El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Entre Ríos, confirmó el 22 de julio, la acción de amparo ambiental contra el Gobierno de la provincia, ante la apelación y el pedido de nulidad de la resolución 1.099 de este último.
El 7 de julio el Juez Andrés Marfil de Paraná anuló y declaró inconstitucional la resolución 1.099 que habilitaba la caza de animales autóctonos en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Aquella resolución permitía la caza de 6 especies, 5 eran aves autóctonas –4 especies de patos y la perdiz– y la liebre que es exótica. “Dentro de su fallo se sigue permitiendo cazar a la liebre, se rechazó la demanda de declarar a los animales como sujetos de derecho que habíamos pedido, pero sí los reconoce como seres sintientes que merecen protección jurídica”.
“Es la primera vez que ocurre esto en nuestro país en referencia a un ave”, dijo a EL TELEGRAFO Gabriel Bonomi, socio fundador y coordinador del equipo de conservación del Centro para el estudio y defensa de las aves silvestres (Ceydas). Recordemos que, en Argentina ya se habían reconocido como sujetos no humanos de derecho a algunos homínidos que se encontraban en cautiverio y eso les permitió ser trasladados a santuarios. “Reconocer como seres sintientes, seres sensibles a los anátidos en este caso y a la perdiz, es algo inédito en la jurisprudencia argentina”.
Sin embargo, dos días después de este fallo, el Gobierno de Entre Ríos apeló la resolución. “Cuando se apela, esto va al STJ de Entre Ríos y éste rechaza la apelación del gobierno y confirma la decisión del juez Marfil de anular esta resolución insensata de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia. Todo esto es un logro definitivo; es un fallo que queda firme y sienta precedentes.”
Habilitaciones al azar
Al igual que en nuestro país, en Argentina tampoco existen estudios poblacionales recientes de anátidos –el último fue en 2002 y de una sola especie–, sin tomar en cuenta muchos factores importantes. “Los estudios serios llevan por lo menos un par de años realizarlos y nunca se hicieron. Tanto en Uruguay como en Argentina, habilitan las especies totalmente al azar, sin ningún tipo de fundamento. Es una absoluta mentira lo de los cupos –cantidad de ejemplares que se pueden cazar por especie–; no están basados en estudios. Es una vergüenza, no existen estudios”, acotó Bonomi.
Varias irregularidades en los cotos
A medida que el proceso jurídico fue avanzando en Entre Ríos, las irregularidades fueron saliendo a la luz. “Es sorprendente la cantidad de privilegios que el propio gobierno de Entre Ríos les brindaba a los cotos de caza y a los cazadores del exterior provenientes de Europa y Estados Unidos en su mayoría. Se les permiten más días para cazar que a los argentinos. Además, hay cotos que alquilan armas a cazadores extranjeros, que no están registradas. Las resoluciones que buscan apuntan a satisfacer a los cotos de caza; no piensan en las poblaciones de fauna”.
Conservacionistas y animalistas trabajaron juntos
Cuando en un principio apareció la habilitación de caza de especies autóctonas, se notó un repudio generalizado de la población, y tanto organizaciones ambientalistas como animalistas, se unieron para trabajar en un cambio de la normativa.
“Esto hizo que se armara un equipo que se complementó de la mejor manera. Estos animales son seres sensibles y que sufren al ser masacrados, o heridos y después se mueren en algún rincón; nuestra mirada ambientalista se enriqueció mucho con este trabajo en conjunto. Las abogadas que llevaron a cargo la demanda, una es ambientalista y la otra animalista”.
“El mensaje sobre todo es que se nota un cambio de paradigma. Nosotros necesitamos un cambio en el vínculo con la naturaleza y ya se está mostrando. El rechazo mayoritario y contundente que tuvo la gente cuando surgió esta cuestión, fue realmente sorprendente”.
“La gente considera ya a la caza, como una actividad cruel, insensata, irresponsable, violenta y anacrónica incluso porque ya en la mayor parte del mundo se la está limitando más, mientras nosotros en América la habilitamos más y la usamos como si fuera turismo”, opinó Bonomi.
El representante de Ceydas se manifestó muy conforme con el logro y agregó que “por suerte la justicia se hizo eco de una sociedad que rechaza esta actividad. Hay que apuntar a generar desde los gobiernos, instancias participativas de diálogo y de debate entre todos los actores, incluso a los cazadores mismos para llegar a un consenso; que se produzca un mandato social y saber si realmente debemos permitir que se siga con esta práctica”.
Por último Bonomi agradeció a toda la gente que se sumó a la demanda; a las organizaciones y a los particulares “y por supuesto a las doctoras Aldana Sasia, Cecilia Domínguez y María Fernanda Benetti, las tres abogadas que llevaron adelante esto de una forma excepcional y ellas fueron sin dudas gran parte de este logro”.
