La polémica planteada en los últimos días en relación con el aumento de la salinidad del agua y el papel jugado por Obras Sanitarias del Estado (OSE) ha dejado en claro lo que todos sabemos: desde su creación, ese organismo ha sido la Cenicienta del Estado. Mientras tanto UTE como Antel han invertido millones de dólares en mejorar los servicios que prestan a sus usuarios (con resultados bastantes dispares, máxime cuando se trata de empresas monopólicas en la mayoría de sus áreas), OSE ha quedado relegada incluso en el imaginario político nacional. Normalmente los trampolines para una carrera política son UTE (pensemos en Alberto Volonté) o Antel (tal fue el caso de Carolina Cosse), pero seguramente ningún político con oficio y mínimo olfato de batalla por presidir la OSE.
De acuerdo con la página web del organismo, OSE “es el organismo estatal responsable del abastecimiento de agua potable en toda la República Oriental del Uruguay, y del servicio de saneamiento en el interior del país, desde 1952. La ley de creación de OSE, establece que sus cometidos deben efectuarse con una orientación fundamentalmente higiénica, anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico. Asimismo, a través de la reforma de la Constitución del año 2004, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en declarar como derecho humano fundamental al acceso al agua potable y al saneamiento. Del mismo modo, se dispuso que estos servicios sean prestados exclusivamente por el Estado”.
Según lo informado por el portal de noticias Telenoche, “En los últimos días OSE decidió aumentar la salinidad del agua ante el déficit hídrico que afecta Montevideo y la zona metropolitana. “La norma escribe que la salinidad no debería ser mayor que 250 miligramos por litro, hasta ahora hemos venido cumpliendo eso, así que hemos resuelto en primera instancia subir a 450 ese valor. No estamos poniendo en riesgo la salud”, dijo el presidente de OSE, Raúl Montero. La situación de sequía llevó al directorio de OSE a tomar la resolución. El ente aseguró que se llegó a un límite y se deben cuidar las reservas del área metropolitana. (…) El director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, dijo que la “medida salió por consenso porque la situación es grave y pensamos que lo primero es la gente y garantizar el abastecimiento de agua no solo para el consumo sino para el funcionamiento sanitario”.
Lo cierto es que los nuevos niveles de salinidad del agua de OSE que afectan a Montevideo y a la zona metropolitana dejan mucho que desear frente a los estándares internacionales en la materia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el límite recomendado de sodio en el agua potable es de 200 mg/L. En la Unión Europea, este límite es aún más estricto, estableciéndose en 20 mg/L. Sin embargo, cuando los niveles de sodio en el agua superan estos límites, pueden aumentar el riesgo de hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. El diario “La República” informó que “un estudio realizado en Australia encontró que el consumo de agua con niveles de sodio superiores a 20 mg/L puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial en un 16%. Otro estudio realizado en Canadá encontró que los niveles de sodio en el agua potable estaban directamente relacionados con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular”.
El Ministerio de Salud Pública sostuvo que el agua es “totalmente segura” para consumir, pero recomendaron a los hipertensos graves que se realicen sus controles de presión arterial de forma “más frecuente” y, en caso de poder hacerlo, consumir agua mineral embotellada. Además, recomendaron consultar a un médico ante la aparición de alteraciones en la presión, advertencia que se extendió a quienes padecen insuficiencia renal. Por su parte, el ministro de Ambiente admitió que el agua de OSE no es “potable” pero sí es “bebible” y se puede consumir aunque no cumple con las métricas básicas de lo que se considera potable. La frase de este ministro no sólo es confusa, sino que parece contradecir el significado que el diccionario de la Real Academia Española (RAE) en el cual el significado de la palabra “potable” es “que se puede beber”. Al final de cuentas, resulta particularmente llamativo e indudablemente preocupante que en un tema tan sensible dos ministros de Estado tengan opiniones tan diferentes.
Como era de suponer, toda esta situación disparó las ventas de agua embotellada, cuyas ventas se duplicaron En el caso de los bidones de agua el incremento alcanzó incluso el 176% interanual respecto a la primera semana de mayo de 2022. Esto quiere decir que aquellos que tienen los recursos económicos para hacerlo deben pagar dos veces por el agua que usan: a OSE y a los embotelladores de agua mineral, situación inaceptable que coloca sobre las espaldas de los usuarios una carga económica extra que es responsabilidad del organismo estatal.
Ante este panorama, los políticos tanto del gobierno como de la oposición vieron una oportunidad de arrimar agua para su molino –esperemos que agua potable– y lograr algunos minutos de exposición en los medios de comunicación. La oposición se refirió, entre otras cosas, a la demora en no haber construido la represa de Casupá (cuyo financiamiento internacional ya estaba otorgado), olvidándose que cuando estuvo en el gobierno el Frente Amplio prometió infinidad de veces la construcción de una planta de efluentes de Paysandú, promesa nunca cumplida hasta el día de hoy. Por su parte el gobierno se defendió haciendo referencia a la situación de la sequía, al cambio climático y la opción por otros proyectos en materia de abastecimiento de agua. Según el portal de los medios públicos, el presidente Luis Lacalle Pou afirmó “el gobierno priorizó Arazatí, que toma agua del Río de la Plata, argumentó. Casupá no está descartada, pero es una obra que excede los 80 millones de dólares. “Optamos por Arazatí, porque nunca (al menos en los próximos 100 años) se va a quedar sin agua en la toma. Cuesta 270 millones, pero nos vamos a asegurar el abastecimiento. Tendría tanta cosa para criticar… De todo lo que se dijo que se iba a hacer”, comentó y puso como ejemplos el gasto del Antel Arena o lo que pasó con el proyecto de la regasificadora”.
Más allá de los chisporroteos y el cotillón político partidario, lo cierto es que Juan Pueblo es el que termina pagando los platos rotos, cuya rotura es consecuencia de muchos años de abandono y falta de interés hacia la OSE. Estamos hablando de cañerías tan viejas como contaminantes, de falta de gerenciamiento, de obras anunciadas y nunca concretadas y hasta de las pérdidas de agua que todos vemos en la vía pública durante meses o años y respecto de las cuales OSE no hace nada a pesar de que los vecinos presentan denuncias al respecto. La OSE ha sido, desde su creación, y sigue siendo una Cenicienta con sed de un sistema político que finalmente tome en serio su papel vital para el desarrollo nacional y le otorgue los recursos y el apoyo que merece y necesita. Hasta que eso no suceda, situaciones como la actual seguirán ocurriendo y los políticos acomodarán el cuerpo a la ocasión según de qué lado de la canilla estén.
