Las expectativas de los actores de la economía para el presente año son indicadores inequívocos de la percepción sobre el rumbo del país, basado en una serie de componentes que intervienen en la compleja ecuación que cada uno percibe en un marco general de situaciones que muchas veces están contrapuestas o se encuadran en conflictos de intereses a dilucidar, por lo que se multiplica la incógnita sobre el futuro inmediato.
Por un lado, es evidente que en el caso de los empresarios, expectativas favorables los hacen proclives a la inversión o reinversión en sus emprendimientos de riesgo, que son los auténticos generadores de empleos genuinos en cualquier país, y por el contrario, una visión negativa tiene un efecto de retracción sobre la emisión de capitales de riesgo y reinversión, por lo que en los hechos, esta visión negativa refuerza un círculo vicioso que agrava el panorama general de la actividad y el empleo.
En nuestro país inciden aspectos coyunturales y estructurales, y lamentablemente, los primeros dependen de estos últimos, porque al seguir presente la problemática de fondo las mejoras coyunturales duran menos y no se condolida la mejora, como es claro ejemplo la época de bonanza que se extendió durante más de una década –hasta 2014– por las condiciones favorables del exterior, pero que no se tradujo a su vez en las inversiones en infraestructura que permitieran hacer sostenible es crecimiento extraordinario. Simplemente se vivió el momento, se gastó por el Estado todos los ingresos excepcionales y una vez transcurrida la onda, las cosas volvieron a ser como antes y peor aún, se dejó como herencia un aumento de los costos fijos del Estado para quien quisiera emprender.
La pandemia a su vez ha sido un convidado de piedra que ha torpedeado las mejores intenciones de reactivar el país, pero aunque todavía con un gran número de casos tras un período de caída muy alentador, se está en un proceso de aceptación en el sentido de que hay que aprender a convivir con la enfermedad mientras se hace todo lo que se pueda para erradicarla definitivamente, como ocurre en todo el mundo.
Esto ha sido incorporado a la visión que tienen los empresarios de nuestro medio: según un relevamiento del semanario Búsqueda, recuperar los niveles de demanda previos a la pandemia de COVID-19 o sostener la creciente recuperación de la actividad de algunos sectores serán, junto con las dificultades logísticas y de suministro a escala internacional y los altos costos internos, los principales problemas que el empresariado uruguayo enfrentará en 2022.
Asimismo, los empresarios mantienen la demanda histórica de que se controle el gasto público y bajar el déficit fiscal para reducir el peso del Estado sobre el sector privado y que se concrete la apertura de nuevos mercados firmando acuerdos de comercio y se incentive la atracción de inversiones.
Entre las dificultades que condicionan un mejor desempeño, la preocupación por la demanda débil o por debajo de los niveles prepandemia ha sido la mayor preocupación empresarial, particularmente entre los ejecutivos del sector de servicios y comercio.
Otro aspecto, relacionado con el sector exportador, tiene que ver con dificultades en la logística internacional que se presentaron en los últimos meses y afectaron la distribución de mercaderías e insumos desde los principales nodos de producción hacia el resto del mundo, lo que disparó las tarifas de los fletes y la disponibilidad de contenedores. Pero sin duda el componente por excelencia y el común denominador refiere a la alta carga impositiva y las tarifas de los servicios públicos, que se engloban en el denominado “costo país”, que es el factor omnipresente para todo emprendimiento o actividad que se encare dentro de la legalidad, además del costo de la mano de obra y en muchos sectores la falta de capacitación.
Asimismo, hay inquietudes que tienen que ver mayormente con el rubro de que se trate, desde que por ejemplo desde el turismo se manifiesta –con mucha razón– la preocupación porque se mantenga bajo control el coronavirus y el temor a que se multipliquen los focos de contagio, con las consecuentes medidas restrictivas, en tanto en otros se expresa incertidumbre por la situación de los países vecinos, la economía global y la competitividad.
Asimismo, la principal aspiración del empresariado es que en este año el gobierno tenga entre sus acciones prioritarias el control del gasto público, lo que naturalmente asocian al “costo país”, y enfatizan la necesidad de bajarlo.
Paralelamente, en la interrelación capital-trabajo, el más de un año y medio de pandemia ha llevado a una significativa caída de la actividad –pudo haber sido mucho peor de haberse adoptado medidas drásticas de cuarentena– se generó una caída del empleo y de los ingresos, y por lo tanto ello se ha reflejado en una pérdida de salario real, por un crecimiento mayor de la inflación que de los ingresos.
Sin dudas, la recuperación del salario real y del empleo son elementos clave para a la vez promover una reactivación del mercado interno, y ello tiene que partir de un esquema sustentable, es decir mayor creación de riqueza, de disponibilidad de recursos y de generación de expectativas positivas para dar condiciones de inversión. Es impensable, además, tener una mejora del salario real y del empleo sobre empresas que apenas sobreviven, endeudadas o con un perfil de actividad muy comprometido, por lo que en todos los casos debe basarse en un proceso gradual y cauteloso, lejos del “sálvese quien pueda”, que solo traería más problemas para los sectores más vulnerables.
Y en este contexto de asumir responsabilidades y situarse a la altura de los acontecimientos nos encontramos con reclamos disonantes como el de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), que denunció este miércoles una “rebaja en los salarios” y pide un incremento para recuperación del salario real.
Un reclamo justo, por supuesto, porque menos salario real conlleva una caída de la calidad de vida de los involucrados y afecta además la demanda en el mercado interno.
Pero la pregunta es si es posible acceder a ello de un plumazo y por decreto, como se reclama, cuando además parte de un sector de trabajadores –los estatales– que fue el único que no padeció desempleo y que mantuvo sus condiciones de trabajo durante la pandemia, contrariamente a lo que sufrió el sector privado en desempleo y subempleo, en reducción horaria, en desaparición de empresas y otras afectaciones producto de la incertidumbre y de la hora crítica.
No es “solidario” ni mucho menos que desde el sector de funcionarios estatales se exija esta recuperación desde ya, a costa de todos los otros sectores, cuando todos sabemos que ello solo puede hacerse a través de un mayor costo del Estado, de mayor carga de impuestos y a pagar por el verdadero motor de la economía, que es el sector privado. Y con esto nos referimos a todos; no solo las empresas “bancan” el estado paquidérmico y voraz, lo hace hasta el más humilde trabajador que paga el IVA en su consumo de subsistencia en el almacén del barrio, por lo que el aumento a los privilegiados de COFE termina pegándole a los que menos tienen.
De lo que se trata –tal vez sea mucho pedir pensando como viene la mano y de los antecedentes– es de compartir verdes y maduras entre todos los sectores, porque en las verdes siempre ha estado solo el sector privado. Es cosa de hacer y dejar crecer la torta para beneficiarnos todos, en lugar de tratar de reclamar primero que nada la tajada propia, y que los demás se arreglen como puedan, que es la forma en que seguramente vamos a perder todos.
Entre todos, en las verdes y en las maduras
