Lo que no se puede delegar

Es recurrente: si la noticia es mala, culpan al mensajero. Al medio, al periodista. Lo hacen habitualmente gobernantes, políticos, dirigentes sindicales, artistas, médicos; en fin, todos lo hacen. Si es buena, en cambio, son pocos los que dicen ¡qué bien los medios!, ¡qué buena gente que son los periodistas!
El artículo 13 del Pacto de San José, dice que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. ¡Y qué menos para la primera de las libertades, custodio de todas las restantes! Es un derecho de todos y cada uno. No es un derecho exclusivo de gobernantes, políticos o sindicalistas, pero tampoco lo es de los medios y los periodistas. ¡Es de cada ciudadano!
Decía Juan Bautista Alberdi que la libertad de expresión es un derecho indelegable. Un derecho que los ciudadanos no pueden ni deben delegar ni ceder.
Es imprescindible que así sea para la existencia de una democracia. Sin ello es una falacia hablar de democracia representativa. Si el ciudadano no puede informarse e informar ¿cómo va elegir a sus representantes a los que, por un tiempo, va a delegar buena parte de su poder y su soberanía? Es ridículo hablar de elecciones libres, de plebiscitos, de representantes legítimos, si el elector no pude informarse con total libertad y a su antojo.
Además es un derecho básico y necesario para que el ciudadano “lleve cuentas” de lo que hacen sus mandatarios. En su condición de mandante debe vigilarlos para saber cómo manejan sus asuntos.
Medios y periodistas en su trabajo profesional lo que hacen es contribuir a que sus conciudadanos ejerzan de la mejor forma su derecho a la información. Se trata de eso. El periodista, en consecuencia, tiene derecho a reclamar facilidades y determinados “privilegios” con el propósito de recoger y buscar información en nombre del público y para trasmitírsela al público.
Esa información que el periodista obtiene en su condición de tal no puede tener otro manejo ni otro destino, ninguno, que no sea la gente. Si la revela, es a los ciudadanos. De no ser así, sería un fraude. La tarea implica mucha responsabilidad y el periodista debe ser muy cuidadoso en este sentido.
Los funcionarios por su parte también deben ser muy cuidadosos. Están al servicio y a la orden de sus mandantes. Y más en lo que hace al derecho a la información pública. Pero no siempre ocurre así; producto de la soberbia del poder, del autoritarismo y de la malsana burocracia.
Es lo único que explica que el periodista Eduardo Preve, quien en su condición de tal publicó un documento “confidencial”, haya sido citado por la fiscalía.
En ningún momento el periodista fue denunciado ni se reclamó que se le investigara ni nada parecido por parte de la Secretaría de Inteligencia. Hubo al principio trascendidos e informaciones quizás interesadas –que confundían al público–, pero al final quedó aclarado que compareció como testigo. ¿Y qué pretendía obtener el Fiscal? ¿Que el periodista le dijera la fuente? El periodista no le iba a dar ni la fuente, ni informar cómo obtuvo documento; y sobre el contenido, ahí estaba: publicado para todos. No se espera otra cosa. Por eso no se explica ni la citación ni tampoco que el periodista se haya hecho acompañar por un abogado y nada menos que por un exfiscal de la Nación. Hay que cuidar que la gente no se confunda. Ni confundirla.
La libertad de expresión es la más sagrada de las libertades y por ello no se debe manosear.
No siempre los ciudadanos valoran la conducta del periodista, del medio. “Eso no se puede publicar”. ¿Y por qué no? Se publica para que lo sepan todos; a los que no les gusta y a los que les gusta. Toda información afecta de diferentes formas al mismo tiempo; el resultado de un partido de fútbol, por ejemplo, unos lo toman alegremente y a otros les produce enojo que se lo recuerden.
El periodista ayuda, pero es el ciudadano el que debe asumir y tratar de entender y juzgar.
Hace unos días se conocieron dos rankings, uno de Reporteros sin Fronteras y otro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En ambos Uruguay cayó. El primero ha dejado muchas dudas.