Estamos transcurriendo el Mayo Amarillo, un mes de actividades destinadas a sembrar conciencia sobre la movilidad y los peligros a los que estamos expuestos y a los que exponemos a los demás al hacer uso de la vía pública. Las actividades se concentran especialmente en la denominada Semana de la Movilidad, es que justamente en la que nos encontramos transitando hasta este domingo 21 de mayo y coincide con la 7ª Semana de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Pero más allá de este mes o de esta semana puntual la preocupación por estos temas debe ser una preocupación permanente para las autoridades teniendo en cuenta el tamaño del problema, dimensionado por las cifras de incidentes, de lesionados y de fallecidos en siniestros de tránsito, tanto en las rutas con en las calles de las ciudades uruguayas. Pero es que tampoco se trata de un problema exclusivo de nuestro país, ni que hablar. El mundo entero padece problemas derivados del crecimiento permanente de la cantidad de automóviles en las calles y no ha aparecido por ahora una solución que sea indiscutiblemente aprobada. Sí han surgido soluciones que se han mostrado como contundentes, que han tenido un impacto y por ello son cada vez más empleadas, en Uruguay y en el mundo, y si instantáneamente pensó en los radares de control de velocidad, está en lo cierto. Pero claro, no podemos decir que sea unánimemente aprobada porque en especial a los conductores no les simpatizan los radares, pero que son efectivos, es fácilmente comprobable viendo cómo cambia el comportamiento de quienes conducen cuando se encuentran con que en determinado tramo hay un radar. Eso no lo logra ningún tipo de señalización o letrero de advertencia y ni siquiera las también temidas lomadas, que también siguen proliferando.
En el marco de esta Semana para la Seguridad Vial, Naciones Unidas está proponiendo un cambio, un replanteo en el enfoque de los gobiernos sobre la movilidad, que básicamente consiste en priorizar la seguridad y fomentar otros modos de desplazamiento. “Los gobiernos y sus asociados deben aumentar las inversiones para fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público, puesto que dichos medios de transporte promueven la equidad y la salud de las personas y del planeta”. Advierte, claro, que para materializar esta visión hay que “dejar de seguir funcionando como de costumbre” y sostiene que “para garantizar la seguridad, todas las redes viales deben concebirse teniendo en cuenta la seguridad de las personas de mayor riesgo”. Y basta hacer un repaso del saldo de los siniestros en la sección Policial para ver quiénes son los más afectados en los choques. Además del crecimiento en cantidad, advierte el informe de Naciones Unidad que “en algunos países los automóviles también están aumentando de tamaño, lo que entraña un peligro todavía mayor para quienes se encuentran fuera de los vehículos”. Esto, estima, “obligará a rediseñar las calles para las personas y tener especialmente en cuenta a las que presenten un mayor riesgo de lesión: los niños, los adolescentes, las personas con discapacidad, los peatones, los ciclistas y los usuarios del transporte público”. Y si la calle es más segura y más cómoda para circular en bicicleta, seguramente se logrará que muchos se pasen a ese medio de transporte, porque desde el punto de vista económico no tiene punto de comparación. Un desafío bastante mayor sería lograr que crezca el uso del transporte público. Allí aparece como una posibilidad muy interesante el proyecto que propone la incorporación de garitas inteligentes, una idea que se había planteado tiempo atrás con similares características en un Despertar Emprendedor, los encuentros que organizaba la Agencia de Desarrollo Paysandú para que estudiantes de los centros educativos trabajaran en proyectos innovadores. Es que buena parte del problema del transporte público es la falta de información sobre sus recorridos y horarios. Quien lo necesita porque no tiene alternativa se procura la información que requiere sobre el ómnibus que lo lleva de su casa al centro, generalmente, pero el transporte público así como comunica hoy, no es una alternativa amigable para un usuario ocasional que tiene que dirigirse, por ejemplo, desde el centro a la terminal de ómnibus. Seguramente esa persona se tome un taxi, aun pudiendo tomarse un ómnibus.
Pero volviendo al tema de los radares, tuvimos esta semana un nuevo episodio en la trama de los radares sobre la ruta 3, en Constancia y en la escuela rural número 37. “Las distancias entre el radar y las señales son inadecuadas, no permitiendo ajustar la velocidad a la reglamentaria; en el caso del radar instalado frente a la Escuela 37 Rural de Guaviyú no cumple con la finalidad de proteger zonas pobladas y en este caso el entorno es rural”, había alertado en noviembre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la Intendencia Departamental. Incluso el Ministerio recomendó que se traslade a varios kilómetros de allí, pero así dejaría de proteger lo que se pretende proteger, que es el cruce de los escolares rumbo a la escuela, y más sabiendo que lo que ocurre siempre, es que el automovilista una vez pasa el radar, vuelve a acelerar a la velocidad a la que veía.
Quizás la solución intermedia pase por hacer las cosas bien y poner un cartel de advertencia que indique que la velocidad máxima permitida es “tanto” “en horario escolar” o cuando esté encendida una luz estroboscópica, como se supo hacer hace 40 años y hoy parece que es imposible.
Por otra parte, la velocidad límite de 45 kilómetros por hora en una ruta nacional parece demasiado baja, aún cuando puntalmente dos veces al día y en días hábiles hay una cierta concentración de niños que entran o salen de la escuela, que por cierto está bastante lejos de la ruta. Quizás 60 kilómetros por hora sería más razonable, y más considerando que en plena ciudad hay lugares que está permitida esa velocidad, aun habiendo escuelas cerca, ¡y con muchos más alumnos!
De esa forma se estaría dando una buena señal, en lugar de mostrar una clara intención recaudatoria. El radar estaría verdaderamente para proteger a los escolares, y no para “asustar” o multar incautos.