¿Alertas precisas o alertas efectivas?

A las 6:30 Julio bajó del ómnibus y llegó a la oficina pública donde trabaja. Es una mañana lluviosa, con algo de viento, pero no más que eso, a pesar que desde más temprano rige un aviso meteorológico de nivel amarillo por la posibilidad de precipitaciones intensas, viento y eventual caída de granizo y actividad eléctrica. Sobre mediodía la situación empeoró y los vientos arrachados motivaron que el nivel de riesgo se elevara a rojo y se emitió una advertencia. La oficina de Julio fue evacuada y él, como sus compañeros, fueron evacuados; es decir, en lo peor del temporal se los hizo salir a la calle de regreso a sus viviendas. Julio, al bajar del ómnibus sufrió un accidente que le ocasionó una seria fractura que comprometió su salud. Ocurrió hace algunos años, no en Paysandú y Julio no es el nombre real del protagonista, y si bien algunos criterios ya cambiaron, como el de la evacuación (ahora el personal permanece en su lugar de trabajo hasta que cese el riesgo), el criterio que no cambió es el que se aplica para dar a conocer las alertas, por lo general con muy poco tiempo de anticipación, cuando el riesgo está consumado.

En el ejemplo anterior, si el Instituto Nacional de Meteorología hubiese emitido un aviso temprano sobre la posibilidad de fenómenos extremos, es posible que Julio no hubiese concurrido ese día a trabajar, pero cuando él salió de su hogar lo que había era una advertencia de nivel amarillo, nada que le hiciera desistir de concurrir a trabajar con normalidad.
Es comprensible que cuando un pronóstico se emite con poca anticipación, es decir, con más detalles sobre la situación que se está presentando, aumente la precisión con respecto al fenómeno meteorológico, pero en la práctica, proceder de esta manera reduce mucho el margen de maniobra de las personas que reciben el aviso.

Por cierto que hay fenómenos “explosivos” que no se podrán anticipar demasiado –un tornado, por ejemplo– y también es comprensible que el público empiece a descreer cuando se repite muchas veces que los elementos que dan lugar a una emergencia temprana luego se terminen disipando y no se concrete la tormenta que se preveía, como le ocurrió al pastor mentiroso. Pero hay que, de alguna forma, superar la negatividad de los comentarios en redes sociales y de los propios medios de comunicación, que a veces, sin sopesar demasiado, se vuelcan en críticas hacia los pronosticadores y los acusan de asustar innecesariamente a la población. También autoridades en algún momento criticaron la pérdida de alguna jornada de clases por un aviso temprano que luego no se cumplió. Es un problema cultural, y ello no quiere decir que no tenga solución; al contrario, pero sí que va a llevar un tiempo cambiar esta forma de entender cómo funcionan las cosas.

Y es que el fondo del asunto radica en que la meteorología no es una ciencia exacta, que los elementos están en una permanente dinámica, interactuando y que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Por eso siempre se habla de un porcentaje de probabilidad de que ocurra –o no– tal o cual evento con determinada intensidad, jamás se dan certezas. Y esto que parece de Perogrullo, por lo que se puede ver en las redes sociales, pocos lo entienden (¿se habrán dormido el día que se daba estadísticas en la clase de matemáticas?). Se puede predecir la ocurrencia de un ciclón extratropical con algunos días de anticipación, pero mucho más difícil es prevenir otro tipo de situaciones, como el destructivo tornado que arrasó Dolores hace algunos años. Esto hay que tenerlo claro. Pero debemos todos tenerlo claro y saber para qué sirve.

En las oficinas públicas está todo muy claro porque esto está protocolizado. Solo por poner un ejemplo, una de las facultades de la Universidad de la República reglamentó en 2017 cómo proceder ante los diferentes niveles de alerta. Desde entonces, en el caso del emitirse una advertencia de nivel rojo “Cuando la misma se emita con horas de anticipación al comienzo de su puesta en vigencia, se suspenderán todas las actividades en la Facultad mientras dure la alerta. (…) Cuando la alerta se dé dentro del horario de actividades o con poco margen de su puesta en vigencia se comunicará a todas las personas que se encuentren dentro del local procurando que se sientan protegidas. Queda a criterio personal y bajo su responsabilidad el retirarse o no de la Facultad. En ningún caso se desalojará a las personas en medio de la situación de riesgo, salvo disposición de autoridades centrales, Bomberos, Comité de Emergencia Departamental, o por aspectos técnicos que pongan en riesgo la integridad física de quienes se encuentren en la Facultad”. Este protocolo le hubiese evitado a Julio muchos contratiempos y problemas de salud y económicos que sobrevinieron con el accidente. Prosigue diciendo el protocolo de la facultad que “Una hora después de finalizada la alerta de nivel rojo se retomarán con normalidad las actividades en general.

Durante la primer hora de finalizada la alerta no se controlará asistencia. Las excepciones serán adoptadas por las autoridades competentes”. Mientras que “Cuando se emitan alertas de nivel naranja no se controlará asistencia en las instancias curriculares”. Está claro el protocolo de justificación de ausencias y exoneración de responsabilidades ha atentado contra un instrumento que debía servir para que la población estuviese enterada con anticipación de la probabilidad de ocurrencia de fenómenos severos. Cuando los protocolos empezaron a establecer estos criterios atándolos a los parámetros que dispusiera Inumet todo el país pasó a estar pendiente de sus comunicados, pero no ya para tomar precauciones o protegerse, sino para saber si ese día podría faltar a trabajar sin tener consecuencias.

Y la consecuencia general fue que el sistema se deterioró, las alertas se emiten con cada vez menor plazo respecto al fenómeno pronosticado, procurando aumentar la precisión, pero pasaron a no ser no mucho más que un engranaje en un sistema burocrático de justificación de faltas y con pocas posibilidades de hacer la diferencia en cuanto a la toma de medidas de prevención para la población expuesta, que termina recurriendo a otros servicios para saber cómo va a venir el clima.