Una noticia relacionada con el sector turismo pasó casi sin repercusión alguna en la semana en la que el sector celebró su Día Mundial, el 27 de setiembre. Aludimos a la presentación por parte del Ministerio de Turismo del Código Nacional de Conducta para la Prevención de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo. Este instrumento, dirigido a toda la cadena de valor del sector, establece seis obligaciones claves: la adopción de una política de tolerancia cero; la capacitación del personal; la difusión de la adhesión al código; la provisión de información a los visitantes; la colaboración de la cadena turística en la prevención y la presentación de informes sobre las acciones realizadas. Además enfatiza en la capacitación y sensibilización del personal de las empresas turísticas en los derechos de la infancia y adolescencia, a la vez que también promueve la divulgación de información sobre estos derechos a visitantes y viajeros, junto con las vías para reportar casos sospechosos.
Durante la presentación, el presidente de INAU, Pablo Abdala, resaltó su importancia como una herramienta concreta para la prevención y el combate de la explotación sexual infantil en el turismo y felicitó al Ministerio de Turismo por su liderazgo en este esfuerzo. “Nadie tiene derecho con relación a esto, a mirar para el costado, mucho menos los que tenemos responsabilidades públicas desde el Estado o desde la sociedad civil”, afirmó. A su vez, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo del código que representa “un firme compromiso por parte de Uruguay en la lucha contra la explotación sexual infantil en el contexto del turismo y refleja la voluntad de todas las partes involucradas en proteger a las niñas, niños y adolescentes en el ámbito turístico”.
Pero, qué dimensión tiene el problema de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo primero indicar que se define de ese modo a la utilización de niñas, niños y adolescentes, con consentimiento o sin él, para la satisfacción sexual de adultos a cambio de una remuneración en dinero o en especie a la persona menor de edad o a terceras personas. Es a la vez que una violación a los derechos humanos fundamentales de la niñez y la adolescencia, también una forma de abuso sexual, una actividad generadora de ingresos, forzada y dañina y una forma moderna de esclavitud.
Unicef estima que cada año son captados por las redes más de un millón de niños en todo el mundo, para obligarlos a prostituirse. El mismo organismo estima que más de 100 millones de niños son forzados a mantener relaciones sexuales o son víctimas de violencia y explotación sexual, “una situación que está ligada a la pobreza, los conflictos armados, los grandes movimientos de población, etcétera”.
Se conocen también datos sobre Uruguay, donde el año pasado (2022) hubo 529 casos entre el 1º de enero y el 30 de noviembre; fueron 35 más que en el mismo período de 2021, 119 más que en 2020 y más del doble que en 2019. Esto habla de que el problema, lejos de contenerse, continúa en crecimiento, aun pese a sonados casos como la Operación Océano y más recientemente las denuncias contra el senador Gustavo Penadés.
De acuerdo con la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (Fapmi), la explotación sexual infantil “es el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, por detrás del tráfico de armas y de drogas, siendo cada vez más importante debido a la alta rentabilidad económica que supone para las mafias internacionales”, y se encuentra en constante crecimiento. El turismo es un sector que está particularmente expuesto a verse involucrado –a veces involuntariamente– a formar parte del esquema operativo de estas redes. Isabel Garaña, referente de la Organización Mundial de Turismo, OMT, para Europa, destacó que “116 países de todo el mundo hayan adaptado su legislación al código ético promovido por la OMT y Unicef, con lo que reafirman su compromiso de atajar esta situación que vulnera los derechos más fundamentales” y agregó que “la puesta en marcha de iniciativas como éstas, que involucren empresas, trabajadores, proveedores y directivos, enmarcadas dentro de la responsabilidad social corporativa, representan una oportunidad para innovar y transformar sociedades”.
Uno de los países que ha tenido un rol protagónico en hacer frente a este problema es Costa Rica. El estado centroamericano tiene en la industria turística su principal fuente de ingresos y de allí la preocupación por trabajar en esta área y evitar que se perjudique su imagen internacional.
En Costa Rica la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes es un delito que se castiga con cárcel y cualquier empresa turística que la promueva o la facilite se expone a la inhabilitación de 3 a 10 años para el ejercicio del comercio. El manual que difunden las autoridades costarricenses especifica que “la sola sospecha de explotación o de cualquier tipo de maltrato a una persona menor de edad, aunque no tengamos pruebas, es motivo suficiente para contactar a las autoridades” y que “en una situación sospechosa negar el servicio de la empresa no es suficiente, se tiene que contactar a las autoridades competentes”. Estas omisiones pueden dar lugar a afrontar las consecuencias citadas.
Hay otro detalle al que aludió el ministro Tabaré Viera durante el lanzamiento, y es que la sensibilización tiene también que llegar “a los propios turistas”, en el sentido de que “cuando van a planificar sus vacaciones, elijan los hoteles, los operadores y los destinos turísticos que estén adheridos y que estén comprometidos con la defensa de los derechos humanos”.
