El intendente interino, Fermín Farinha, recordó que la situación de estas familias del barrio Curupí, cuyas construcciones están anunciadas para su demolición este martes, “viene desde marzo del año pasado”.
El caso que denuncia Diego Bica “no empezó con ellos, sino con otras personas. El 16 de marzo al mediodía, luego de constatar la construcción en zona inundable, se empiezan las actuaciones. Se deja el cedulón y se hace un relevamiento con la asistente social para identificar a las personas. Se da vista para que pasen por la Intendencia al detectar una ocupación irregular porque es zona inundable. Posteriormente, se hizo otra inspección en abril y la situación seguía incambiada. Por los tanto, se dejan los cedulones y se habla con las personas que estaban anteriormente en ese lugar”.
Farinha relató que “el 11 de mayo fijamos la resolución para demoler y se le comunicó a Shirley Souza, su anterior ocupante, que estaba en conocimiento. Se le da vista con el equipo de contención para ver la posibilidad de salir de allí y la Intendencia le puso a disposición el banco de materiales. Es decir, fueron avisados con tiempo”.
Sin embargo, en sucesivas inspecciones constataron que en el mes de julio “aparecen Diego y Noelia y le muestran a los funcionarios un recibo de que habían comprado. Esa casa que adquirieron tenía una resolución de demolición y la persona que vivía antes allí no se lo notificó. Por lo tanto, se lo informa el equipo de Inspectoría”, señaló a EL TELEGRAFO.
El jerarca municipal afirmó que “los procedimientos se encaminaron de acuerdo a lo previsto y ahora hay que cumplir lo que se dispuso en su momento. Le explicamos, junto al intendente Olivera, que esta decisión no es simpática, pero es el cumplimiento de la norma de Ordenamiento Territorial que se comunicó este mes de enero, después de todos los meses de relevamiento”.
El intendente consignó que “estamos tratando de buscar un punto en común y es que se tienen que ir de ahí. La Intendencia no tiene terrenos o viviendas a disposición, sino un banco de materiales. Incluso les pedí que vieran con familiares la posibilidad de arreglar un espacio, pero ahí no pueden estar”.
Farinha reconoció que “hay muchos procesos de este tipo y estas situaciones son reiterativas. En otros casos, son personas que se van y vuelven o vienen de otras zonas. Pero a todos se les comunica el proceso de demolición”.
Explicó que lo ocurrido corresponde a “un tema entre particulares. Lo que nos da tranquilidad es que llegaron el 7 de julio y el 21, ya tenían una comunicación sobre la realidad irregular de ese lugar porque la decisión estaba vigente desde el 11 de mayo. Y todo está documentado, por eso el martes 25 es la fecha final”.
Concluyó que “desde la Intendencia no podemos generar falsas expectativas pero reconocemos que el afincamiento en terrenos inundables nos genera un problema posterior. Porque el rol de la Intendencia no es la construcción de viviendas, sino la de apoyar los distintos planes”.
