Los gastos inherentes a la construcción del Antel Arena durante la administración del organismo por la actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dio lugar hace pocas horas a una instancia de interpelación parlamentaria al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, pero tuvo en esta oportunidad el hecho peculiar de que fue promovida por el oficialismo, al que responde el secretario de Estado, en lugar de la oposición, como ha sido la constante en nuestra historia parlamentaria.
Por regla general, sobre todo desde la reinstauración de la democracia en 1985, las interpelaciones han pasado a ser un ámbito de denuncia, reclamo de información sobre situaciones consideradas reñidas con la ética o con visos de delito, y a veces para requerir más datos sobre episodios o presuntas maniobras que podrían ser cuestionables desde el punto de vista de la ética y/o eventualmente lindar con escenarios marcados por la ilegalidad.
El punto es que también por regla general, las interpelaciones suelen tener resultados por anticipado, cuando hay mayorías regimentadas, y las evidencias y datos que se manejen por los interpelantes suelen ser desechados por el oficialismo, más allá de la contundencia o no de los planteos, porque el Parlamento es un ámbito político y de lo que se trata es de cómo se transmite lo que ha ocurrido en el recinto hacia la opinión pública.
Pero lo ocurrido en la oportunidad que nos ocupa es distinta: la interpelación fue promovida por el oficialismo hacia un ministro de la propia coalición de gobierno, con el objetivo de que éste diera a conocer detalles que se mantuvieron en secreto respecto al proceso de construcción del Antel Arena, un complejo deportivo construido en y para Montevideo por Antel, –en aquel entonces presidido por Carolina Cosse– pero con el dinero de todos los uruguayos, como hemos señalado en más de una oportunidad desde estas páginas.
Este último componente no fue el elemento central en la interpelación desarrollada en la Cámara de Senadores, donde se han volcado argumentos desde todos los ángulos, pero no desde donde miramos fundamentalmente el tema… Desde el Interior: es una obra faraónica más que ha sido promovida y concretada por el centralismo capitalino, en este caso por el Frente Amplio, a costa de postergar inversiones que mucho necesita el Interior en cuanto a una verdadera mejora de servicios del organismo.
Incluso en el ámbito parlamentario el actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, recordó en la interpelación que de acuerdo a los términos de la construcción, la obra pasará al dominio de la Intendencia capitalina tras tres décadas desde su construcción, es decir dentro de 27 años.
El argumento central del llamado a sala empero ha sido el de la falta de información sobre todas las instancias del proceso de construcción, habida cuenta de que la obra pasó de los 43 millones de dólares anunciados en su momento por la expresidenta del organismo a los más de 100 que se debieron volcar para poder concretarla, en tanto había todavía una serie de detalles de la construcción que no habían sido revelados por las autoridades anteriores y que resolvieron que no debían revelarse antes de los diez años de haberse concretado el emprendimiento.
Los legisladores del Frente Amplio, en cambio, denunciaron que esta convocatoria no era más que un “circo” político y resolvieron no comparecer en el parlamento para defender la gestión de la intendenta de Montevideo al frente del organismo estatal de las telecomunicaciones, lo que por supuesto es un arma de doble filo, porque más allá de no contar con la mayoría, hubiera sido oportuno escuchar las respuestas y argumentos de la izquierda respecto a la obra y justificar el secretismo que ha rodeado toda información al respecto.
El punto central fue que en espacio de pocas horas, luego de repasar las pérdidas que tuvo la obra –un sobrecosto de U$S 63 millones; un 140% más caro–, las irregularidades en el proceso de inversión y ejecución del emprendimiento encontradas por la auditoría que encargó Antel a la consultora Ecovis, y el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública –que entre otras cosas definió que hubo “violación a principios y normas de conducta”–, el senador Jorge Gandini acusó al FA directamente de haber cometido “corrupción” y el actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, reveló hechos que debilitaron argumentos de peso usados por el FA para defender la legalidad de la construcción del Antel Arena.
La referencia a la ausencia de la oposición fue una constante en las intervenciones del interpelante. En una conferencia de prensa que el FA hizo en paralelo a la sesión de la Cámara Alta, el senador frenteamplista Oscar Andrade comunicó que la decisión de no concurrir a sala se había tomado para expresar su “rechazo a la mala utilización de las instancias legislativas” y a que, en última instancia, “la actividad tiene un solo objetivo que no es la defensa de Antel”, sino directamente “atacar a Carolina Cosse”. Eso había sido en directa referencia a declaraciones de Gandini acerca de que la impulsora principal del Antel Arena durante su gestión al frente de Antel (2010-2015) –actual intendenta de Montevideo– no tenía “quien la defienda”.
Gandini subrayó que “dicen que esto es contra Cosse, (pero) es contra la administración de Carolina Cosse de la que muchos son cómplices”, aludió a la otra auditoría al respecto, que había encargado la última gestión del FA, y que el Partido Comunista había indicado como uno de los elementos ignorados en el fallo de la Jutep sobre este tema, –uno de los motivos, además, por los que le pidió la renuncia a Jorge Castro, el frenteamplista que hasta ese momento estaba en la Junta y puso su firma avalando el fallo–. Pero Gabriel Gurméndez la desacreditó. Aseguró que se la encargó “cuando ya se advierte que va a haber un giro político en la administración de gobierno” y que solo se dedicó a “verificar la integridad de la formación de los procesos de compra”. Y apuntó también contra la funcionaria responsable de ese trabajo al señalar que hoy se encuentra realizando “tareas de confianza en la secretaría general de la Intendencia de Montevideo”.
El otro hecho noticioso referido por Gurméndez es que nunca existió un informe jurídico de la Facultad de Derecho que avalara la constitucionalidad de la inversión, algo que sostuvieron Cosse y el FA en su momento.
Todo esto llevó a Gandini a afirmar en el Senado que fueron “engañados”. Que en definitiva entendía que hubo delitos en todo el proceso y que con la declaración de reserva que hizo la gestión frenteamplista de todos los procedimientos se intentó “proteger a los que desviaron los recursos de Antel”, señalando asimismo que “la suma del secretismo, con todos los desvíos, las adjudicaciones directas y los sobrecostos que se generaron por tres veces lo presupuestado es un hecho de corrupción que ocultó el interés político de una fuerza política para promover la imagen de la presidenta de Antel”. Ante los medios, resumió luego que “la diferencia (del sobrecosto) está en algún lado y la Justicia deberá averiguar a qué bolsillo llegó”.
Pero un aspecto central de la cosa, más allá de estos elementos, tiene que ver con el punto de vista político: según Google, “el Antel Arena es un recinto cerrado multipropósito uruguayo, ubicado en los límites de los barrios Simón Bolívar y Villa Española, Montevideo. Es propiedad de la Intendencia de Montevideo y su explotación comercial está a cargo de Antel, luego de un acuerdo para la cesión del predio por 30 años”. Falta decir, nada menos, que lo pagamos todos los uruguayos, a través de Antel, para los montevideanos.
Lo pagamos todos, para disfrute de Montevideo, faltó decir
