En las últimas horas se supo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló de forma unánime a favor de Ancap en el reclamo que la empresa estatal hizo por la inconstitucionalidad de la Tasa de Inflamables por la circulación de combustibles que le cobra la Intendencia de Montevideo (IM).
El fallo de la SCJ expresa que “Acógese la demanda de inconstitucionalidad promovida por la vía de acción y, en su mérito, declárase inconstitucional y, por ende, inaplicable a la actora la norma cuestionada, con los efectos temporales desde la configuración de la lesión jurídica”. El directorio de Ancap había encomendado a Ducsa (distribuidora de combustibles y lubricantes de Ancap) que iniciara acciones de inconstitucionalidad porque desde la empresa estatal se consideraba que la IM cobra un impuesto, cuando desde la comuna departamental sostenían que se trata de una tasa.
Los representantes legales de Ancap señalaron en su alegato que “el tributo creado por la norma cuestionada es un impuesto y no una tasa”, ya que “no se verifican, en el caso, respecto del tributo creado, las notas características o esenciales de las tasas”.
“El requisito de la prestación efectiva del servicio surge textualmente del art. 297 núm. 5º, el cual permite a los gobiernos departamentales cobrar tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios prestados por el gobierno departamental. Es imprescindible que el servicio se preste efectivamente, no alcanza con que aquel pueda ser prestado en algún momento o que no se preste realmente en los términos en los que fue creado”, argumentaron los representantes de Ancap.
Debe tenerse presente que Ancap pagaba aproximadamente U$S 12 millones al año a la Intendencia capitalina por dicha tasa, según ha informado anteriormente el presidente de la empresa, Alejandro Stipanicic.
Según da cuenta Montevideo Portal, desde 2016 fueron alrededor de unos U$S 100 millones los que pagó Ancap a la Intendencia de Montevideo por concepto de Tasa de Inflamables. En 2022, fueron U$S 15 millones, y este año la empresa estimaba que serían U$S 12 millones. Como bien sostiene el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, el fallo es “histórico” y refiere entre otros aspectos a la ilegalidad de los U$S 100 millones pagados desde 2016 por dicha tasa, que fue dinero de sobreprecio que “pagó la gente” en el precio de los combustibles.
En este sentido el portal Surtidores.uy señalaba que esta tasa es recaudada y vertida por Ancap a la Intendencia de Montevideo por un concepto denominado “inflamables”, que se rige por lo establecido en la normativa departamental “Título VI”. Establece en su artículo 295 una “tasa creada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 del Decreto 13.490 ratificado por Decreto 13.501 de 2 de diciembre de 1965 y modificativos, se calculará a partir del 1º de julio de 1985, a razón del uno por ciento sobre el precio de venta de los transportados en el mes correspondiente”.
Pero ocurre que la tasa de marras que grava el precio de los combustibles solo es vertido a la intendencia capitalina, ya que ningún otro departamento del país la cobra. La excusa histórica para este impuesto es que Montevideo “sufre” el deterioro de sus calles por tener las plantas de combustible que abastecen a todo el país en el área urbana. La dicotomía es que, aunque los camiones transportan el combustible a todas las localidades del Uruguay, Paysandú por ejemplo es distribuidor para todo el norte del país –abastecido por Montevideo a través de barcazas–, en incluso produce buena parte del alcohol que se mezcla con las naftas del todo el país, pero por algún motivo supuestamente esa tasa no nos corresponde. Y no solo se distribuyen combustibles desde Nuevo Paysandú, también buena parte del portland de Ancap, una empresa que ni siquiera ha aportado para hacer las calles alrededor de sus propias plantas con buen material, cuando son sometidas a un intenso tránsito.
Debe tenerse presente que si por ejemplo el resto de los 18 departamentos exigieran el pago de este gravamen sobre el combustible, entonces correspondería aumentar los combustibles muchos pesos por litro. Aunque este escenario se arrastra desde hace décadas, en claro perjuicio del Interior o más precisamente privilegiando a Montevideo, que es lo mismo, fue el actual Directorio de Ancap, desde que asumió el nuevo gobierno, el que ordenó a Ducsa, su empresa distribuidora de combustibles, que presentara el recurso de inconstitucionalidad contra la Tasa de Inflamables que cobra la Intendencia de Montevideo. Esto claramente ocurrió porque hasta ahora la decisión política era que Ancap subsidiase de esta forma el gobierno de Montevideo, donde por supuesto están la mitad de los votos del país.
El punto es que no estamos ante un hecho excepcional, sino que lamentablemente pauta la regla centralista que se ha dado con gobiernos de todos los partidos. El más notorio de los últimos casos es el del Antel Arena, construido por el ente nacional Antel durante la administración de Carolina Cosse, solo para favorecer a Montevideo, donde la “heladera” no funcionaba muy bien. Con un costo de 120 millones de dólares, que duplicó la estimación inicial, y con una serie de cuestionamientos sobre “irregularidades” administrativas para utilizar dispendiosamente los dineros públicos, se incorporó un estadio de eventos para disfrute netamente capitalino, en lugar del siniestrado Cilindro Municipal, solo que el Antel Arena fue financiado –y seguirá pagándose– con dinero de todos los uruguayos, aún de aquellos residentes en el Interior profundo que nunca van a pisar el estadio capitalino, cuando debió ser financiado exclusivamente por la Intendencia de Montevideo.
Incluso en su momento la exintendente del Frente Amplio Ana Olivera, en un extremo de enajenación política, con el horizonte y el límite puesto en el cemento montevideano, pidió que se le aprobara por el gobierno nacional lo que llamó Ley de Capitalidad –una fuente de recursos más, por supuesto, para sus arcas– ante los “perjuicios” que le causaba a Montevideo ser capital del Uruguay. Y el supuesto “perjuicio” es tener todo el Estado y la dirección de las empresas estatales con sus sueldo millonarios y todo tipo de ventajas y beneficios concentrados en la capital.
El sumun del delirio y de la negación de la realidad a través de un proyecto que felizmente solo quedó en una idea sin plasmar en una ley, pero cuya frustración no ha impedido que por acción o por omisión, se hayan perpetuado medidas centralistas discriminatorias contra el Interior, como es otro claro ejemplo el fideicomiso para el gasoil, volcado prácticamente en su totalidad hacia el subsidio del transporte capitalino, pero pagado en los combustibles por todos los uruguayos. Sin embargo, para el centralismo histórico, estos privilegios son “recursos” extra que pagan los uruguayos “de afuera” para poder darse el lujo de tener una capital como Montevideo, que para muchos de nuestros dirigentes es el único Uruguay, el que termina en el Santa Lucía.
