Algo muy extraño está pasando entre nosotros. Una suerte de creencia de que el espacio digital, internet y en particular, las redes sociales, es una free zone universal, liberada. Y que allí casi todo es válido: la tergiversación, la mentira, la calumnia y la difamación. Todo hecho a conciencia.
En ese universo de free zone para el despropósito se ha ido muy lejos, demasiado lejos. Las redes han cambiado la vida diaria de las personas, especialmente el mundo de la información y la comunicación.
Pero no es de recibo naturalizar estos atropellos como si hubiera un territorio liberado para burlar las leyes y martirizar conciudadanos.
En este territorio ajeno a lo civilizatorio, no hay límites entre lo público y lo privado, entre lo real, lo virtual, la verdad y la mentira.
A tal extremo se ha vuelto un territorio inhóspito, que los especialistas alertan acerca de la interacción. Por eso dicen, “siempre habrá detractores, gente odiosa y grosera, y no puedes salir a responderles a todos: cuida tu marca, sé selectivo en las respuestas y ármate de paciencia y tolerancia. Recuerda que muchas veces un silencio vale más que mil palabras”.
No todos, obviamente, aceptan la calidad del ecosistema de las redes sociales y rechazan transformarse, perdiendo todo código de convivencia social, de urbanidad. Pero muchos e intensos, no sólo son felices dentro de ese mierdero, sino que falsean su identidad, compran bots o “granjas de bots” para estrategias o acciones maliciosas, premeditadas y planificadas.
También en esa free zone están los que actúan a cara descubierta, sobre el campo abonado, y repiten insultos, mentiras, calumnias, sintiéndose impunes y valiéndose de esa impunidad.
Uno de los ejes temáticos más virulentos son los relacionados a la cosa pública. Como ya se dijo, al tratarse de un espacio exonerado de reglas civilizatorias, se agrega que algunos actores públicos, especialmente del mundillo político, actúan impulsados por las peores prácticas, ruindades y miserias, con la convicción de que si tuvieran la ingrata sorpresa de que alguien les llamara al orden por sus actos, apelarán, como un blindaje, a su inmunidad parlamentaria, presuntamente, consagrada en sentido amplio en la Constitución.
La inmunidad
La inmunidad de opinión y expresión de los parlamentarios se remonta a 1689, y tiene su origen en el derecho inglés, como una prerrogativa de freedom of speech.
El Bill of Rights de 1689 es una ley del Parlamento de Inglaterra que estableció ciertos derechos civiles, con inspiración en John Locke. Estableció principios muy firmes; por ejemplo, fijó límites a los poderes del monarca, estableció los derechos del parlamento, incluidos los parlamentos regulares, las elecciones libres y la libertad de expresión. Listó derechos individuales, estableciendo la prohibición de castigos crueles e inusuales, así como también el derecho a no pagar impuestos que se pretendan recaudar sin la aprobación del Parlamento.
Desde entonces, el desarrollo de la institucionalidad democrática y la vida parlamentaria ha estado garantizado por este principio de inmunidad, especialmente referido a la libertad de opinión y de expresión. Esta inmunidad se fue extendiendo hasta alcanzar la protección frente al poder judicial.
En el Uruguay de hoy, el artículo 7 de la Constitución establece de manera general que “los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.
Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”. También la Constitución prevé para los legisladores regímenes con mayorías especiales para que prospere una acusación criminal, lo que de hecho genera un freno a los atropellos. Pero el espíritu original de estas protecciones, de esta inmunidad, no fue extender un cheque en blanco para la inconducta, sino ubicar un freno institucional frente al arrebato u atropello de los poderosos de turno.
Para los ciudadanos, el goce de la vida, honor, libertad… y para el legislador, salvaguardar la libertad de opinión y expresión.
Pero la larga evolución de la democracia y sus garantías, parecen no haber podido prever esta derivada, ni la atomización del sistema y el debilitamiento del viejo esquema partidario, y menos aún las redes sociales, un estercolero agresivo que gira veloz y con una lógica centrípeta, ubicándote en el centro de la mira de la agresión.
La inmunidad tiene una doble dimensión; la primera, es una garantía institucional, de la integridad de ambas cámaras, y cada cámara es el órgano constitucional legitimado para resolver. Allí, en suma, se resume de modo institucional el principio de la soberanía popular. La segunda, una garantía individual, que tiene que ver con que no puede ser detenido ni procesado sin la expresión previa de su respectiva cámara.
Esta norma habla de otro contexto, y ya no de este. Es que a partir de las redes sociales se ha multiplicado la verbalización agresiva de los inmunes.
Es hora de revisar una norma ya obsoleta, descontextualizada, por la cual ya se ha abusado hasta el hartazgo. No se trata de listar nombres, sino de retornar al imperio de las leyes, de los iguales.
La iniciativa de Díaz
Este jueves, el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, lanzó una propuesta oportuna: introducir vía una ley interpretación del artículo 112 de la Constitución, que precise que los legisladores no están ejerciendo su función cuando utilizan las redes sociales.
En sentido estricto, “simplemente no aplicará la inmunidad civil y penal que tienen por sus dichos y serán responsables al igual que todos nosotros (ciudadanos) cuando nos expresamos. Todos iguales ante la ley y sin privilegios”.
Thomas Jefferson solía decir que “cumplir la ley es mejor que hacerla” y la ubicaría bajo un principio universal: “Derechos iguales para todos, privilegios especiales para ninguno”. Esa es la idea: “privilegios para ninguno”.
La inmunidad parlamentaria en Uruguay no sólo protege al legislador, sino que se ha deformado tanto su manto protector que se incluye la acción difamatoria y las amenazas, abiertas y desenfrenadas, sin que un solo fiscal entienda que allí hay un delito. Tal privilegio, ejercido de hecho, es inaceptable.
Transformaron la inmunidad en impunidad, eximiéndose de sus responsabilidades legales.
Debemos preservar el principio de que la inmunidad parlamentaria es necesaria para legislar, para el debate y sostener la honorabilidad parlamentaria.
Pero ya no más inmunidad para la desenfrenada actuación en el mundo virtual de las redes sociales. Porque sabe a impunidad, a ciudadanos de dos categorías, pero todos somos iguales, en derechos y obligaciones, y a la hora de actuar en libertad en las redes, todos por igual asumir las responsabilidades civiles y penales que se deriven de tales acciones.
La inquietud ahora es ¿cómo sigue esta iniciativa, oportuna y sensata, para poder transformarse en valor, en acción? ¿Quién tomará el guante?