(Por Horacio R. Brum).- En octubre de 2020, cuando votaron para eliminar la Constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet y sus socios civiles, casi el 80% de los chilenos se pronunció en contra de que la nueva Carta Magna fuera redactada por un órgano con presencia de los representantes de los partidos políticos. La desconfianza de la ciudadanía es tal, que en ninguna encuesta la credibilidad de los políticos supera el 30%; el año pasado, el Índice de Confianza Global elaborado por la encuestadora Ipsos puso a la política chilena como la profesión con menor confiabilidad en el mundo y el alzamiento popular de octubre de 2019 se debió en parte a que la gente se había sentido traicionada por sus dirigentes durante los 30 años desde la vuelta a la democracia.
Probablemente fue por ese rechazo que, para componer la Convención Constitucional, resultaron elegidos personajes que en su mayoría tenían un perfil alternativo o radical. Estos interpretaron el mandato popular como una habilitación para refundar Chile sobre la base de las visiones e ideas de sus sectores, como las feministas, los indigenistas o los animalistas, ignorando la tendencia conservadora de una sociedad en la cual el orden puede llegar a ser más importante que las libertades. Por lo tanto, en el plebiscito de setiembre pasado seis de cada diez chilenos se pronunciaron en contra del proyecto de la nueva Constitución y el presidente Gabriel Boric pagó las consecuencias de no haber hecho un secreto de su preferencia por la opción Apruebo, al perder popularidad en las encuestas más rápidamente que sus antecesores. En los últimos días de octubre, apenas del 26% de los ciudadanos respaldó la gestión del mandatario.
Los miembros de la Convención, ya cesantes en sus mandatos, se replegaron a sus círculos –no sin antes dar a entender que la masa votante no había comprendido sus ideas e intenciones–, y volvieron al primer plano quienes antes habían sido el blanco de los desprecios populares: los políticos. A propuesta del presidente del Senado (un cuerpo que los convencionales quisieron disolver), se formó con tres presidentes de los principales partidos y cinco legisladores el “Grupo de los 8”, cuya misión es conciliar las ideas del oficialismo, la Democracia Cristiana y la coalición derechista Chile Vamos, para redactar una nueva Constitución. Al parecer, el documento rechazado el 4 de setiembre fue a parar a un cajón y los cientos de miles de ejemplares impresos por el gobierno para difundirlo entre la población, que el presidente Boric solía firmar para quienes le pedían un autógrafo, fueron a parar a los galpones de algún comprador de papel viejo.
El Grupo de los 8 está ahora armando un marco de consensos, que incluye eliminar los conceptos que despertaron el desagrado por el proyecto constitucional anterior, como la plurinacionalidad, que daba a los pueblos indígenas la categoría de naciones, o el papel preponderante del Estado en la educación, que atrajo las críticas del influyente sector de la educación privada, en el cual se educan, por ejemplo, 63% de los escolares. Este órgano también determinará la composición de una nueva asamblea constituyente; o sea, si ella se formará con la totalidad de sus miembros elegidos por votación popular, o si una parte estará integrada por expertos constitucionalistas designados por los partidos u otras corporaciones. Así se deja atrás otra decisión tomada por la ciudadanía en las votaciones de 2020, cuando se resolvió que los convencionales fueran elegidos en su totalidad. Igualmente, se disminuirá el número de miembros de la asamblea o convención, pasando de 155 a 100 y está en discusión si se reducen o se mantienen los escaños reservados para los pueblos originarios, que fueron 17 en el cuerpo que funcionó hasta setiembre.
La discusión del contenido del nuevo texto tampoco será enteramente libre, porque estará delimitada por el marco creado por el Grupo de los 8 y habrá un organismo de arbitraje, por si los constituyentes se salen de él. La integración del mismo se hará sobre la base de las propuestas de los partidos políticos y las bancadas parlamentarias y ya se ha descartado que sea el Congreso, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. En la plaza Baquedano de Santiago, el epicentro del alzamiento popular y los disturbios de octubre de 2019, solo queda hoy el basamento de la estatua del general homónimo, que tuvo que ser trasladada al Museo del Ejército a causa de los repetidos intentos de derribarla. En los alrededores, muchos comercios están cerrados definitivamente y otros tienen sus puertas reforzadas con mamparas de metal, para evitar los intentos de saqueo; un par de cuadras más abajo por la Alameda, la avenida principal del centro, la iglesia donde se celebraban las ceremonias de la policía de Carabineros sigue siendo la ruina que quedó después de su incendio por los manifestantes violentos. Por todas partes, las paredes están ensuciadas por grafitis y la gran torre que alguna vez fue la oficina central de la compañía telefónica Movistar continúa a la venta, probablemente porque nadie tiene interés en invertir en un barrio arruinado. Como si fuese un ritual, todos los viernes unas decenas de individuos se enfrentan allí a la policía y vuelven a dañar lo poco que los comerciantes y las autoridades municipales pueden arreglar.
Unos 3.000 millones de dólares en destrozos de todo tipo, cientos de personas heridas, muchas de ellas con los ojos afectados por los perdigones de las escopetas policiales y más de 30 muertos por distintas causas es lo que dejaron los días de protesta de 2019. El cambio más significativo fue obligar a los políticos a ver que el modelo económico heredado de la dictadura, que todos ellos mostraban con orgullo a la región y el mundo, generó progreso sobre la base del aumento de las desigualdades. Así fue como los partidos accedieron a cambiar la Constitución de 1980, vista por el grueso de la población como el respaldo jurídico de esas desigualdades. Sin embargo, los integrantes de la Convención Constitucional se embarcaron en un experimento social que pasó más allá de las aspiraciones del grueso de los chilenos y el resultado fue el rechazo al proyecto de la nueva Carta Magna. Si bien los ciudadanos en general aún manifiestan en las encuestas su deseo de que haya una nueva Constitución, porque sigue rigiendo la de 1980, la sensación es de que Chile se encuentra a foja cero respecto de los hechos de 2019.
