En los primeros días de este año entró en vigencia en España una ley que hace responsable a las empresas tabacaleras por la recuperación, tanto desde las calles como en las playas, de los filtros de los cigarrillos que comercializan, las conocidas como “colillas”.
En ese país –igual que ocurre en Uruguay y en todo el mundo– los millones de colillas que se tiran cada año, liberan residuos plásticos tóxicos, que pueden tardar décadas en descomponerse. Según estimaciones del 2020, alrededor de la quinta parte de los españoles fuma todos los días; serían más de 9 millones de personas generando este tipo de residuos.
Todavía faltan definir detalles sobre su aplicación y si esto se traducirá en costos adicionales para los consumidores, a quienes las empresas tendrán que advertir que no se deshagan de los filtros en la vía pública ni los liberen al ambiente. Esta ley, que también prohíbe la comercialización de sorbitos y limita los plásticos de un solo uso, permite a España dar cumplimiento a las pautas planteadas por la Unión Europea en materia ambiental. También Irlanda introdujo este año una legislación similar, que obliga a las tabacaleras a contribuir a enfrentar los costos de la basura de los cigarrillos. También puede enmarcarse dentro de una serie de medidas que el país ibérico adoptó para combatir el tabaquismo en los últimos años. Por ejemplo, en julio pasado (verano boreal) se prohibió fumar en todas las playas públicas de Barcelona y se multó a los infractores con 30 euros (32 dólares).
De acuerdo con un informe de la Fundación Catalana Rezero, Cataluña destina anualmente entre 12 y 21 euros (de 13 a 22 dólares) por habitante a la limpieza de restos de cigarrillos en las calles y el número se incrementa en las zonas costeras.
El estudio califica a los residuos de cigarrillos como “los más abundantes” en las playas del Mediterráneo occidental y agrega que las medidas que se aplican para reducirlos, como campañas de sensibilización y ceniceros portátiles en las playas, han sido insuficientes. Esto ha dado lugar a este paso, una norma que responsabiliza a los fabricantes por la recolección de las colillas desechadas, así como de su transporte para el tratamiento de los residuos.
Esto no es nuevo del todo. “La responsabilidad extendida del productor es el principio por el cual los productores mantienen un grado de responsabilidad por todos los impactos ambientales de sus productos a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, pasando por la producción y hasta la disposición final del producto como residuo en la etapa de posconsumo”.
A partir de este principio hay dos aspectos a considerar. El primero, es el manejo de los productos en su fase posterior al consumo, “en la que se desplaza la responsabilidad de la gestión de los residuos generados, bien sea física o económica, parcial o total, hacia el eslabón superior de la cadena del producto, esto es, hacia el productor –o, a decir del ministro de Ambiente, Adrián Peña, de quien lo introdujo en el mercado– liberando al Estado de la responsabilidad de dicha gestión”. La aplicación de este principio está cada vez más extendida en el contexto internacional y se asume que se envían así señales apropiadas a los productores “para que internalicen una parte sustancial de las externalidades ambientales en las que incurren de la disposición final del producto”.
Esto no debería resultarnos tan raro. De hecho, en Uruguay este concepto ya se ha incorporado a la ley, por ejemplo con los neumáticos y los envases de agroquímicos y está en vías de aplicarse además a todos los envases en general. Los primeros cigarrillos con filtro aparecieron entre fines de la década de 1940 y mediados de la siguiente, entre Europa y Estados Unidos. 70 años después son un dolor de cabeza en todo el mundo. La mayoría de estas colillas contienen filtros de fibra de acetato de celulosa, un tipo de bioplástico.
Pero no es que tampoco esté ocurriendo nada con este tipo de residuos en nuestro país. En el mes de octubre pasado el senador Juan Sartori propuso un proyecto de ley con otro enfoque: multar a quienes arrojen colillas en lugares públicos. La iniciativa, que también aborda otros aspectos, se redactó junto a una organización de voluntariado juvenil denominada No más colillas (NMC) que viene concientizando sobre el problema desde su creación, el 5 de Junio de 2019, Día Mundial del Ambiente. Además de concientizar, se dedican a recolectar y reciclar este residuo desde el ambiente, brindando soluciones para ello. Todas las colillas que recuperan son recicladas por una empresa que hace una revalorización del residuo, transformándolo en pintura al agua. Esta pintura se utiliza para pintar murales en las escuelas. El año pasado lo hicieron en 50 centros educativos de todo Uruguay, que se sumaron al programa de educación ambiental Sembrando Conciencia que lleva adelante NMC.
Es un programa de educación ambiental que invita a los jóvenes a tomar acción, juntando colillas y otros residuos para luego revalorizarlos. También generan alianzas con locales comerciales que funcionan como centros de acopio en diferentes ciudades del Uruguay, para la entrega voluntaria de las colillas para ser recicladas. Este año piensan sumar otros 50 centros educativos y nuevos centros de acopio. Durante la pandemia también trabajaron en la recuperación de los tapabocas descartables, que se habían convertido en otro dolor de cabeza.
El primer paso para combatir un problema ambiental, es tomar conciencia de que se trata de un problema y este de las colillas es uno bastante grande que muchas veces no advertimos, pero no es más que prestar atención frente a cualquier banco de una plaza, una parada de ómnibus o cerca de la puerta de cualquier oficina.
No sería mala cosa además anticiparse y colocar en estos puntos clave algún tipo de implemento para que se puedan depositar allí, antes que vayan a parar al río, como mucha de la basura urbana.
