“Es un juicio mordaza. No debe haber registro en la historia de que a un Estado le hacen demanda por querer transparencia y toda la verdad”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter) el ministro de Defensa, Javier García, aludiendo a la demanda que la organización Crysol, que nuclea a expresos políticos (como se denominan), presentará contra el Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y dijo que es algo “insólito”.
Según se ha indicado, el motivo de la demanda es el proyecto de ley impulsado por los ministerios de Defensa y Educación que daría libre acceso a todos los archivos de la dictadura cívico-militar, que fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos integrada con Educación del Parlamento, a efectos de continuar con el trámite parlamentario de la iniciativa.
“Yo no negocio la libertad a que cualquier persona en Uruguay que quiera acceder a documentos sobre un pasado doloroso, pero que quiera conocer, pueda hacerlo”, escribió el ministro en otro posteo de la red social, a la vez que en rueda de prensa, García afirmó que el tema es “trágico y doloroso”, y que “da la impresión de que hay gente que no quiere toda la verdad ni la transparencia. Las censuras y los censuradores son de las dictaduras; en democracia es libertad y transparencia”, sostuvo.
Este episodio es solo uno más de la polémica suscitada a partir de la iniciativa gubernamental que apunta a correr el velo sobre los misteriosos archivos de la época del gobierno de facto, que a menudo se mencionan y a los que se hacen referencias parciales, pero que no han sido dados a conocer y a lo que se opone enfáticamente la izquierda, la misma que vive reclamando por “Verdad y justicia” sobre lo ocurrido en aquella época, pero con una mirada sesgada de ideología y resentimiento, que deja por cierto muchas interrogantes sobre cuáles son las reales intenciones de mantener todo oculto y dejar la “verdad” sujeta al relato de partes interesadas.
La iniciativa del Poder Ejecutivo consiste en la creación de una sección especial para este tipo de documentación en el Archivo General de la Nación (AGN). La ubicación elegida asegura la conservación y clasificación de este material y sobre todo la cadena de custodia de la información, según la óptica de los promotores de la iniciativa.
García expuso en la comisión parlamentaria que la idea es que “se pueda conocer toda la verdad”, una verdad que a su juicio no pudo conocerse por falta de voluntad política durante los gobiernos del Frente Amplio, ante el temor de dejar al descubierto cosas que no encajaban con lo que se ha sostenido desde la izquierda todos estos años.
Explicó el secretario de Estado que cualquier persona que esté interesada pueda concurrir y consultar libremente estos archivos. “Apelamos a que no haya censura y a que nadie le diga qué puede hacer y qué no. Las censuras son del tiempo de la dictadura”, a la vez que trajo a colación una resolución dictada en 2011, durante el gobierno del Frente Amplio, en que ponían bajo reserva 151 archivos vinculados a la dictadura cívico – militar, pero a la vez subrayando la “reticencia” de la oposición en cuanto avanzar en la difusión de este tipo de archivos, aludiendo a que parece que allí “hubiera algo que quemara”, más potente que el derecho a saber la verdad.
En la misma línea, el senador nacionalista Jorge Gandini defendió el acceso irrestricto a la documentación, señalando que “los archivos no son la verdad, son archivos”, y preguntó “quién será el censor”, que pueda determinar lo que se difunde o no.
Estos documentos vinculados a la dictadura desde hace años estaban depositados en una oficina del Ministerio de Defensa a la que esta cartera no tenía acceso y que técnicamente pertenecen a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).
Además, García señaló que “no sabemos por qué razón el Parlamento no tenía acceso a esos documentos cuando la Institución de Derechos Humanos, que depende del Parlamento, sí lo tenía”, por lo que ante expreso pedido del secretario de Estado estos documentos quedarán en custodia del parlamento”, y solicitó ante los legisladores absoluta reserva sobre su contenido, apuntando a que serán dados a conocer una vez que el Poder Legislativo apruebe la ley.
La iniciativa contempla que se mantendrán en reserva los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, además de toda aquella información que pueda resultar “sensible o pasible de afectación a terceros, de acuerdo a lo previsto en la Ley de protección de Datos Personales”.
Pero por supuesto, el concepto de “verdad”, cuando de controversias ideológicas se trata es muy relativo, si tenemos en cuenta que por ejemplo, ante la aprobación del proyecto de ley en comisión el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que “nuestra lucha en los últimos 40 años ha sido por verdad, memoria y justicia, todo lo que esté a favor de la verdad, pero también todo lo que esté a favor de cuidar a las víctimas”, y consideró que “subvertir el orden”, como “pretende” hacer García, es “hacer politiquería barata. Cuidar a las víctimas es cuidar a los que sufrieron los atropellos de la dictadura que hasta hoy se mantienen. La verdad, la que hay que documentar, sólo la tiene una parte: los militares”, cerró.
Por su parte, el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, señaló que la “principal preocupación” de la organización social es que el gobierno adoptó la “costumbre de ignorar” y cerrar las puertas a la sociedad civil para expresar sus puntos de vista. “No puede ser que se apruebe un proyecto de ley sin que se nos otorgue la posibilidad de dar nuestra opinión”, expresó.
Grisoni dijo que no aceptan que pretendan darles lecciones de “búsqueda de la verdad” quienes “siempre defendieron la impunidad para los terroristas de Estado y que tienen integrantes de los terroristas de Estado en su coalición gubernamental”.
Por su parte la senadora oficialista Graciela Bianchi expresó que “es una ley donde se regula la custodia, las competencias de quiénes van a tener acceso y cómo, ¿por qué estuvieron en manos de dos investigadores de la Universidad de la República? Pero ¿cómo dos personas claramente de un sector político van a tener el monopolio de los archivos? Incluso hubo pedidos, como el del historiador Álvaro Alfonso para acceder a los mismos y la Justicia se lo negó. Entonces, con estas cosas hay que terminar, se acabó el oscurantismo, pongamos todo sobre la mesa, hagámonos cada uno responsable de lo que hicimos y a esta altura, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, es tarea de los historiadores, no es más cuestión de estar discutiendo entre nosotros, porque todos tenemos heridas y todos tenemos cosas negativas que no le hacen bien a la sociedad”.
Por cierto, la reflexión que surge nítidamente y que impacta por su incongruencia es por qué se quiere ocultar estos archivos por quienes han pregonado insistentemente durante décadas “verdad y justicia”, y con rebuscados argumentos y dilaciones pretenden que solo se escuche su relato sobre los hechos acaecidos antes y durante la dictadura. Sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que el movimiento terrorista tupamaro se lanzó a la lucha armada en los primeros años de la década de 1960, cuando había un gobierno democrático al que quisieron derrocar, y no contra la dictadura, como dice el relato que se quiere hacer creer a los que no vivieron aquellos años aciagos de la República.
