Tanto desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), como desde el Colectivo de Guichón por los bienes naturales se ha dado a conocer de un nuevo episodio de vertidos que se producen desde el vivero Santa Ana hacia una cañada afluente del arroyo Santa Ana. La organización guichonense dio a conocer una serie de fotografías obtenidas por vecinos del lugar en las que se muestra un flujo de agua que cruza el alambrado que delimita el predio del establecimiento de la forestal y la extraña coloración que presenta el agua de la cañada.
Por su parte el Movus salió a reclamar “drásticas y serias medidas” como la suspensión de “la actividad de esa instalación hasta tanto la empresa pueda asegurar la correcta utilización de los productos químicos ahora autorizados por el MGAP”. Señala el grupo en su declaración que “durante años el vivero de UPM ‘Santa Ana’ cercano a Guichón hizo uso indebido de productos químicos no autorizados para su actividad” y alude al informe del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) en el que se indica que se detectó el uso de agroquímicos “los que por disposición inadecuada y mal manejo terminaron contaminando los cursos de agua superficiales de la zona”.
Agregan que las “repetidas quejas de los vecinos, profusamente documentadas, generaron una ‘advertencia’ del Ministerio de Ambiente (MA) que nunca impuso a la empresa la suspensión de sus actividades y que culminó en una notificación de multa, contestada por la empresa y cuyo cobro nunca fue confirmado por el MA”.
Acera de este nuevo episodio expresan que “en estos días los vecinos volvieron a constatar vertidos inadecuados por parte de UPM, los que produjeron en primera instancia la coloración rojiza de la cañada cercana, afluente del Queguay, alrededor de la cual encontraron agonizantes varios ejemplares de mulita”.
Sugieren además que la empresa debería instalar “a su costo un sistema automático de detección y medición de los químicos que vierte en sus efluentes con acceso público en tiempo real que permita el conocimiento y control, especialmente por los habitantes de la zona, de su comportamiento ambiental”. Agregan que esta situación fue denunciada ante el Ministerio de Ambiente.
PASIBLE DE MULTA
Como publicara EL TELEGRAFO en su edición del 19 de octubre de 2022, el Ministerio de Ambiente confirió vista a la empresa Forestal Oriental S.A. (UPM) por encontrarse en situación de recibir una multa de parte del Ministerio de Ambiente por 700 UR (unidades reajustables), es decir 1.045.800 pesos a la cotización de entonces. La factible multa se le aplicaría “por haber derivado desde el vivero de su propiedad, denominado Santana, ubicado en Ruta 4, kilómetro 392, padrón N.º 12.204, de la 5ª sección catastral del departamento de Paysandú, de la localidad de Guichón, sustancias contaminantes (plaguicidas) hacia la cañada y arroyo Santana, en contravención de la previsión del artículo 144 del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, (Código de Aguas)”.
La resolución ministerial dispuso además que la empresa debería “Complementar, aclarar y justificar la información presentada respecto del sistema de recuperación de agua de riego”, en relación la Resolución Ministerial N° 390/2022, del 4 de mayo de 2022. Este punto se relaciona con el considerando III, en el que la cartera señala que la empresa inicialmente había informado “que no existían vertidos directos de ningún tipo”, y en instancias posteriores reconoció su existencia y “presentó información dando cuenta de las acciones realizadas para eliminarlos”. En otras palabras, el ministerio señaló una contradicción que evidencia que lo inicialmente informado por la empresa no se ajustaba a la verdad. Debido a ello es que se pedían explicaciones.
