Déficit de compleja solución
En medio de un creciente déficit, y con acusaciones cruzadas entre AEBU, la gremial que nuclea a los funcionarios, y los directivos de la Asociación de Bancos del Uruguay, la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias atraviesa una situación crítica, que naturalmente proviene desde hace muchos años, pero se ha acentuado con el paso del tiempo, ante la falta de medidas en tiempo y forma y ha ingresado en un período considerado de inviabilidad para seguir pagando las prestaciones del sector en el corto plazo.
Es que, mirándolo desde la perspectiva del funcionamiento de la previsión social, la inviabilidad surge nítidamente del hecho de que actualmente la caja tiene más pasivos que aportantes –de unos 18.000 activos y 19.000 pasivos–, lo que da la pauta que cada funcionario actual tiene que hacerse cargo de sostener el pago de una pasividad, más allá de la situación patrimonial de la caja, lo que a todas luces resultaría imposible de mantener.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, compareció ante la comisión especial que, en la Cámara de Diputados, analiza la reforma del sistema previsional, y citó ante los legisladores un comunicado del sindicato bancario (AEBU), que hablaba de una evolución creciente del déficit de esa caja, afectada por la pérdida de 2.300 puestos de trabajo del sector, que hoy vive una “situación extrema”; ante el incremento del presupuesto que se debe destinar a pasividades, al que se suma el efecto del retraso cambiario y la rentabilidad negativa de las inversiones.
“Esta es la confesión concreta de cuál es el problema de la Caja Bancaria”, señaló Mieres. El último informe mensual de gestión de la Caja Bancaria (de fin de octubre pasado), muestra que el resultado del ejercicio en diez meses era deficitario en $2.820,6 millones. El resultado operativo era deficitario en $2.590,6 millones a la misma fecha. A su vez, el stock de reservas pasó de $5.419 millones a fin de octubre de 2021 a $3.000 millones a fin de octubre de 2022. De ahí la estimación que hacen en el gobierno –según supo El País– de que entre octubre y noviembre de este año, las reservas podrían agotarse.
Mieres a su vez rechazó las acusaciones desde el Frente Amplio en cuanto a las responsabilidades que le caben a esta administración. “Acá lo que hay es un problema estructural, que viene de antes, que nosotros recibimos y al que tenemos que buscarle una solución”, dijo.
Apuntó que la solución llegará en la medida en que el Parlamento la vote. “Seguramente va a haber soluciones, porque nadie va a dejar en banda a ningún colectivo social con respecto a su jubilación”, razonó.
La definición obvia, remarcó, es que se buscará la viabilidad de la caja de manera que todos sus afiliados y jubilados puedan tener una total tranquilidad.
Respecto a la Caja de Profesionales, subrayó que también arrastra un problema de años. El directorio de esa entidad aprobó en diciembre un anteproyecto de ley que, trabajado a nivel del Poder Ejecutivo, se convertirá en breve en otro proyecto a ser enviado al Parlamento.
“Estamos trabajando fuertemente con las autoridades de las dos cajas para buscar una solución a esta situación que heredamos” dijo el ministro. “Los gobiernos anteriores no nos informaron que se venía gestando una situación de tal gravedad. Ahora, este gobierno le está poniendo el pecho a las balas”.
A su vez la crisis de la Caja Bancaria ha aumentado la tensión entre los bancos privados y el sindicato financiero AEBU, al punto que el gremio acusó a las instituciones de “inmorales” y de querer “chantajearlos”, mientras los beneficios que reciben los trabajadores bancarios entran en la discusión.
La Caja Bancaria está en una situación “grave” y sus reservas se agotarán “en breve” planteó la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Bárbara Mainzer.
Se estima que hacia agosto, la caja se quedaría sin reservas. El fondo de la cuestión sería lo que cada parte está dispuesta a ceder en pos de salvar a la Caja Bancaria, cuya última reforma fue en 2008 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez.
Del lado de AEBU se insiste en que las instituciones aporten más a través de la Prestación Complementaria Patronal (PCP), creada en la última reforma y que en el caso de los bancos, los grava con el 2,5 por 10.000 (0,025%), si bien la ley de 2008 establece como máximo el 4 por 10.000 (0,04%) de los activos bancarios.
Del otro lado, la directora ejecutiva de la ABPU, Bárbara Mainzer señaló que los bancos ya tienen “elevadas cargas laborales” y recordó que mientras en el régimen general el aporte patronal es del 7,5% del salario del trabajador, en el caso de los bancos es del 25,25%.
Otro punto de discusión son los “derechos adquiridos” a los que AEBU no está dispuesta a renunciar y que los bancos quieren renegociar.
Por un lado está el subsidio por enfermedad: a diferencia de los trabajadores de otros sectores que perciben el 70% de su salario con un tope de $ 55.869, el subsidio por enfermedad de los bancarios cubre el 100% del salario. AEBU no acepta que se iguale al del régimen general.
Otros beneficios en discusión son el de la prima por antigüedad, los 90 días de licencia que recibe un trabajador al cumplir 25 años de antigüedad en un banco y los viáticos para los bancarios que trabajan en zonas balnearias.
En el caso de los trabajadores bancarios aumenta el sobresueldo solo por el paso del tiempo. Así, hay trabajadores cobrando más de $ 100.000 por mes por rubros atados a la antigüedad, dijo Mainzer. En un año, hay bancarios que perciben entre $1.200.000 y $1.400.000 de sobresueldo simplemente por el paso del tiempo y en algunos casos por hacer tareas rutinarias, añadió en esa ocasión. Los bancarios tienen otros beneficios como reintegros por dentista, para lentes, devolución de tiques y órdenes médicas.
Más allá de estos aspectos, debe tenerse en cuenta de que se trata de cajas paraestatales que en su momento surgieron de la iniciativa de los propios aportantes del sector de cada actividad que apuntaron a tener mejores prestaciones en su retiro, desacoplándose del Banco de Previsión Social, a partir de ingresos que les permitían mayores aportes y por ende lograr prestaciones de mayor monto por lejos que el promedio de los trabajadores del BPS.
Con el tiempo, a medida que en el caso de los bancos, se redujo el número de instituciones y la no renovación de vacantes debido a los avances tecnológicos, los aportantes se han ido reduciendo respecto a los beneficiarios pasivos, por lo que gradualmente se ha ingresado en una desfinanciación.
Lo que es impensable, y sobre todo injusto ante el ciudadano, es que por asistencia estatal, o sea por los impuestos de todos los uruguayos, de miles y miles que ganan la cuarta parte de las prestaciones que paga la caja, se pretende sostener su funcionamiento sin que se hagan verdaderas resignaciones de los propios interesados, ya sea activos como pasivos, para mantener una situación que está muy lejos de la del común de los pasivos.
Porque sería pretender estar siempre en las maduras, como surge de la postura de AEBU, sin hacerse cargo de las consecuencias de mantener la irrealidad de los montos de sus pasividades y sus privilegios, luego de que optaron por esta alternativa de autofinanciación apuntando a que la separación los beneficiara desenganchándose de la suerte de los otros pasivos. → Leer más
(EFE)
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