La reciente “rebelión” de los estacioneros de Maldonado respecto a la aceptación de tarjetas de crédito para las compras en sus locales ha puesto nuevamente sobre el tapete una problemática particularmente sensible en nuestro país, desde que existen buenas razones desde uno y otro lado para defender sus posiciones en el marco de los beneficios de la inclusión financiera y su instrumentación.
Obviamente, la bancarización es un objetivo compartible si se tiene en cuenta que implica la formalización, y constituye una forma contundente para combatir el informalismo y la economía en negro, que no favorece a nadie, ni a quien la practica ni al Estado y mucho menos al común de la población, desde que la seguridad social, los organismos del Estado, todo el sistema, se mueve a partir del cobro de impuestos y los aportes de la sociedad toda en el marco de las normativas vigentes.
Desde diciembre se encuentra a estudio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores el proyecto de reforma de la Ley de Usura, promovido por partidos menores de la coalición de gobierno, como es el caso del Partido de la Gente y de Cabildo Abierto, pero que es vista con buenos ojos por los otros partidos de gobierno y eventualmente desde el Frente Amplio, según se indica.
El diputado de Cabildo Abierto Alvaro Perrone, en reciente diálogo con el semanario La Mañana, destacó al respecto que “hay un proyecto del diputado Daniel Peña, que de alguna forma es el puntapié inicial. Ahora todos estamos haciendo aportes desde la coalición, buscando el mejor camino para el apoyo de todos”.
Uno de los aspectos sobre los que formula precisiones es el cálculo de la tasa media de interés, que tiene sus bemoles. Indica al respecto que “uno de los puntos principales que el Banco Central está respaldando es como se cobran las tasas de interés. El BCU recibe la información financiera que le manda la banca privada sobre las tasas de interés, para fijar la media sobre el cual después se calcula el umbral de usura. Pero cuando la banca manda la información, incluye en la misma la actividad financiera de las casas de préstamo, que son propiedad de esos bancos. Como las tasas de esas empresas dedicadas a prestar dinero son muy superiores a las tasas de los bancos, el promedio para el cálculo de la tasa media de interés sube. Lo que se nos informó es que el BCU va a emitir una circular en la que se especifique que la información que envíen los bancos tenga únicamente la tasa que cobran estos y no sus colaterales. Eso hará que la tasa media cambie y termine bajando”.
Subrayó asimismo que otro punto que preocupa es la publicidad de las financieras, que puede llevar a confusiones a la hora de solicitar un préstamo. Consideró que “lo que buscamos es ir por un camino de una publicidad más clara y ya lo hemos planteado. El objetivo es que la gente sepa, con la publicidad, cuanto realmente va a pagar. O sea, si usted pide 20, sepa qué es lo que termina pagando” a la vez de señalar que “hoy en día la publicidad dice tanto dinero en tantas cuotas y aparece abajo la tasa. Queremos que además de esa información se diga cuánto se termina pagando al final”.
Otro elemento en juego tiene que ver con los aranceles que cobran las tarjetas de crédito, y en este sentido el legislador hizo referencia a la posición de los estacioneros de Maldonado, indicando que “nos dicen que no aguantan más. Con los aranceles se les llevan la ganancia de su trabajo y esa realidad ya no se soporta más, no solo por los estacioneros sino por todo el comercio. Existió una política en los últimos 15 años que fue de a poco llevando a que todo el mundo terminara bajo el sistema financiero. Y eso llevó al negocio de los aranceles, que los termina pagando el comerciante. Los estacioneros son una parte del comercio que lo sufre y yo destaqué que fueron el puntapié inicial para intentar terminar con esta situación”.
“Nosotros entendemos que una forma de solucionar esto es que el BROU marque la cancha bajando los aranceles, porque es el banco que debe apoyar a los uruguayos, y de esa manera van a tener que seguir los bancos privados. Pero debe existir una decisión política que marque sobre qué tipo de Banco República queremos, o sea, que dé ganancias con tasas altas o que esté cerca de la gente”, reflexionó el entrevistado.
Por supuesto, el tema es complejo y tiene puntas por todos lados, con intereses encontrados, y el punto es poder determinar más o menos con precisión cuál es el punto de equilibrio en la teoría y luego, lo que es mucho más difícil, cómo se puede llevar a la práctica para que realmente lo que parece tan bueno en el papel se refleje en la realidad de todos los días, sin distorsiones.
Lo que sí es una cosa que rompe los ojos es que las tasas de interés que se cobran por las operaciones financieras de préstamos multiplican varias veces la inflación, que es de un dígito anual, y mucho más aún ello se da en los intereses de mora, que son particularmente abusivos y rayan la usura en muchos casos.
Lo dice bien el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien manifestó al respecto que “se termina pagando intereses de ciento y pico por ciento en un país donde la inflación no llega a dos dígitos”, en tanto “lo hacen financieras que dependen de los bancos principales, casi todas ellas. Esa usura termina con que el ciudadano no tiene formas de salir. Entra en una calesita de la cual no tiene salida”.
La iniciativa de Daniel Peña, del Partido de la Gente, procura dar lugar a una herramienta legal que sirva a los consumidores como protección de todo tipo de contratos de crédito, de manera que las abusivas tasas de interés no los lleven a un sobreendeudamiento.
La propuesta tiene por finalidad reformar y ampliar el alcance de la Ley de Usura, para así evitar la “muerte civil” de aquellos que acuden al crédito, “de la que difícilmente puedan salir, no por su falta de voluntad de pago, sino por la imposibilidad de pagar los adeudos luego de la aplicación descontrolada de los intereses”.
El legislador subrayó que “el sistema se transformó en un oligopolio de cuatro o cinco bancos que terminan regulando todo el mercado financiero”. Según explicó, dichas entidades fueron las que compraron la mayoría de las financieras, por lo cual manejan no solo el crédito bancario, sino también la mayoría del préstamo al consumo.
Aseguró que ellas conforman una mesa de bancos donde prácticamente se negocia todo y se deja “presa” a gran parte de la población, más que nada la de menos recursos y más necesitada, lo que ha sido habilitado además por la bancarización obligatoria.
Es cierto, debe considerarse que la diferencia entre porcentajes de inflación y las tasas que se cobran no es tan lineal, por cuanto hay costos financieros muy significativos que dispone la ley y costos aumentados por componentes de riesgo de los créditos que debe asumir quienes están en el sistema, que hace precisamente que los buenos pagadores tengan mayores costos para que las entidades se cubran de los márgenes normales de morosidad. Pero hoy por hoy para las entidades de créditos y las tarjetas es un gran negocio que la gente se atrase, y los intereses, más que usura son un verdadero asalto a mano armada, y encima, legal.
Ello reafirma la necesidad de buscar en la norma un equilibrio imprescindible que tenga en cuenta todo el amplio espectro del escenario, para no generar distorsiones, y que al fin de cuentas el no pagar no termine resultando un buen negocio.
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