Tras más de un año de encierro por la pandemia de COVID-19 el mundo finalmente está volviendo a abrirse, gracias al efecto de las vacunas que han permitido reducir los casos drásticamente y, lo que es más importante, las internaciones en los centros de cuidados intensivos que se requerían en un alto porcentaje, muchas de los cuales terminaban con el fallecimiento del paciente.
Este cambio drástico en la situación de la pandemia posibilita la distensión de la medidas, por cuanto desde un principio quedó claro que el problema con la COVID-19 no era la tasa de mortalidad de la enfermedad, que es menor al 3% –muy baja en comparación con otras enfermedades a las cuales sin embargo no se las considera peligrosas–, sino su alto índice de contagio, por la cual millones de personas enfermaban al mismo tiempo, de las cuales un 19% requerían cuidados especiales y una tercera parte de esas no sobrevivirían. La abrumadora expansión del virus provocó la saturación de los centros de salud, principalmente de las salas de cuidados intensivos, obligando en algunos países –incluso en el primer mundo— a atender pacientes en los pasillos, llegando a extremos en que hubo que decidir quién moría sin atención y quién la recibiría.
Por otra parte, muchos de los pacientes que lograban superaban la enfermedad tras un episodio crítico quedaban con secuelas gravísimas de por vida, con afectaciones a órganos vitales como los pulmones, los riñones o el corazón.
Todo esto cambió drásticamente con la llegada de las vacunas, que en pocos meses revirtieron la situación al punto que se han cerrado los CTI que se habían ampliado para atender la pandemia, y por ejemplo en Uruguay de más de 700 camas ocupadas en plena crisis hoy apenas hay 16 pacientes en estado crítico por COVID-19 en todo el país. En tanto, la cantidad de decesos diarios que se ubicaba en 60 o más por día, ahora son entre cero y 5 pacientes.
Con todo esto, cabe preguntarse hasta cuándo seguiremos con medidas de prevención restrictivas, que de una u otra forma afectan a la sociedad, a nuestra gente. Es cierto que desde hace ya varios meses Uruguay ha venido distendiendo los protocolos y los controles son menos rigurosos, pero aún queda bastante para volver a la normalidad “normal” de antes de la pandemia.
Entre esas medidas de distensión está la apertura de fronteras que Uruguay mantenía cerradas al turismo. Es así que cualquier ciudadano extranjero puede entrar a Uruguay en régimen de visita, ya sea por turismo, trabajo, estudios o lo que sea –dentro de la legalidad, obviamente–, con la única diferencia respecto a los tiempos prepandemia que quienes deseen ingresar deben contar con las vacunas contra el COVID-19, presentar un PCR –con validez por 72 horas– y contar con un seguro de salud que cubra la totalidad de la atención médica y tratamientos en caso contraer COVID-19 y necesitarlo. Lamentablemente Argentina, a la cual estamos unidos por tres puentes, aún no permite libre ingreso de personas por todos los pasos de frontera, y aunque el gobernador entrerriano Gustavo Bordet ha manifestado en diversas ocasiones que ya estaban las condiciones dadas para la inminente apertura, el gobierno de Alberto Fernández sólo liberó parcialmente el puente de Salto Grande por vía terrestre. Por otra parte, para ingresar al vecino país –independientemente de qué paso de frontera o vía se utilice– también se debe contar con las vacunas, el PCR vigente y el seguro de salud COVID-19.
Esta situación provoca gran angustia para muchas familias que quedaron divididas por el cierre de fronteras, por cuanto desde los inicios de nuestras naciones los vínculos binacionales son muy fuertes y no saben de límites políticos. Son muchos los sanduceros que se establecieron del otro lado del río y frecuentaban su familia en Paysandú, y lo mismo pasaba con gente de Colón, Concepción del Uruguay, San José o Villa Elisa que se radicaron en nuestra ciudad, en el marco de la natural integración social y cultural que nos une con Entre Ríos. Pero desde hace un año y medio todos ellos quedaron aislados de su gente que vive en la otra orilla, y en todo este tiempo muchos de ellos no han podido verse las caras, perdiéndose momentos importantes para la vida social, algunos de ellos muy duros como la despedida de un familiar o amigo fallecido y otros no menos trascendentes, como casamientos, divorcios, cumpleaños, nacimientos, etcétera.
Es cierto que unos pocos que contaron con los recursos económicos como para poder hacer el viaje por Buquebus o cruzando por Fray Bentos por ejemplo, no dudaron en hacer el viaje más largo y venir a Uruguay o ir a la Argentina; basta recordar el caso del edil sanducero que intempestivamente apareció en una discoteca de Colón en pleno pico de la pandemia. Eso da la pauta de que con una motivación fuerte siempre se pudo ir y venir, no estuvo cerrado completamente el tránsito internacional, aún en la peor de las situaciones.
De todas formas, la realidad actual dista mucho de lo que fueron los primeros meses de 2021, aunque la pandemia continúa y por ejemplo Europa sufre un nuevo embate el COVID-19. Pero también es cierto que actualmente la mortalidad es 10 veces menor que a principios de año gracias a la vacunación.
Por todos estos motivos es de recibo el reclamo de los “grupos Puente Salto-Concordia y Colón-Paysandú”, como se autodenominan los familiares de ambas orillas que exigen la apertura inmediata de los pasos de frontera con Entre Ríos.
En eso estamos de acuerdo en un 100%: Argentina debe abrir los puentes de inmediato, en primer lugar porque los uruguayos no somos una amenaza para la salud de ese país, porque la situación actual en Uruguay es mejor que en Argentina. Con toda la movilidad interna que tiene el vecino país gracias a la distensión de los protocolos impuestos por el gobierno de los Fernández, no tiene sentido alguno que mantenga cerrada la frontera con Uruguay.
Pero además de la libre circulación, los grupos de familiares también solicitan un par de cosas más: que no sea exija el test de PCR ni el seguro COVID. Y aquí es donde hay matices.
Porque, como decimos, la pandemia continúa y por ejemplo en Inglaterra en este momento se están detectando casi 30.000 casos diarios, con 130 fallecimientos por día. Eso es suficiente argumento para continuar con los cuidados. Y si bien la exigencia del PCR puede ser excesiva, el seguro COVID en cambio parece muy adecuado, por cuanto quienes solicitan que se revierta esta medida justamente argumentan motivos económicos, lo cual pone en evidencia que no estarían en condiciones de enfrentar los gastos en salud si tuviesen la mala suerte de manifestar los síntomas de COVID-19 durante la estadía en nuestro país. Cabe recordar que en el extremo en que se necesite una internación en CTI, los costos ascienden a varios miles de dólares diarios.
Por otra parte, los argumentos de que en la frontera seca con Brasil no se exigen tales medidas no son de recibo, porque las ciudades que se ponen como ejemplo no son exactamente “espejo” sino que en los hechos son binacionales, con una frontera urbana y territorial imposible de controlar, a menos que se pretenda emular el “Muro de Berlín” del COVID. Por eso es que en esos departamentos la frontera real con Uruguay está varios kilómetros dentro de nuestro territorio, donde sí se debe presentar PCR y seguro para pasar.
Corresponde entonces exigir la apertura de los puentes, porque la situación sanitaria de ambos lados de la frontera es buena y está controlada, pero deben mantenerse ciertos controles para evitar volver a caer en desgracias y que quienes viajen se aseguren de contar con el respaldo para afrontar el tratamiento correspondiente ante un eventual caso de enfermedad.
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