El Poder Ejecutivo quiere conocer las cifras oficiales de la inseguridad alimentaria en el país. Ha sido un tema recurrente en la oposición en los últimos dos años de pandemia y formó parte del discurso virtual del presidente Luis Lacalle Pou al cierre de la Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles.
El mandatario enfocó su mensaje en la necesidad de una mayor apertura económica para lograr la prosperidad de los ciudadanos y particularmente destacó la seguridad alimentaria. “Uruguay es un productor de alimentos de primera calidad, de alimentos naturales, saludables y lo hace de manera sostenible con el medio ambiente”, mientras que “hay países con déficit alimentario que están preparados para intercambiar con los países que tenemos esta seguridad alimentaria y que podemos ayudar al resto del mundo”. Canalizaba, además, su mensaje de multilateralidad y apertura, contraria al proteccionismo que ejercen algunas naciones del cono sur americano.
Sin embargo, los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y de Salud Pública (MSP), junto al Instituto Nacional de Estadística (INE) sellaron un acuerdo para monitorear a las poblaciones vulnerables, bajo la modalidad de encuestas. A este trabajo sumarán los análisis de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a esta insuficiencia alimentaria.
A la serie de preguntas que contiene la Encuesta Continua de Hogares del INE, le sumarán otras correspondientes a la Food Insecurity Experience Scale (FIES), correspondiente a la experiencia internacional sobre el tema.
El acuerdo involucra a la FAO, el organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con capacitación a los encuestadores y apoyo técnico. La tarea consistirá en 8.500 encuestas y la labor será financiada por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) durante el segundo semestre del año. Los resultados se presentarán a finales de 2022 y abarcarán a todo el país, a diferencia de los datos sobre áreas existentes hasta ahora.
No obstante, las diversas encuestas difundidas de manera reiterada, muestran resultados segmentados y si bien algunas refieren a los altos niveles de población con problemas de alimentación, otras aseguran que el país es un ejemplo en el mundo. Por ejemplo, así lo señala el Índice Mundial de Seguridad Alimentaria 2020 –publicado por The Economist–, que ubica a Uruguay entre los cinco mejor clasificados en América Latina.
Al menos en el mundo pospandemia, la FAO aseguró que el hambre se disparó hasta niveles sin precedentes por el alza de los precios, la pérdida de empleos, la inseguridad ciudadana y los conflictos violentos.
Las cifras correspondientes al año pasado, indican que 193 millones de personas en 53 países, sufrieron inseguridad alimentaria y es un incremento de unas 40 millones de personas, en comparación al 2020.
El informe del organismo internacional no considera lo que va de este año, con la invasión de Rusia a Ucrania, ni la disparada de la inflación que volvió vulnerables hasta a las economías más sólidas de Europa y Asia. Tampoco las sanciones que occidente impuso a Moscú y provocó el riesgo de desabastecimiento mundial.
En forma paralela, la Unicef –el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia– analizó datos relevados entre el 1º de setiembre y el 5 de octubre del 2020 y señaló que el 17,4% de los hogares registró inseguridad alimentaria. La FAO aseguró que en el primer año de la pandemia, unos 800.000 uruguayos atravesaron por esta situación, pero la foto sigue incompleta. Porque no muestra las realidades por edades o zonas urbanas y rurales, en tanto es posible que los relevamientos entre 0 y 4 años brinden otro panorama.
Como sea, esta consulta arrojará luz sobre datos que merecen relevancia en tiempos de contingencia sanitaria, con el fin de hacer un cruzamiento de información básico para confirmar o modificar el enfoque de las políticas públicas hacia estas poblaciones.
Uruguay persigue las metas contenidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en el marco de la Agenda 2030, para vencer el hambre y aportar a la seguridad alimentaria. Pero el horizonte global muestra una realidad pesimista. Es que la inseguridad alimentaria, a nivel mundial, está en aumento desde el año 2015. Por lo tanto, tal como lo indica el organismo internacional, el planeta “no está bien encaminado” para cumplir con el objetivo dentro de ocho años. Nada más.
La tendencia creciente afirma que el hambre llegará a 840 millones de personas en poco tiempo, por diversas razones. Principalmente los conflictos, el cambio climático o las recesiones económicas. A todo esto deberá agregarse la pandemia de COVID-19, que generará una nueva realidad con escasa espalda para sostenerla.
Sólo por mencionar esta región, en América Latina y el Caribe se registró el mayor crecimiento con el 30% de su población con hambre y las cifras no resultan novedosas. El incremento sostenido de los últimos seis años y la prevalencia del problema en los pasados 15 años es la prueba del deterioro social que profundizó la emergencia sanitaria.
Entonces, también significa que los diferentes gobiernos no corrigieron las vulnerabilidades existentes en otros momentos y que afectan a las mismas personas. Porque, nuevamente, las mujeres experimentaron inseguridad alimentaria por encima de los hombres (41,8% frente a 32,2%) en América Latina, con una disparidad que se profundizó por la pandemia.
Las advertencias son necesarias para actuar en consecuencia y los nuevos relevamientos ayudarán a actualizar la información en el país. Sin embargo, no sirve “pegar donde más duele”.
Eso que precisamente ocurre en tiempos preelectorales demuestra la inconsistencia de algunos discursos débiles. Porque, lamentablemente, hay que reconocer que lo que pasa en Uruguay también ocurre en el resto del continente.
