Lo que Gas Sayago nos dejó
O para tener una idea, es lo que costó el año pasado el viaducto de 1.800 metros, con dos rampas de acceso y un puente en arco de 160 metros de largo, además de otras obras en los accesos al puerto de Montevideo.
Es lo que costará modernizar Salto Grande, con el reemplazo de 14 turbinas sin detener la producción de energía.
O si hablamos de los privados, es lo que se ha exportado en productos elaborados en las plantas de Cousa, una de las principales agroindustrias del país en alianza con varias empresas en los últimos 12 meses. Claro que, también, se hubiera ejecutado con holgura un presupuesto para Casupá, pero este último caso es una suposición. Todo lo demás, fue ejecutado y se puede comprobar.
El jueves de la semana pasada, integrantes del Poder Ejecutivo asistieron a la comisión de Hacienda de la cámara alta, donde nuevamente se expuso sobre la necesidad de liquidar activos y pasivos de Gas Sayago.
El proyecto frustrado de la regasificadora, en realidad, era estimado inicialmente en 256 millones de dólares, pero se ejecutó una garantía por 100 millones y de allí surge ese número presentado ante los legisladores.
Claro que hay seguir sumando millones. Hay juicios pendientes con la constructora OAS, los pilotes que aún no se quitaron de la bahía y los impuestos que deben pagarse todos los meses porque la empresa no se liquidó.
En realidad, una vez que se proceda a su liquidación, la cosa no terminará allí. Los accionistas de Gas Sayago son UTE y Ancap y ambas deberán enfrentar los juicios en curso.
Después de casi 12 años y costos fijos estimados en 125.000 dólares mensuales por algo que no cumple función alguna, el Parlamento se orienta a estudiar un proyecto de ley votado en forma unánime en la citada comisión. Un entierro demasiado lujoso para las necesidades que tiene el país y sobre el cual nadie paralizó actividades en reclamo de mayor transparencia. Porque cuando pudieron hacerlo, miraron para el costado. Esos mismos que hoy tienen claras las inversiones y prioridades con los presupuestos del Estado.
Y, lejos de finalizar su periplo, aún los dos entes deberán asumir las deudas que les corresponda, según su participación como accionistas. Un asunto que, claramente, no ha estado en la agenda de quienes hoy ponen sobre la mesa la relevancia de las empresas del Estado.
Al día de hoy, la situación financiera cerrada al 30 de junio mantiene disponibilidades por unos 52.000 dólares. Es decir que, si no se hace un cierre legal de Gas Sayago, UTE y Ancap deberán poner más dinero.
Cuando el cierre se concrete, el Estado deberá pagar 15.000 dólares mensuales por concepto de seguridad por tiempo indefinido y hasta que resuelvan los juicios pendientes.
Y sobre los juicios no hay buenas expectativas de una resolución favorable para el Estado uruguayo por una razón bien sencilla. Los contratos se hicieron para respetarse y en el caso de OAS, por ejemplo, no se le pagó el avance de obra antes de retirarse. Por daños y perjuicios, el país tendrá que pagar unos 30 millones de dólares.
La empresa Mar Abierto fue contratada para trasladar materiales desde la barcaza hasta la obra y Gas Sayago tampoco pagó. Ahora el Estado deberá abonar 1,7 millones de dólares. Por todos estos “percances” es que se llega a la cifra de más de 250 millones de dólares en todo el proceso.
Es posible que no se retenga en la memoria las razones por las cuales se llegó a la creación de Gas Sayago. Pero conviene remontarse a 2010, cuando el país se embarcaba en el cambio de la matriz energética, a través de un compromiso entre los partidos políticos. Se hablaba del gas, pero el volumen de Gas Sayago superaba ampliamente lo que necesitaba Uruguay. De hecho, UTE advertía que no se iba a usar ni el 10% de su producción.
Por eso, se puso la mira en Argentina sin que hubiera un solo documento que avalara su compromiso. Es decir, el compromiso fue asumido por dos organismos estatales sin ningún tipo de certeza de que los vecinos harían uso del producto.
