El 27 de julio del año pasado, el presidente de la República Luis Lacalle Pou reglamentó el decreto que habilita a la incautación de caballos –entre otros animales— que se encuentren sueltos en la vía pública y facultó a dicha tarea a la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). “La citada repartición ministerial contará, en Paysandú, con el apoyo de la Intendencia Departamental que aportará el arriero y el tráiler con capacidad para el transporte de dos equinos que realizará las incautaciones acompañados por un móvil del Ministerio del Interior”.
El decreto mencionado habilita “a proceder previa inspección en la intervención, decomiso definitivo y venta o donación a instituciones de bien público de los bovinos, ovinos, porcinos o equinos de dueño conocido o desconocido que se encuentren en la vía pública dentro de vertederos o basurales municipales, siempre que no fuesen retirados por su titular en un plazo máximo de 72 horas luego de su notificación”. Tal como lo detalla el documento, ante la presencia de animales sueltos, el procedimiento que corresponde es la denuncia policial, que activará el operativo a cargo de la citada repartición ministerial que –en el caso de Paysandú– se lleva adelante con el apoyo de la Intendencia. Sin embargo, el decreto no se cumplió a cabalidad en cuanto al plazo de 72 horas, dispuesto para que la dependencia ministerial resuelva sobre el destino del animal –remate, donación o faena– ante la imposibilidad de la presencia de un tenedor responsable. El decreto señala que los animales serán devueltos “a los productores que acrediten su propiedad, mediante la documentación pertinente. En el caso de que estén registrados en el Sistema Nacional de Información Ganadera, serán entregados al propietario o razón social”. Si el dueño es desconocido, las jefaturas pondrán los animales a disposición de la División de Sanidad Animal y si no están identificados, dicha tarea estará a cargo del MGAP.
El INBA
De acuerdo al decreto, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) deberá estar informado en un plazo de 24 horas, luego de las 72 horas transcurridas, “para que presente un pedido formal y expreso” de su donación a los organismos u organizaciones de la sociedad civil vinculadas al bienestar animal”. El traslado se hará a cargo del donatario, en un plazo de 5 días hábiles a partir de la solicitud del instituto y serán destinados a predios que contarán con la supervisión oficial, con su respectivo pastoreo. El decreto posibilita que el MGAP celebre “convenios con instituciones públicas, privadas y paraestatales para disponer de predios” donde se depositen los animales decomisados mediante el pago correspondiente de los gastos generados en el cuidado de los animales. En agosto del año pasado, el operativo comenzó en Paysandú con la coordinación de Servicios Ganaderos, la recepción de las denuncias por el 911 del Ministerio del Interior y el trabajo de los arrieros de la Intendencia que disponían de los animales incautados en un tráiler. Posteriormente eran trasladados a un campo en Guichón, donde generó polémicas ante las condiciones del predio y el estado sanitario de los equinos. Frente a un aumento de las denuncias públicas, la Dirección Departamental del MGAP dispuso el traslado de los animales a un santuario. El secretario general de la Intendencia, Fermín Farinha, dijo a EL TELEGRAFO que “hay un antes y un después con el decreto que encomendó al MGAP las disposiciones contenidas en la ley y reglamentó la operativa a cargo de la Dirección General de Servicios Ganaderos”. El documento “establece los parámetros de actuación y el bien jurídico a proteger y está claro que el decreto, incluso, faculta a establecer convenios con otras entidades y organizaciones paraestatales. Pero claramente la responsabilidad recae en el MGAP y para la operativa, requiere del auxilio del Ministerio del Interior, donde se reciben las denuncias”.
El jerarca subrayó que “desde el primer momento es un tema que nos ha ocupado porque, si bien no es de nuestra competencia, sí está dentro de nuestras incumbencias. La Intendencia está llamada a colaborar y así lo ha hecho para facilitar los procesos de incautación”.
BIENESTAR ANIMAL
Consultado sobre los aspectos vinculados al bienestar animal, reconoció que “la operativa anterior no ha tenido el resultado que esperábamos”. Sin embargo, Farinha recalcó que el tiempo transcurrido “va en desmedro de la situación” de los animales sueltos. Aclaró que “tenemos el personal definido –que son los arrieros– para asistir en la incautación y proveer de locomoción y traslado. El destino debe ser definido por el MGAP, porque el animal suelto genera un riesgo indiscutible y la responsabilidad del tenedor es relevante. Ese aspecto aún hoy no se visualiza en la población, aún a costa de la seguridad pública”.