El artículo 471 de la Ley N°19.889 (también conocida como “Ley de Urgente Consideración” o “LUC”) declara que la “portabilidad numérica” es un derecho de los usuarios de los servicios de telefonía móvil. A efectos de que ese derecho sea efectivo, la misma ley dispone que “los operadores de servicios de telefonía móvil que tengan derecho a asignación directa de numeración quedan obligados a prestar el servicio de portabilidad numérica, entendida esta como la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, en el evento de que cambie de operador, de conformidad con los requerimientos que disponga la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec)”. Asimismo, se establece que los servicios de telefonía móvil facilitarán la conservación del número al usuario, aun cuando se modifique la modalidad tecnológica de la prestación del servicio.
La norma mencionada (y otras de la LUC en relación con este mismo tema) apunta nada más y nada a menos que a dotar de mayor libertad a los consumidores titulares de cuentas de telefonía celular, habida cuenta de la importancia que esta forma de comunicación ha alcanzado en los últimos años, fruto de lo cual los aparatos de telefonía fija han pasado a ser casi una pieza digna de un museo de las comunicaciones. ¿Quién no reconoce que hoy en día el número de su celular es una información personal casi tan importante como su propia Cédula de Identidad? Muchas personas ni siquiera con capaces de recordar su número de telefónica fija ya que el mismo es solicitado a los únicos efectos de poder contar con los servicios de transmisión de datos, el nuevo escenario donde las empresas telefónicas libran sus batallas por el verdadero botín en el cual se incluyen nuevos fenómenos como los sitios de películas o series por streaming.
Ante esta situación, el Pit Cnt, el Frente Amplio y las demás organizaciones sociales y políticas satélites que convocan a votar contra la LUC vuelven a situarse en el mismo lugar en el cual que han ocupado desde hace décadas: en defensa de los monopolios de las empresas públicas, los beneficios absurdos de los que gozan sus trabajadores (verdaderos privilegiados que se han enterado de las crisis económicas del 2002 y del 2008 únicamente por los titulares de los diarios) y en contra de los consumidores y contribuyentes uruguayos, eternas víctimas de la dictadura de los monopolios estatales que terminan siendo los eternos “paganinis” o los “nabos de siempre” en palabras del periodista Tomas Linn. Las posturas contra el progreso y los consumidores que han sostenido a lo largo de los años tanto el Pit Cnt como el Frente Amplio cuentan con antecedentes tales como la oposición a las centrales digitales en la década de los ’70, cuando el sindicato de Antel perdió poder supremo con que contaba para extorsionar el país con sus paros, y por supuesto, una cantidad de puestos de trabajo inútil. Antes de las centrales automáticas un paro de Antel significaba la paralización absoluta del país, porque al cortarse las comunicaciones telefónicas –que dependían de un funcionario que establecía la conexión física entre quien llamaba y quien recibía la llamada—no podían funcionar las empresas, ni los bancos; prácticamente nada. No es casualidad entonces que el sindicato de Antel –el mismo que ahora se opone a la portabilidad numérica—pretendiese en ese entonces hacer de la lucha contra la centrales automáticas una causa nacional.
O la situación de los denominados “guardahilos” de Antel que como lo expresada la Cámara de Comunicaciones de Uruguay “históricamente, la figura del guardahilos estuvo asociada con el clientelismo, ya que muchos de esos puestos fueron otorgados como ‘premio’ a quienes tenían clubes políticos u otros vínculos con los lemas tradicionales. Además, se trata de una faena bastante ligera en relación con su pago, que muchas veces fue realizada por personal contratado por los guardahilos titulares”. En resumen: “tejes y manejes” de políticos de todos los partidos para poder hacer clientelismo y beneficiarse personalmente a costa de los impuestos que pagamos todos los uruguayos que, como no nos dedicamos a la política, somos simples mortales.
A esto debe sumarse que, tal como sucedía en el pasado no tan lejano, para poder tener un servicio de teléfono fijo era necesario contar con una tarjeta o recomendación de algún político o referente partidario y hasta los avisos clasificados de inmuebles destacaban especialmente si los mismos tenía línea ya contratada, ya que dadas las dificultades en obtenerla era un diferencial muy preciado.
De acuerdo con un artículo difundido el año pasado por la Universidad de Montevideo (UM), “La lista de países que han adoptado la portabilidad es cada vez mayor, impulsadas también por el desarrollo de las tecnologías necesarias para apoyar la portabilidad numérica. América del Sur se encuentra entre los más rezagados y con gran disparidad, siendo los pioneros Brasil y Ecuador en 2009, seguidos por Perú en 2010, Colombia en 2011, Chile y Paraguay en 2012, Costa Rica en 2013 y, por último, Bolivia en 2018. La carrera la inició Singapur hace ya 23 años. (…) En el caso específico de la telefonía celular en Uruguay, la cantidad de empresas que operan está restringida a un número fijo como consecuencia indirecta del referéndum que se promovió –entre otros– contra el artículo de la Ley n.º 16.211 que habilitaba la libertad de ingreso al sector”. El referido trabajo señala, asimismo, que “la introducción de portabilidad numérica le brinda al mercado móvil uruguayo una nueva dinámica que les exigirá a los operadores enfocarse aún más en el cliente, trabajar más en la fidelización y en propuestas comerciales atractivas para aumentar su participación de mercado. (…) El desempeño de las operadoras dependerá de cuánto se focalicen en el cliente”.
En resumen: quienes apoyan la derogación de la LUC quieren obligar a los usuarios a mantener sus contratos con Antel, tratando de instaurar una “dictadura móvil” tal como ha sucedido durante décadas con servicios tales como la electricidad a través de UTE o los combustibles a través de Ancap. ¿Por qué Sutel, el Pit Cnt y el Frente Amplio le tienen tanto miedo a la libertad de los usuarios? ¿Si están tan seguros de que Antel es la mejor, por qué tratan de evitar que compita con empresas privadas que además tienen una menor participación en el mercado de telefonía móvil? Los usuarios de telefonía celular deben estar bien atentos ante este nuevo intento de menoscabar sus derechos y perjudicarlos en beneficio de la aristocracia sindical del Pit Cnt y de los privilegios políticos del Frente Amplio. Al fin y al cabo, estamos entre la libertad del usuario y el despotismo de los poderosos de izquierda que intentan mantener a toda costa sus “chacritas” de poder.