Cinco años después, ya se sabía que había fracasado porque se negoció con Shell para que se hiciera cargo. Y tampoco fue así. Pero lejos de detenerse, se siguió adelante. Porque en este país existía la costumbre de ver millones de dólares que se pierden y no pasa nada. Nunca pasó nada, porque por este negocio fallido nadie fue preso ni puso de su pecunio. O el Antel Arena, presupuestado en 40 pero “no importa si cuesta 100”. Y así sucesivamente.
Porque cuando hablamos de Gas Sayago, hablamos de una empresa que no produjo nada en una década con una escala salarial muy por encima de otras que funcionan en el ámbito privado. De una empresa que ni siquiera hizo relevamiento de suelos, porque cuando fueron comenzaron a construir, encontraron un barco hundido allí que no había sido detectado. Hay consultorías por millones de dólares para sugerir los mejores lugares de construcción que, a la postre, no sirvieron porque estaba cerca del canal portuario o había que dragar a mayor profundidad.
O las dudas sobre la contratación de una empresa ligada al escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica, como fue el Lava Jato. Y así se puede seguir.
Los fondos públicos han sido manejado con una discrecionalidad que ya no sorprende. Pero lo peor de todo es que aún hay quienes defienden esta gestión. Deberían dictarse leyes que comprometan el patrimonio personal de quienes minimizan estas cuestiones, como si ocurriesen en otro país. Porque ahora hay que escucharlos sobre definiciones presupuestales, justamente en momentos en que se estudia la Rendición de Cuentas.
No debería admitirse tanta desidia en la política uruguaya porque somos un país muy pequeño, que maneja recursos demasiado finitos. Y tan escasos, como el agua. Que es, dicho sea de paso, el argumento que esgrimen para hacer política con “p” minúscula.
En 2022 hubo 431 fallecidos en accidentes de tránsito en Uruguay, tres menos que en 2021. Refleja una tendencia a la baja en la siniestralidad vial desde 2011, pero no la suficiente para el gobierno, que observa con preocupación tanto las cifras de fallecidos como de heridos. “El número de accidentes de tráfico sigue siendo inaceptablemente alto”, dice un documento del Ministerio del Interior que argumenta la necesidad de una nueva norma para sancionar irregularidades en el tránsito.
Personal de la Prefectura Naval Argentina detuvo a un hombre que pretendía cruzar mercadería desde la vecina ciudad de Colón hacia la costa sanducera en chalana.
El titular de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (Dgetp/UTU), Juan Pereyra y la empresa sanducera Calibraciones Russi SRL, firmaron un convenio marco para que estudiantes de UTU puedan realizar pasantías curriculares remuneradas. Cabe destacar que esta empresa se dedica a la instalación y calibración de balanzas electrónicas.
Convocado por la Comisión de Bienestar Animal de la Cámara de Representantes, tuvo lugar un conversatorio con el objetivo de que los legisladores obtuvieran insumos para pensar la posibilidad, necesidad y oportunidad de que las conductas graves de maltrato animal se tipifiquen como delito. Es decir, que ingresen en la órbita penal.
En el mes de junio hubo deflación en nuestro país, es decir que hubo una inflación negativa, por lo que los precios tuvieron una declinación que permite que el índice inflacionario de lo que va del año se alinee con los márgenes del rango meta manejado por el Banco Central del Uruguay.
El alumno del Liceo 1 de Salto, Lautaro Ferreira, representará a Uruguay en la Olimpíada Internacional de Química, que se llevará a cabo en Suiza. El estudiante recibió un reconocimiento en un acto que contó con la presencia de la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, y el subdirector, Óscar Yáñez, quienes le hicieron entrega del pabellón nacional.
¿Cómo hubiera sido el discurso de Yamandú Orsi, o el de Carolina Cosse, en la cumbre de Iguazú? ¿Se los imaginan? ¿El intendente canario opacaría el brillo de Alberto Fernández? ¿Y la intendenta? Todo el escenario y los focos para ella. ¡Que se cuide Lula! Eso sí, alineados; en el marco de la “obediencia debida”.