Días pasados en un conversatorio llevado a cabo en Casa de Cultura, especialistas pusieron sobre la mesa un tema que no es ajeno a Paysandú y del que no suele hablarse demasiado. Marisa Acosta Niell, encargada de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia de Paysandú fue quien dio la bienvenida a los presentes y moderó la primera mesa de expositoras, llamada “Trata de personas”.
Los presentes pudieron interactuar realizando preguntas a las disertantes, que fueron: Cristina Prego (coordinadora del Proyecto “Autonomías Colectivas contra la violencia de género”), Tamara Samudio (coordinadora del Observatorio contra la violencia de género y acceso a la justicia), la Dra. Gabriela Beneventano y la Lic. Stephanie Martínez (integrantes del Servicio de Trata de Paysandú), Agustina Deleón (oficial de protección de la Organización Internacional para las Migraciones), Sandra Perroni (coordinadora del Servicio de Atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual), Lic. Manuela Costa (Facultad de Psicología – UdelaR) y la Lic. en Psicología Alejandra Bentancor (integrante del equipo itinerante de atención a situaciones de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes).
Comenzó con la presentación de Tamara Samudio del informe “Más invisibles. La trata y la pandemia”. Con el objetivo de actualizar la información sobre la trata de mujeres en el territorio uruguayo, en el período comprendido entre enero del año 2018 y diciembre del 2022, fue necesario recoger y sistematizar la información sobre la situación de las mujeres víctimas de trata sexual a través de los datos de los Servicios de Atención a Mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual; analizar las situaciones que atraviesan estas mujeres y las dificultades para acceder a la justicia, a la protección y reparación, teniendo en cuenta las afectaciones causadas por la pandemia de Covid.
En Palermo (Italia), en el año 2.000, se instauró el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Fue tipificado como delito en el año 2008, es un delito cambiante, mutante, y el de más rápido crecimiento y expansión, en distintas coyunturas; es en definitiva la esclavitud del siglo XXI, mercantiliza cuerpos. A nivel nacional la Ley de Prevención y Combate a la Trata de Personas (2018) la define como “la captación, el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o el hospedaje de personas, dentro del territorio nacional o a través de fronteras, aunque mediare el consentimiento de las mismas, con fines de explotación” (art.4, lit. a).
Es, por diferentes motivos, un problema difícil de abordar; la información que puede obtenerse es parcial o representativa de un fenómeno imposible de conocer cabalmente. Para el informe presentado, se solicitó a Inmujeres (Mides) la base de datos anónimos de las mujeres asistidas por el Servicio de Atención, con información sobre el ingreso de la víctima al servicio, aspectos sociodemográficos, el traslado realizado y la explotación.
Principales hallazgos
En el período estudiado (2018 – 2020) el servicio atendió a 300 mujeres en todo el país por situaciones de trata con fines de explotación sexual y laboral. Además, se hizo evidente la baja durante la pandemia. En los años 2020 y 2021 el ingreso de mujeres se redujo más de la mitad con relación a 2019.
A través de los registros oficiales, pudo saberse que casi 8 de cada 10 mujeres en esta situación tiene menos de 35 años de edad; 7 de cada 10 tiene al menos un hijo. Fueron atendidas 188 mujeres extranjeras (62,7%) y 112 mujeres uruguayas (37,3%). Un dato interesante es que casi la totalidad de las mujeres extranjeras son de América Latina y el Caribe (67% de República Dominicana y el 18% de Cuba); es muy puntual el ingreso de personas de otros continentes. Entre las mujeres uruguayas, casi el 80% es víctima de trata interna, y el resto es víctima de trata internacional.
Traslados y Rutas
En más de la mitad de las situaciones las rutas implicaron el traslado por al menos dos o tres países de tránsito, casi todos sudamericanos. El país de tránsito más mencionado es Brasil, seguido por Argentina. En los casos de trata interna (realizada en territorio uruguayo), las ciudades más mencionadas como de reclutamientos son Montevideo, Paysandú y Canelones.
Uruguay continúa siendo un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, con fuerte énfasis en destino, según los relevamientos efectuados. En cuanto a la trata interna, alarma la situación de adolescentes y mujeres uruguayas con consumo problemático que son captadas y explotadas sexualmente por redes criminales, cuyo único fin es lucrar, obtener rédito económico.
Dificultades en implementación de la ley
La Ley de Prevención y Combate a la Trata de Personas (N°19643) fue considerada como muy positiva por todas las entrevistadas, pero sin embargo su aplicación y la respuesta estatal para las víctimas presentan importantes limitaciones.
Uno de los inconvenientes principales es que el CNTE (Comité Nacional de Trata de Personas) no cuenta con un equipo propio de trabajo y se integra por las referencias de las instituciones que lo componen. Además aún no están aceitados los mecanismos institucionales para centralizar las respuestas. Y, principalmente, es una ley sin recursos para poder implementarse plenamente.
