La enorme brecha de precios entre nuestro país y la Argentina está generando una profunda distorsión y es a la vez un factor que realimenta una relación causa – efecto de una proyección regional que trasciende el esquema bilateral con Uruguay, desde que ante su gran extensión el vecino país condiciona una amplia zona fronteriza con países como Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, a lo largo de miles de kilómetros.
Esta repercusión es particularmente importante precisamente en el litoral del río Uruguay, por la cercanía entre las ciudades limítrofes, y una muestra cabal de este escenario lo vivimos en Paysandú y Salto, cuyas empresas ya debilitadas a partir de impactos como la pandemia y la invasión rusa a Ucrania, están sufriendo una caída sistemática en las ventas y ya se están percibiendo las consecuencias en desempleo y envíos al seguro de paro, cuando no hay señales de reversión de este panorama.
No es una situación novedosa, por cierto, desde que en forma constante se ha dado una asimetría muy significativa en precios entre una y otra orilla, aunque por lo general con productos y servicios más baratos en el vecino país, y se pueden contar con los dedos de una mano las veces en que esta relación favoreció al comercio uruguayo.
El punto es que como bien lo señala el estudio efectuado recientemente por la Universidad Católica del Uruguay (UCU), la magnitud de esta diferencia ha alcanzado niveles nunca vistos por estas latitudes, lo que agrava la situación en cuanto al atractivo que resulta el cruce hacia Colón, en el caso de los sanduceros, cuando además quienes cruzan no son solo los que integran los sectores más vulnerables, sino que sobre todo con el atractivo especial de la diferencia en las naftas, el cruce lo protagonizan muchos que no necesitan de este recurso, y aprovechan para surtirse en Colón, además de llenar el tanque y disfrutar de los atractivos gastronómicos a precios de regalo.
No hace falta ser muy entendido en materia de economía para inferir que este estado de cosas tiene un impacto no solo muy difícil de absorber de este lado del río, sino que incluso el beneficio es tan efímero como relativo para quienes viven el momento, porque la caída de la economía en el departamento y la región, salpicará para todos lados, aún a aquellos que cierran los ojos y solo ven beneficios en el cruce. Pero cuando quien pierde el empleo o la empresa es de un familiar, un vecino, un amigo cercano, las balas pican cerca, y las empresas se debilitan hasta el límite de la sobrevivencia, cuando se cae la venda de los ojos y se asume la realidad, ya suele ser tarde para evitar consecuencias cuya reparación demanda mucho tiempo, en el mejor de los casos.
Es por esto que la crisis en Paysandú derivada del libre trasiego de mercaderías sin dudas tendrá además duras consecuencias políticas para el actual gobierno, tanto local como nacional, porque cuando la plata se termine, las empresas hayan cerrado y se haya perdido la fuente laboral, nadie va a reconocer que a diferencia del gobierno de Mujica –que en su momento impuso el “cero kilo” a rajatabla–, el Partido Nacional fue tan “bueno” que permitió esta sangría hasta desahuciar al comercio y la micro empresa sanducera; es más, la bronca vendrá por el lado de que la situación será debido a las políticas económicas y sociales aplicadas, como siempre ocurre, y será el caldo de cultivo para que la oposición saque buen partido.
Es que la distorsión en la economía argentina es tan desquiciante como perjudicial hacia lo interno y hacia lo externo, a lo que se agrega la falta de controles, proteccionismo y subsidios delirantes que solo pueden más o menos sostenerse a gatas y temporalmente por los enormes recursos naturales del vecino país.
En el comparativo internacional, la Argentina queda barata por esta causa pero también por una relación cambiaria que denota la falta de confianza en su moneda, a la vez de que sobre todo los gobiernos peronistas han intentado disfrazar este problema con la instrumentación de un sistema de cambios diferencial según sea quien compre o venda el dólar, lo que naturalmente no solo se presta para “calesitas” y distorsiones, sino que además es fuente de corrupción para la burocracia estatal que es discrecional en el otorgamiento de beneficios según quién esté del otro lado del mostrador, y la tajada que puede obtener por esta concesión.
En el caso de nuestro país, a los perjuicios a las empresas productoras de bienes y servicios en general, al turismo, se agrega una problemática que afecta seriamente al transporte terrestre, y aunque es un tema que se viene dando desde hace muchos años, los extremos a los que ha llegado la distorsión tiene efectos devastadores por ejemplo en el transporte internacional de cargas, como se diera cuenta en nota de EL TELEGRAFO.
Y lo que es peor, no hay respuestas de fondo para enmendar esta brecha, sino alguna que otra medida para atenuar los efectos.
Recientemente informábamos que la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad enviar una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que se exonere de IVA al transporte internacional uruguayo, además de prohibir el pago en efectivo de los fletes realizados en Uruguay por transportistas argentinos, habida cuenta de que ello se presta para efectuar maniobras que afectan aun más la competitividad de los camioneros de nuestro país.
Además de pedir la rebaja del 100 por ciento del IVA que grava el tramo nacional de los fletes de importación para las empresas de transporte de bandera nacional que cumplen este servicio, se solicita que los pagos de fletes hechos por las empresas de transporte de la región en el país no puedan ser cobrados en efectivo sino que se efectúen a través de transferencias bancarias, lo que evitaría que este dinero, de pagarse en efectivo, sea cambiado a valor de dólar blue en Argentina y por lo tanto se aumente la brecha cambiaria, en menoscabo de la competitividad del transporte uruguayo.
Los números además son contundentes respecto a la tendencia de los últimos años: el transporte terrestre internacional de cargas de nuestro país ha ido perdiendo sistemáticamente mercado respecto a sus similares de Argentina, Brasil y Paraguay, porque siempre el Uruguay ha sido un país caro en la región, incluyendo sobre todo el precio de los combustibles, pero también por los costos en general y encima las cargas tributarias y cargas sociales.
Es un problema estructural, naturalmente, por lo cual las medidas deberían ir por este lado y no por parches de ocasión que ocultan el problema real, pero una cosa es el desnivel constante y otra los factores coyunturales que agravan este escenario, como es el caso de la actualidad.
No son fáciles las respuestas ante la enorme brecha con la otra orilla –incluso muchos artículos, si se le sacaran todos los impuestos, igual seguirían siendo más caros en Uruguay– pero corresponde que mientras se espera que la Argentina vaya corrigiendo los males que corrompen su economía –aparece más como una ilusión, además de que no va ser cosa de un día para otro ni nada que se parezca– de este lado se tenga el sentido común de no dejar caer a sectores clave, para lo que es preciso ensayar respuestas que lamentablemente deberán ser a medida y por ahora solo paliativos. Pero el no hacer nada mientras la enfermedad se agrava, es tirarse un tiro en el pie cuando por añadidura el camino a recorrer es largo, cuesta arriba y plagado de piedras.
