Con el resultado jurídico de que quedan firmes los 135 artículos plebiscitados de la Ley de Urgente Consideración (LUC) se dirimió el referéndum promovido por el Pit Cnt con el apoyo del Frente Amplio y “organizaciones sociales” satélites, y ha quedado atrás el fragor de una campaña catalogada justificadamente como “sucia” por la serie de falsedades, verdades a medias y cuestionamientos traídos de los pelos tratando de descalificar a determinados exponentes de la campaña para influir de alguna forma en el electorado.
Decíamos al respecto desde esta página que a medida que nos íbamos acercando a la fecha de la consulta popular respecto a la LUC lamentablemente se venía planteando gradualmente el temido escenario de pugna de eslóganes, descalificaciones y cuestionamientos que apuntan a la desinformación, parcialización y/o falsa “información” sobre el tema, en aras de llevar agua hacia los respectivos molinos.
En realidad, números más, números menos, la ventaja del NO corresponde a los porcentajes que se dieron en el balotaje de noviembre de 2019, con un país que se presenta dividido en dos grandes bloques en cada elección, y en este caso, al igual que en esa oportunidad con una leve ventaja para el actual oficialismo, lo que indica un respaldo significativo para un gobierno que en estos dos años ha debido enfrentar factores convulsionantes, como la pandemia y más recientemente la invasión rusa a Ucrania, con efectos devastadores para la economía mundial, incluyendo los valores del petróleo, inestabilidad y costos que se traduce en aumento general de precios, que han repercutido inmediatamente en nuestro país.
El punto es que sin dudas los uruguayos han votado en esta consulta respecto a temas claramente de índole jurídica, que son muy difíciles de evaluar tanto en el significado del articulado de la LUC como en sus consecuencias, por lo que pese a los eslóganes y los intentos de “convencer” a los indecisos por parte de los militantes de izquierda, el electorado se ha pronunciado en base a los lineamientos de los dirigentes partidarios que les merecen más confianza –además de responder al bolsillo de cada uno–, y ello explica el sufragio que se ha dado claramente expresado en cada departamento en base a los alineamientos de anteriores elecciones.
Ello pese a la enorme gama de “razonamientos” y “argumentos” que se difundieron a través de los medios –ni qué decir dentro del monstruo de desinformación, intolerancia y agresividad en las redes sociales– para engañar a la población o inducirla a votar la papeleta celeste o la rosada, por el NO y el SI respectivamente.
En realidad, difícilmente algún artículo de la LUC entre los 135 cuestionados le va a cambiar la vida a alguien, salvo en lo que tiene que ver con la postura contestataria de determinados colectivos –sobre todo gremios de la enseñanza, la salud, Fancap, entre otros– que fueron los que llevaron la voz cantante y la posta en la campaña, y lograron arrastrar a determinados sectores.
La idea precisamente de los promotores del SI ha sido la de dificultar la tarea de gobierno, porque desde el punto de vista ideológico del movimiento sindical y los grupos radicales del Frente Amplio las medidas adoptadas por la coalición de gobierno van en dirección contraria a su visión estatista y de predominio del empleo público por sobre la inversión y el empleo privado, las inversiones de riesgo, porque tienen al Estado como el gran benefactor con el dinero de todos, sin necesidad de que primero haya que crear riqueza para poder distribuirla.
Pero un episodio ilustrativo de la irracionalidad de la campaña tiene que ver con el tema de la seguridad, protagonizado por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y varios de los dirigentes de mayor relieve en la coalición de izquierdas, cuando intimaron al Ministerio del Interior a que investigue medio centenar de denuncias que a su juicio constituyen flagrante abuso policial, nada menos que a pocos días del día de la consulta popular, tratando claramente de influir en el electorado indeciso.
Pero este intento queda en evidencia como lo que es, una maniobra tratando de entreverar los tantos, porque el Ministerio del Interior en una semana relevó los expedientes de los 50 casos denunciados, y quedó plenamente demostrado que no hay ningún policía formalizado en los casos presentados, que misteriosamente no había denuncias previas en 37 de los 50 casos presentados y que 45 tienen delincuentes formalizados y condenados luego por la Justicia, en tanto otros cinco están fugados por delitos como estafa, abuso sexual y rapiñas.
El escándalo fue tal que el Ministerio del Interior pidió una disculpa formal, a lo que el presidente del Frente Amplio respondió que en realidad el FA sólo se limitó a recibir las denuncias sin investigar su veracidad.
Lamentablemente, se ha apelado al todo vale para influir en la opinión pública, que una vez más ha demostrado ser más perceptiva sobre la realidad que los dirigentes que pretenden manipularla creen, y en gran medida supo discernir entre la sustancia y la espuma, entre las apelaciones a votar por los explotados contra los explotadores, a los buenos contra los malos.
Estamos por lo tanto ante un respaldo ciudadano a una norma claramente distorsionada por la oposición en sus alcances y significado, pero naturalmente no debe tomarse como un cheque en blanco para el gobierno, sino como un apoyo crítico condicionado en los temas que comprende, que van en la buena dirección.
El punto es que ejercer el gobierno desgasta, cuando se hace con responsabilidad y no con un espíritu voluntarista para llegar hasta la próxima elección, sobre todo cuando al ciudadano común le acucian problemas mucho más graves que la LUC o la no LUC, que refieren al empleo, a la caída del poder adquisitivo en salarios y pasividades debido a las subas de precios por encima de los ingresos, a la necesidad de promover empleo genuino a través de inversiones en el sector privado.
Es en esta dirección que debe tomarse la expresión del electorado, en hacer hincapié en políticas que permitan sustentabilidad de las fuentes de empleo, en la recuperación del salario real y las pasividades, en apuntalar las empresas para que puedan generar oportunidades de trabajo, por citar aspectos esenciales en una gestión de gobierno, porque hay situaciones que no pueden esperar a supuestas reformas estructurales que es muy difícil de encarar sin mayorías especiales y un margen de tiempo muy acotado para que den el resultado esperado.
