La directora de la Agencia Nacional de Vivienda en representación del Frente Amplio, Verónica Dodera, dijo que las modificaciones que se realizaron en este gobierno a la reglamentación de la Ley de Vivienda Promovida (Ley N° 18.795) mejoraron el negocio, pero no han traído mejoras que faciliten el acceso a la vivienda, para alquiler o compra.
Durante una reciente visita a Paysandú, la arquitecta Dodera dijo que ha sido crítica sobre este tema, por las flexibilidades que, reconoce, han atraído inversiones, pero que no aportó soluciones al problema de la vivienda.
La ley otorga beneficios para la construcción de viviendas. “No se le da dinero al inversor, pero sí se le dan créditos fiscales, que hace que si a todo, materiales a importaciones, le saco el IVA, y a eso le agrego que además como es para vivienda, en las transacciones tengo exoneraciones de IRPF, compra venta y hasta por diez años, se genere un combo interesante”, dijo.
“Sentíamos que era interesante si se pensaba que era una vivienda que iba a salir más económica, que se podría decir en qué lugar se construía, que se topeaban los metros cuadrados y también los precios. También en algunos casos el ministerio se quedaba con alguna para ofertar de forma pública”, agregó. Sin embargo el proyecto tuvo muchas modificaciones.
“Fue como un debate, que estuvo en discusión, siempre tratando de mejorar, porque se entendió en el proceso que no llegaba a la población objetivo”.
Pero además la norma, a través del decreto reglamentario de abril del 2020, tuvo otros cambios en su aplicación que, a juicio de Dodera mejoró el negocio para los inversores. “Se sacaron todos los topes, topes de ubicación, topes de mucha cosa, entre otras por ejemplo los monoambientes no eran considerados vivienda y no estaban exonerados; los monoambientes sí pasaron a estar exonerados. Todo lo que se llama amenities, todo lo que es espacios comunes que hacen ahora los proyectos estos, tampoco estaban exonerados, y pasaron a estar exonerados”, planteó.
También se redujeron las limitaciones. “Este gobierno manifiesta que gracias a que se sacaron se aumentó mucho la construcción, y sin dudas. Nosotros no lo compartimos, porque en realidad si hacemos un estudio de mercado, habrán habido más presentación de interesados en construir, ya que van a ganar más, aumentó el margen de ganancia, seguro, pero entonces no lo vemos reflejado en el costo de la vivienda, ni para alquilar ni para comprar”, afirmó.
“El impacto que tiene es que están invirtiendo mucho algunos extranjeros a través de sociedades o de fideicomisos que se crean. Está interesante que el primer inversor, que es el que hace el proyecto, después consiga otro, que son los que sostienen la cadena. Si será bueno que algunos están ofreciendo que tú compres y te garantizan dos años de alquiler, aunque no lo alquiles. O sea, evidentemente que el rédito de inversión del recurso dinero es muy alto, pero a la gente no llega igual”, puntualizó.
“Nosotros somos críticos, fuimos antes y ahora más, porque estas cosas que cambiaron evidentemente perjudicaron un poco más al otro, al que se supone podría acceder. Es una ley de vivienda, no exoneraba otros destinos, como puede ser garaje, o los amenities”, insistió.
PROYECTOS
Por otra parte Dodera también señaló que los intermediarios, los promotores inmobiliarios, crean proyectos irreales, en el sentido de que consiguen beneficios estatales y después salen a buscar un inversor.
“Si yo consigo que me digan que en este suelo se puede construir eso, que además me dan diferentes reglas desde la ordenanza municipal, si consigo la habilitación, después puedo salir a conseguir al inversor”, dijo a EL TELEGRAFO. “Siempre nos queda la duda si es el inversor el que está pidiendo, o si, cuando tengo un suelo aprobado, negocio. Hay mucha gente que se dedica a eso. No está bien, no está mal. Los promotores, con un suelo con todo este combo ya aprobado, después pueden decir acá tenés un lugar donde poder venir a invertir”, agregó.
Así, bajo esta modalidad, hay varios proyectos, planteados en importantes superficies, que están en discusión en varios departamentos.
“La academia tiene una mirada, los gobiernos departamentales sienten que viene un inversor que va a generar fuentes de trabajo y hacen algunas excepciones, que supongo yo que tienen un costo a redituar a las administraciones”, señaló la directora.
“Hay mucho escrito sobre eso, hay mucho sobre por qué al privado sí (se le otorgan) algunos derechos, y a su vez también muchas veces se hace sobre proyectos que en realidad no son reales”, indicó.
Advirtió que hay “que defender el resto en la ciudad y que saber que por algo se van construyendo de alguna manera, creciendo. Hay mucho escrito y creo que ha sido un avance el tema de que se haya podido tener una ley de ordenamiento, que todas las intendencias generaran sus propios insumos con convenio con Dinot y con recursos técnicos. Esos cambios deberán pensaste también con la gente, con la ciudad, con todos los actores, pero creo que es un poco por ahí que vendría, que de haber, que sea consensuado”, afirmó.
