El domingo pasado fue el último día que abrió sus puertas al público Pizza Olé, un local gastronómico con más de 27 años de trayectoria en nuestra ciudad. El hecho genera que entre quince y veinte familias queden sin su fuente de ingresos.
Los empleados han estado manifestándose en la puerta del local para reclamar lo que se les adeuda, y también para evitar que el mobiliario y demás artículos fueran retirados. EL TELEGRAFO se hizo presente en el local, donde pudo obtener la versión de los empleados a través de uno de ellos (que aclaró hablaba en nombre de todos) quien manifestó que “estamos asesorados por abogados, y hay una orden judicial para que hasta hoy (por el día jueves) a las 15:00 no se retire nada, porque lo que pretendemos es que de la venta de todo se nos pueda pagar. Nosotros nos enteramos de un día para otro que cerraba, sabíamos que la propietaria tenía problemas financieros y de hecho se nos deben licencias de 3 y 4 años, a cada uno de nosotros se nos debe más de cien mil pesos aproximadamente”.
Agregó que “le hemos planteado en su momento que si cambiaba de dueño, hasta olvidaríamos la deuda con tal de seguir teniendo trabajo”.
Del otro lado, las versiones de la propietaria refieren a que el cierre es inevitable porque “la pandemia y la apertura del puente me ha perjudicado como a muchos, y no se ha podido revertir la situación”. Según manifestó, sus hijas le pidieron que priorizara su salud, que aunque no puede obtener la jubilación por deuda en BPS y DGI, no le va a faltar ni techo ni comida. También está asesorada por abogados, y a causa de que su relato difiere radicalmente de la de los empleados, el tema deberá dirimirse en la justicia.
