Día: 3 de octubre de 2023

“A partir del intercambio con otros colegas, me he convencido de que la iniciativa no solo no enfrenta ninguno de los desafíos que nuestro sistema previsional sigue teniendo, sino que es probable que agrave algunos problemas que la reforma reciente no resolvió y que termine generando resultados opuestos a los buscados por los impulsores de la reforma”, reflexiona el economista Gabriel Oddone, en reciente artículo del semanario Búsqueda.
Refiere así al hecho de que el Pit Cnt decidió promover una reforma constitucional para restablecer un régimen previsional puro de reparto, fijar la edad de retiro y los años de servicio mínimos requeridos y equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional (SMN).
Apunta asimismo el reputado economista, del cual es conocido su perfil ideológico de izquierda, que “considero que la reforma constitucional planteada es inadecuada, inconveniente e imprudente”. Esta postura está en las antípodas del Partido Comunista, el que a través de su máximo dirigente Juan Castillo anunció hace pocas horas que su partido participará activamente en la recolección de firmas y militará en pos de que se concrete la reforma constitucional que promueve el Pit Cnt.

Hasta aquí ninguna sorpresa –el Partido Comunista es… precisamente, comunista– mientras otros sectores del Frente Amplio se han manifestado directamente en contra, no solo por su contenido sino porque también embreta a la coalición de izquierdas y la divide de cara a la contienda electoral del año próximo.
Explica Oddone, al evaluar el contenido de la propuesta del Pit Cnt, que “la reforma impulsada restablece un régimen de reparto puro como el que existía en Uruguay antes de 1961. Si la iniciativa prosperara, las contribuciones de los activos del futuro deberán ser crecientes porque la proporción de adultos mayores en la población total seguirá aumentando. Por eso, un régimen de reparto puro es desaconsejable en un contexto de envejecimiento poblacional”.
Profundizando el análisis, evalúa que precisamente “los efectos negativos sobre la distribución intergeneracional del ingreso que este tipo de esquemas tiene en países sin bono demográfico (o que están próximos a perderlo) es uno de los principales motivos por los que es recomendable sustituirlos con regímenes que incorporen componentes de capitalización. En el caso de Uruguay lo anterior es muy relevante porque la pobreza está concentrada en niños y adolescentes y porque el desempleo entre los jóvenes es tres veces más elevado que el del promedio de la población”. “Debido a ello, no parece adecuado promover una reforma que implique mayores transferencias futuras de jóvenes a viejos. Por todo lo anterior, eliminar el esquema multipilar de nuestro actual régimen previsional no tiene mayor fundamento”.

Asimismo, señala que administrar el pilar de capitalización del sistema es otra discusión. “Al respecto, es indudable que hay oportunidades para seguir mejorándolo, pero siempre sobre la base de mantener el pilar de ahorro basado en cuentas individuales”, en tanto apunta que “la reforma que se pretende plebiscitar propone también que la edad de retiro y los años de servicio mínimos requeridos queden fijados por mandato constitucional en 60 y 30 años, respectivamente”. “Ello es a todas luces inconveniente, puesto que ambos son parámetros que pueden tener que ser modificados a raíz de innovaciones tecnológicas, transformaciones del mercado laboral y cambios en las costumbres. Debido a ello, estos temas son materia legal, no constitucional, que es donde se establecen los principios y los acuerdos que enmarcan el pacto de convivencia de la sociedad”.

“Precisamente por eso, sus modificaciones son muy poco frecuentes, demandan trámites complejos y requieren mayorías especiales”.
Evalúa además el economista que los resultados de la reforma promovida por el Pit Cnt “serán negativos. En primer lugar, porque no ataca los desafíos para el componente contributivo derivados de las transformaciones de los contratos laborales que están asociados a los cambios tecnológicos que están teniendo lugar. En segundo lugar, porque arriesga a agravar los problemas de sostenibilidad del régimen al convertirlo en uno de reparto puro. En tercer lugar, y como si fuera poco, es muy probable que, a pesar de lo que creen sus impulsores, el sistema previsional termine siendo menos equitativo. Por eso, como señalé, entiendo que la reforma constitucional promovida es inadecuada, inconveniente e imprudente”, aunque destaca que puede ser mejorada la reforma jubilatoria recientemente aprobada por ley. El economista efectúa naturalmente un análisis técnico de la reforma constitucional que promueve el sindicalismo dominado por el Partido Comunista y otros sectores radicales, pero para un comunista la economía siempre se resuelve de una única forma: si falta plata, la pone el Estado –todo cuanto sea necesario–. Y si éste no puede –o se fuende, como pasó con todos los regímenes comunistas en el mundo—es culpa de otro: el capitalismo, el imperialismo, los grandes capitales, los malos uruguayos. De esta forma, lo que diga un “técnico” tiene valor cero, si no refuerza las ideas comunistas. Pero además sería de ingenuos no tener presente que sin dudas la génesis de la “propuesta” es una base político ideológica con la intención de poner palos en la rueda a todo lo que surja del gobierno de coalición que encabeza Luis Lacalle Pou.

Paralelamente, como es natural no ha caído bien en el movimiento sindical –altamente ideologizado y alineado sistemáticamente con el Partido Comunista– el pronunciamiento de sectores del Frente Amplio que se han manifestado contrarios a la recolección de firmas para un plebiscito de reforma constitucional, y que en cambio abogan por hacer los cambios desde una norma legislativa con elementos diferentes a la que ha entrado en vigencia este agosto.
Este disenso con el Pit Cnt –brazo sindical de la coalición de izquierdas, y/o viceversa– podría eventualmente esperarse de algún sector moderado del Frente Amplio, pero resulta algo más contundente que esta embestida tenga serios cuestionamientos incluso del propio expresidente José Mujica y consecuentemente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

El Plenario Nacional del MPP analizó el planteo y decidió que es preciso convocar a un diálogo nacional para crear una nueva Ley de Seguridad Social y posteriormente tomar las decisiones legislativas que se consideren adecuadas, confiando además en que el Frente Amplio gane las próximas elecciones y sea quien convoque a un diálogo social con empresarios, trabajadores y la academia, con el objetivo de recoger elementos y darle forma en una ley.
Se soslaya naturalmente que ese fue el camino que tomó el actual gobierno, que formuló una convocatoria a diversos sectores, incluyendo a especialistas de todos los partidos y sectores con intereses encontrados, y así se elaboró una ley que no fue votada por la izquierda, por lo que no se trata aquí de procedimientos, sino de la visión ideológica. La gran pregunta que surge es por qué la izquierda no hizo eso durante los 15 años que fueron gobierno y tuvieron mayorías parlamentarias.

Lamentablemente, por más voces técnicas y sensatas que se alcen desde la diversidad política, desde la comunidad, desde los sectores involucrados, ya está plantado el germen de la distorsión, con el Pit Cnt totalmente en bajo control de los sectores radicales y éste a su vez enquistado en el Frente Amplio, y que pretenden generar supuestas soluciones voluntaristas, aunque quedan serias dudas de las motivaciones reales que los mueven. → Leer más