Cecilia Bottino, tras la media sanción en Diputados del proyecto de Tenencia Compartida, con votos en contra del Frente Amplio y del Partido Independiente, aseguró que se trata “del peor proyecto de la legislatura por los sujetos que afecta; porque en realidad afecta a los niños y adolescentes y a sus derechos. Los afecta en grado muy alto, los pone en riesgo muy importante en cuanto a su integridad física, psíquica y emocional. Especialmente porque establece en sus artículos 4 y 6 la posibilidad que aun habiendo medidas cautelares, adoptadas cuando hay violencia doméstica, aun en ese caso se puedan mantener las visitas y el contacto con el progenitor que está cometiendo ese abuso. Para nosotros es una situación que no puede suceder porque en definitiva, las medidas cautelares precisamente se aplican como medida precautoria ante un riesgo concreto, para evitar que continúe el daño”.
“Es bien claro -destacó- se aplican provisoriamente con un plazo para la evaluación del caso, durante el cual lo que se hace es evitar el contacto de los niños contra su posible agresor, violador o abusador sexual”.
Adelantó que este año, cuando el venidero 25 de abril se den las cifras, la cantidad de niños abusados aumentará sensiblemente. “El año pasado fueron más de 7.300 niños, denuncias registradas, porque es claro que hay muchos casos que no ingresan al sistema. De hecho el presidente del INAU anunció que este año va a aumentar significativamente, especialmente en maltrato y abuso sexual. Esto se produce sobre todo en el ámbito intrafamiliar, por lo tanto es peligroso que el agresor pueda continuar en contacto con los niños que son víctimas”.
Con este proyecto “el juez, mientras dure el proceso, sin perjuicio de las medidas cautelares que aplique, puede disponer que en lugares públicos, con acompañamiento de otras personas, continúen con visitas. Eso, para nosotros, no es ninguna garantía, porque en realidad el daño continúa”.
LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
“No lo dice el Frente Amplio ni Cecilia Bottino”, aseguró la legisladora por Paysandú. “Pasaron treinta delegaciones por la comisión, que dijeron que estaba mal legislar así. Para mi, fueron muy contundentes las catedráticas de siquiatría infantil del Área de Siquiatría Forense, que hacen los informes forenses como asesoramiento a los jueces de familia, que tienen que determinar en estos casos. Dieron datos muy concretos. Dicen que las medidas cautelares se tienen que resolver rápidamente y pusieron como ejemplo el daño que sufren sobre todo los niños de hasta 5 años, que están en plena maduración. Ellos tienen un proceso de internación y en casos con medidas cautelares los tienen que hospitalizar hasta 14 días, e incluso más, por el alto riesgo que sufren. Si ahora por ley se autoriza que los progenitores agresores continúen en contacto con sus víctimas, obviamente que será mucho peor”.
EL PAÍS PUEDE SER OBSERVADO INTERNACIONALMENTE
Uruguay firmó en 2004 la Convención Internacional de Derechos del Niño “que establece el interés superior en el niño, el derecho a ser oídos y el paradigma por el cual los niños son sujeto de derecho. Unicef cita eso en la carta que nos envió a todos los diputados -y lo informó en comisión- cuando vieron que el proyecto avanzaba y dejó en claro que hay tres cuestiones que si se convierte en ley seremos responsables internacionalmente como país”.
“La primera es que se somete al niño a visitas existiendo medidas cautelares, lo que es inadecuado porque se lo estaría revictimizando”, recordó Bottino.
“En segundo lugar, se pone dentro de las condiciones para que el juez resuelva la tenencia compartida o alternada que el niño no sea víctima de violencia doméstica o hacia su persona. Unicef enfatiza en esto, como criterio principal que debe considerar el juez”, indicó.
El tercero en tanto “establece que el niño tiene que ser capaz de expresar su voluntad reflexiva y autónoma. Cuando un adulto va a un juzgado nunca se evalúa si ejerce libremente su voluntad o hay alguien atrás que está influyendo. Entonces no se le puede poner condicionantes -como en este proyecto- al niño que tiene derecho a participar de todo el proceso, a ser parte del mismo sin restricciones”.
