Una vez finalizado el proceso electoral con el referéndum, el cuerpo legislativo se apresta a llevar adelante una agenda parlamentaria que prácticamente se detuvo a raíz de esta campaña, donde algunos temas cruciales siguen pendientes.
El oficialismo finalizó 2021 y empezó 2022 con escasas discusiones internas, en tanto debió enfrentar a una oposición fortalecida por campañas mediáticas que lograron instalar en los medios de comunicación y las redes sociales, aspectos referidos a la seguridad ciudadana, supuestas denuncias de abuso policial o la situación patrimonial de socios de la coalición de gobierno.
Tal es el caso del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en momentos en que se exponía a la consideración ciudadana dos artículos sobre el Instituto Nacional de Colonización. O las “50 denuncias” basadas en el accionar de efectivos policiales y que fueron presentadas en una conferencia de prensa por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Todo enmarcado en una maratón de denuncias como nunca antes se había visto. Al menos en Uruguay, algunas de ellas con desenlace vergonzoso para la parte denunciante, como es el caso de los supuestos abusos policiales que no existieron.
Esta campaña, que sirvió para medir las fuerzas de una militancia ansiosa, es posible que no termine acá. Aún resta la reforma de la seguridad social, cuyo proyecto se encuentra en una comisión de redacción para ingresar al Poder Ejecutivo. El proyecto, que fue anunciado durante la campaña presidencial de Luis Lacalle Pou, plantea la posibilidad de encarar una campaña de similares características al referéndum que cuestionó artículos de la LUC.
Por lo tanto, lo que queda de este año, junto a 2023 y 2024 tendrá una intensidad que habrá que esperar con paciencia. La oposición al gobierno, bajo el control absoluto del Pit Cnt junto con organizaciones sociales que llevaron adelante la anterior recolección de firmas, otean el horizonte cercano. Y en el Palacio Legislativo, hacen lo mismo.
El 2023, como año preelectoral, tendrá sus particularidades. El siguiente, con las elecciones internas, el posicionamiento de los candidatos y las elecciones nacionales, servirá para despejar las incógnitas presentadas durante estos años, que también son de campaña.
Por eso, habrá que pasar todo este período, donde las discusiones, lejos de acabarse con el resultado de ayer, irán por más. La coalición está interesada en retomar discusiones que quedaron por la mitad el año pasado, cuando la pandemia y la LUC dominaban las agendas.
El Partido Nacional quiere darle curso a la Ley de Medios, que se encuentra trancada en la Cámara de Diputados, la tenencia compartida, la prisión domiciliaria a personas mayores de 65 años o la legalización de la eutanasia, una iniciativa presentada por el actual presidente de la Cámara de Diputados, el colorado Ope Pasquet.
Existe un proyecto, además, que pretende declarar “emergencia” a la “pandemia de suicidios”, según lo definió el senador Germán Coutinho. Es el mismo legislador que junto al senador nacionalista, Sebastián Da Silva, impulsan la desmonopolización de Ancap. O la propuesta de Cabildo Abierto para concretar una reforma tributaria, además de la creación del delito de prevaricato que sancione a jueces y fiscales que prejuzguen sobre la vida privada. Este último caso, trae a colación el video viral que en Tik Tok grabó una jueza, al hablar sobre “estereotipos machistas”.
La creación del Instituto Nacional de la Granja es una propuesta que destacan tanto de un lado como de otro y pese a que el cambio fue creado dentro de la LUC, allí se establecía la necesidad de elaborar un proyecto de ley que defina las competencias del nuevo organismo, a través de un articulado específico. El nacionalista Jorge Gandini pretende “flexibilizar” las condiciones del clearing, hacia donde marcharon muchos uruguayos que se endeudaron a partir de la pandemia y no pudieron enfrentar sus obligaciones por pérdida de empleo o salarios, y con la bancarización obligatoria impulsada por los gobiernos del Frente Amplio quedaron presos de una situación de la cual es casi imposible salir. Sergio Botana, del mismo partido, propuso soluciones nuevas a los deudores del Banco Hipotecario, que reclaman desde hace años por la regularización de sus situaciones. O la propuesta que enviará el gobierno sobre la reforma de una ley que viene del gobierno de José Mujica, para la internación de personas en situación de calle con consumo problemático de sustancias. Y, finalmente, la Rendición de Cuentas a partir de junio.
Hasta ahora, el Parlamento estuvo abocado a trámites y se reunió para aprobar iniciativas específicas y bastante menores, como por ejemplo, la quita del IVA al asado ante el impulso de los precios de productos de la canasta básica. Todo lo demás, fue tiempo dedicado al referéndum planteado desde el partido de oposición y las bases.
Sin embargo, –y tal como vemos en el detalle muy somero de la agenda parlamentaria– hay asuntos no resueltos más importantes. Son, en cualquier caso, situaciones que pueden modificar la vida o el patrimonio de las personas. Pero el futuro no es halagüeño, si es que se concretan los anuncios que se escuchan en los pasillos militantes.
Es muy posible que se encuentre a un electorado cansado de campañas, de la grieta que se alimenta de cada discurso político y en las redes y obligado a ver cómo discuten los políticos por temas que, en el fondo, no le transformarán su existencia.
Incluso hay una parte de ese mismo electorado, que está abocado a mejorar su vida personal y familiar, en el intento de zurcir lo perdido en varios aspectos. Porque la pandemia no pasó y siguió de largo, sino que atravesó la mente el cuerpo y el bolsillo de quienes padecieron las peores circunstancias. Y no sólo materiales.
A ese público le debe respeto la clase dirigente y el compromiso de empezar a trabajar, porque ya se han perdido tres meses de cotilleo.