Las imágenes que recorrieron el mundo la noche del domingo mostraron a decenas de miles de chilenos celebrando en la calle el triunfo del “No” al texto de reforma constitucional que promoviera el gobierno de Gabriel Boric aprovechando la oleada que lo llevó al poder, con el apoyo de la izquierda, sectores minoritarios radicales, organizaciones sociales y oenegés, incluyendo a grupos étnicos indigenistas y gremios, para lo que consideran era una herramienta fundamental para llevar adelante los cambios.
Pero le salió el tiro por la culata. En la votación de este domingo, por un abrumador 62 a 38 por ciento, el pueblo chileno rechazó el texto plebiscitado, que salió de una constituyente dominada por grupos intransigentes que pretendieron incluir en la Carta Magna una serie de normas que parecían sacadas de un manual mezcla de la izquierda sesentista y de reivindicaciones contemporáneas, teñidas en algunos casos por un fuerte subjetivismo feminista y planteos de grupos minoritarios que hacen de sus reivindicaciones el objetivo de la lucha de toda a su vida, y que pretenden que se traslade a la agenda del ciudadano común.
El resultado fue por lo tanto catastrófico para el gobierno y sus aliados y el propio presidente chileno dijo tras conocerse los resultados que “ha hablado el pueblo chileno y lo ha hecho de forma fuerte y clara”, mientras que incluso desde la izquierda moderada se reconoció que con la nueva Constitución los grupos radicales que dominaron la convención “quisieron ir por todo y se quedaron sin nada”, por lo que sigue vigente el texto actual que data de 1980, de la época de la dictadura de Augusto Pinochet, con una serie de modificaciones que se fueron incorporando durante la democracia.
El mandatario, partidario del cambio constitucional, anunció que a partir de ayer comenzaba a trabajar de la mano “de la sociedad civil y del Congreso” para buscar un “itinerario constituyente” y darle celeridad a un nuevo proceso, habida cuenta además de que los categóricos resultados, “exigen a nuestras instituciones que trabajemos hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza”.
La propuesta rechazada por abrumadora mayoría, en suma, declaraba a Chile un Estado social de derecho y ha sido definida por sus defensores como la más “feminista” y una de las supuestamente más vanguardistas del mundo en materia de igualdad de género y protección de la naturaleza, pero en la letra fría terminó siendo un mamarracho impresentable.
La contundencia del pronunciamiento de los chilenos –que sí quieren un cambio, pero “no este”– fue tal que el “Rechazo” al nuevo texto se impuso en las 16 regiones del país, incluidas la Metropolitana –que alberga la capital– y la costera Valparaíso, donde ganó contra todo pronóstico con el 55,4 % y el 57,6 %, respectivamente, y que son tradicionales bastiones electorales de la izquierda.
A su vez en regiones del centro sur como Ñuble, Araucanía o Maule, el “Rechazo” se impuso por más del 70%, sacándole hasta 30 puntos al “Apruebo”.
Desde los grupos metidos en la campaña las reacciones van desde el “hoy día no hay ganadores ni perdedores. Hay chilenos que nos tenemos que volver a encontrar”, según dijo el líder de la campaña del “Rechazo”, Claudio Salinas, al “queremos hacer un llamado a la calma, a estar orgullosos del trabajo realizado (…) La Constitución del ‘80 no nos une ni nos representa”, como indicó por su parte la diputada comunista Karol Cariola, vocera de la campaña del “Apruebo”.
El punto es que los chilenos habían dado un categórico apoyo a la idea de contar con una nueva Constitución, y precisamente según los analistas políticos la contundencia de los resultados recuerda al plebiscito de octubre de 2020, convocado para encauzar la ola de protestas de 2019 y donde el 78,2% de los chilenos decidió iniciar un proceso constituyente y redactar una nueva Constitución. Por lo tanto no hay dudas que los chilenos quieren un cambio.
Sin embargo, dos años después y ya con un gobierno de izquierda encabezado por Boric, no están conformes con el texto que fue redactado durante un año por una convención de ciudadanos elegidos solo para ese fin, con un rejunte de agrupaciones sociales supuestamente “representativas” –de esas que abundan últimamente, incluso en nuestro país–, paridad de género y escaños reservados para indígenas.
“A pesar que las encuestas previas daban como ganador el ‘Rechazo’’, la diferencia lograda es mayor a la esperada. Hay un dicho que se impone siempre en Chile: mejor el diablo conocido que uno a conocer” indicó a Efe Jeanne Simón, de la Universidad de Concepción.
Paradójicamente, el enunciado de que la nueva Constitución propuesta tenía como premisa “unir”. Es que muy esquemáticamente el texto incluía elementos como el carácter plurinacional del Estado, el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, la reelección presidencial, modificaciones en el sistema de justicia y la eliminación del Senado, además de la participación paritaria de mujeres por cuota simétrica a los hombres en instituciones estatales, entre otros; muchas de las premisas que son buenas o suenan bien al oído, pero cuando son plasmadas en papel por sus reales impulsores –casi siempre intolerantes radicales–, terminan en un mamarracho insostenible.
“El triunfo del ‘Rechazo’ es la gran derrota de una ideología que pretendió imponerle a los chilenos la plurinacionalidad y muchos otros conceptos tan ajenos a nuestra idiosincrasia”, aseguró por su parte a Efe Gonzalo Müller, de la Universidad del Desarrollo.
Además, debemos tener presente que el rechazo no fue patrimonio de ninguna clase social en particular, sino que fue transversal a todos los sectores y clases sociales, pese a que los promotores de la reforma hacían hincapié en que la masa de ciudadanos de menores recursos respaldaba in totum la propuesta de reforma.
Pero como síntesis nos quedamos con la reflexión de que “es un texto que no une al país, que nos enfrenta, parece más bien un programa de Gobierno”, según indicó la senadora democristiana Ximena Rincón, uno de los rostros del centro que se desmarcó de su partido e hizo campaña contra la propuesta constitucional.
Y ese es el eje de la cuestión: se fue por todo, con una impronta refundacional, pretendiendo una hiperregulación y no un marco, lo que ha significado el pretender imponer nada menos que desde la Carta Magna una visión ideológica del mundo, de la sociedad, de la lucha de clases, y con una convención constituyente que se manejó muchas veces en forma soberbia y unidireccional, en lugar de contemplar la multiplicidad de visiones que conviven en un país, en toda sociedad, que no pueden –no deben– modificarse por la vía de la imposición.