No es ninguna novedad que la población de América Latina está envejeciendo a un ritmo sin precedentes ya que debido a una serie de cambios económicos, sociales y culturales ha descendido la tasa de natalidad y también de mortalidad, tratándose de una tendencia que se considera seguirá en aumento. Esta ampliación de la esperanza de vida de las personas es algo positivo pero también viene con enormes desafíos para los países debido al aumento de la cantidad de personas mayores.
Uruguay es desde hace mucho tiempo un país envejecido, algo que seguramente constatará una vez más el próximo censo. La baja natalidad, que se traduce en la existencia de menor cantidad de hijos por mujer, y el alargamiento de la esperanza de vida, son las variables que desde hace décadas vienen incidiendo en la estructura de la población del país.
Por otra parte, también es uno de los países que presenta mejores indicadores en cuanto a la atención de la salud en el contexto regional –a pesar de las quejas que se repiten por las demoras en la atención médica– y se encuentra entre los países con promedios más altos de pensiones en Latinoamérica.
En este sentido, a la puesta en funcionamiento de mejoras sustanciales en la calidad de la atención a través de un Sistema Nacional Integrado de Salud, lo cual representa un aspecto importante para la población mayor, se le sumó en 2015 el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) que, aunque insuficiente, representa un instrumento inexistente en otros países de la región. En este sentido, cabe señalar que aunque el gobierno provee una combinación de servicios en residencias, centros de día, asistencia domiciliaria y teleasistencia a unas 4.200 personas y subsidia la contratación de asistentes domiciliarios para unas 2.200 personas mayores de 80 años, y un servicio de teleasistencia para unas 1.300 personas mayores de 70 años (SNIC, 2020), se trata de servicios que aún son insuficientes.
Existen otros cuellos de botella en la prestación de servicios para las personas mayores, como el hecho de que –según datos de 2019–, solo el 2% de los centros residenciales que operan en el país estaban legalmente autorizados para hacerlo, y apenas un 10% adicional estaba en proceso de solicitar la autorización.
Estos datos forman parte de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado este año con el título de “Envejecer en América Latina y el Caribe, protección social y calidad de vida de las personas mayores” que plantea que se necesitan reformas en la protección social pero que éstas deben enfocarse en la calidad para cumplir el objetivo de mejorar el bienestar de las personas mayores.
En cuanto a las jubilaciones y pensiones, a medida que la gente envejece éstos se convierten en su principal fuente de ingresos, por lo que una cobertura amplia y unos niveles adecuados de estas prestaciones son cruciales para la seguridad de ingresos. Sin embargo, solo el 42% de los trabajadores de la región, y menos del 30% de la población en edad laboral contribuye a los planes de pensiones. Incluso, advierte el estudio, en los países con mejores resultados de la región, como Bahamas, Chile o Uruguay, una gran parte de la población en edad laboral no cumplirá con los requisitos para una pensión contributiva.
En cierto modo, las políticas públicas necesarias para la atención de las situaciones sociales, económicas y de salud de una población envejecida se enfrentan a una carrera contra el tiempo para tomar decisiones, realizar ajustes y planificar a largo plazo, con una evidente y considerable carga del impacto sobre la población económicamente activa que es la que sostiene la seguridad social para la atención de niños y jubilados.
El fenómeno no comprende solo a Uruguay sino que se observa en toda América Latina, donde la población envejecida está aumentando la demanda de recursos para satisfacer las necesidades de un grupo cada vez más amplio de personas mayores.
“El incremento de la longevidad ha venido acompañado de una mejora general de la calidad de vida de las personas mayores, que hoy en día gozan de mejor salud y tienen menos probabilidades de caer en la pobreza que hace veinte años. Este informe sostiene que, al menos parte de esta mejora, es el resultado de la implementación de políticas de protección social en los ámbitos de las pensiones, la atención médica y los cuidados de larga duración”, señaló Benigno López Benítez, vicepresidente de Sectores y Conocimiento Banco Interamericano de Desarrollo en el prólogo del estudio antes mencionado.
Señaló en este sentido que hay diferencias, tanto entre países como dentro de ellos, que no se pueden justificar, ya que por ejemplo, las mujeres y quienes se encuentran en el extremo inferior del espectro socioeconómico están en clara desventaja en comparación con los demás.
Esta perspectiva implica replantearnos nuestra actitud ante las personas mayores, sobre todo la idea de que nuestros ancianos constituyen una “carga social” y pensar, como propone la OMS, en la continuidad de la contribución de las personas de edad a la sociedad, en cómo desarrollamos un “envejecimiento activo”.
Por otra parte, si bien el acceso a la atención primaria en salud es fundamental para la tercera edad, la adopción de prácticas de vida saludables durante toda la vida resulta igualmente importante. En este sentido, el “envejecimiento activo” es mucho más que comer saludable y hacer ejercicio, ya que comprende una actitud y abarca la continuidad de la participación de las personas en los ámbitos social, económico, cultural y cívico, así como darles la oportunidad de hacer cosas que ellos desean y la sociedad necesita.
La reforma de la seguridad social actualmente a estudio del Parlamento se conecta en forma muy directa con estos temas y exige a nuestros legisladores la consideración de cambios relevantes con los que se podrá o no estar de acuerdo y que deben ser analizados a conciencia, con madurez y respeto en tanto estarán tomando decisiones sobre el futuro de varias generaciones, con consecuencias para los que están trabajando y se jubilarán en el futuro próximo como los jóvenes que se incorporarán al mercado laboral en los años venideros. No obstante, aún siendo una medida importante de cara al futuro de la vejez, no es la única en la que hay que pensar seriamente.
Las recomendaciones emitidas por la Comisión de Seguridad Social de Uruguay establecen explícitamente la necesidad de considerar la reforma de las pensiones dentro de un contexto más amplio de cambios sociales y culturales impulsados por el envejecimiento de la población. Ante la pregunta de cómo seguir avanzando por el camino de una mejor cobertura y calidad de la protección social y, al mismo tiempo, controlar las presiones fiscales, la respuesta del estudio del BID antes citado parece razonable: es necesario un enfoque holístico en el diseño de las políticas de protección social, que considere la diversidad de experiencias de envejecimiento y las interacciones y sinergias entre las pensiones, los servicios de salud y los cuidados de larga duración.