Jordania, Abdalá II bin Al Hussein, así como el presidente de Chile Sebastián Piñera, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso y el presidente de República Dominica Luis Abinader, entre otras figuras de notoriedad. En efecto, tal como lo señala la periodista Mónica Mena Roa “Europa y Latinoamérica no están exentas del escándalo. Ucrania, en Europa del Este, es el país más afectado, con 38 políticos, seguido de Rusia, con 19. Reino Unido (9) y España (5) son las otras dos naciones europeas con más políticos nombrados en la publicación. En América Latina, Colombia y Honduras son los países con más políticos incluidos, con 11 cada uno. Tres presidentes y 11 expresidentes de países de América Latina figuran en los Pandora Papers”.
Muchos países combaten este tipo de prácticas a través de normas de diferente alcance, tal como sucede con la denominada FATCA. De acuerdo con la institución bancaria Scotiabank, “la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA, por sus siglas en inglés) fue promulgada como ley en los Estados Unidos de América en marzo del 2010. Su intención es prevenir que los contribuyentes estadounidenses utilicen cuentas financieras fuera de los EE.UU. con el fin de evadir impuestos. De acuerdo con FATCA, y en algunos países, con regulaciones locales vinculadas a FATCA, se requerirá a las instituciones financieras reportar, anualmente, ciertas cuentas que contribuyentes estadounidenses mantengan fuera de los EE.UU. Estos reportes serán puestos a disposición del Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés), ya sea directamente, o a través de organismos de regulación locales”.
Lo cierto es que durante años, especialmente luego del ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, varios países y organizaciones internacionales han prevenido, perseguido y castigado el lavado de dinero realizado con recursos provenientes de actividades ilegales tales como el narcotráfico, el terrorismo o la evasión de impuestos, por citar algunos ejemplos. Los países e instituciones privadas que no han colaborado con esa lucha han quedado aisladas y enfrentan serios problemas de credibilidad en el mundo financiero internacional pero también ante autoridades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, etc. Hoy por hoy cualquier institución financiera antes de recibir un depósito o transferencia de un nuevo cliente (e incluso de un cliente ya existente si esa operación no guarda relación con su actividad, nivel de ingresos e historial de operaciones) quiere conocer cuál es el origen de esos fondos y porque tiene por destino la cuenta de esa persona o empresa.
La tendencia mundial es tal que, aún cuando el uso de esas cuentas o sociedades offshore sea debidamente declarado a las autoridades tributarias y por ende constituyan operaciones legales, la voracidad estatal para cubrir los pagos por deuda externa o el financiamiento de los sistemas de seguridad social, hace que las mismas sean catalogadas como “planificación fiscal agresiva” si son llevadas a cabo por grandes empresas multinacionales al entender que constituyen una amenaza de daño (o un daño real) para las cuentas públicas de diversos países.
Esa desesperada búsqueda por recursos ha llevado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a anunciar, el 8 de octubre del presente año, la concreción de un acuerdo histórico que supone una profunda reforma del sistema fiscal internacional y que las empresas multinacionales estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15% a partir de 2023. De acuerdo con la OCDE, “el acuerdo histórico alcanzado por 136 países y jurisdicciones, que representan más del 90% del PBI mundial, también reasignará más de 125.000 millones de dólares estadounidenses de beneficios procedentes de alrededor de las 100 mayores y más rentables empresas multinacionales a países de todo el mundo, lo que asegurará que dichas empresas paguen la parte equitativa de impuestos que les corresponda, con independencia de donde lleven a cabo sus actividades y generen los beneficios”.
De la información divulgada a través de los Pandora Papers resulta paradójico que muchos políticos que publicitan a sus países como lugares seguros y convenientes para radicar inversiones tengan su dinero personal en cuentas bancarias en el extranjero o adquieran bienes (incluso en sus propios países) a través de sociedades de paraísos fiscales. Es sumamente censurable que esos servidores públicos utilicen esos mecanismos offshore para evitar o disminuir el peso de los impuestos que deben abonar legalmente, ya que violentan las importantes responsabilidades de gobierno que tienen a su cargo y terminan “borrando con el codo lo que escribieron con la mano”, al tiempo que constituyen un pésimo ejemplo para sus conciudadanos, generando un descrédito en la actividad política que termina por dañar la democracia como sistema de gobierno.