Ante irregularidades rodeadas de “hechos de apariencia delictiva” directores de AFE, acompañados del abogado penalista Jorge Barrera, presentaron una denuncia en Fiscalía contra directores del ente en los períodos en que gobernó el Frente Amplio, en tanto la denuncia se podría ampliar, ya que la gestión actual solicitará extender la auditoría inicial a otras áreas.
El vicepresidente del organismo, Dr. Gustavo Osta, amplió a EL TELEGRAFO que “hemos recibido el informe de la auditoría que le solicitamos a la Auditoría Interna de la Nación, en la cual se constataron hechos muy graves, realmente es un escándalo lo que surge de esa auditoría.
Hechos muy graves, con apariencia delictiva que pueden derivar en casos de corrupción, vinculados a dos aspectos fundamentales que hacen a la mala administración de la inmensa cantidad de inmuebles que tiene AFE, que tampco se sabe cuántos son”.
El presidente y vicepresidente de AFE José Pollack y Gustavo Osta entregaron al fiscal de Corte, Juan Gómez, la documentación que refiere a hechos que procuran que se investiguen.
Esta denuncia aparece luego de que a comienzos de setiembre se publicó el informe definitivo de la Auditoría Interna realizada a AFE en la que se encontraron diversas irregularidades con distintos niveles de gravedad en las gestiones anteriores. Osta dijo que desde que se conocieron los resultados de la Auditoría, que abarcó a todos los gastos vinculados con la gestión de los inmuebles identificados como propios por el organismo, “se empezó a procesar la denuncia que se presenta ahora.
AFE tiene 1.500 inmuebles y no saben dónde están; se asignaban de manera irregular”, agregó.
Consideró asimismo, en su criterio personal, que “yo creo que fue un desorden intencional, de manera tal que no se pueda controlar. Y son dineros del Estado. Está claro que nadie en su casa haría lo mismo”.
“Lamentablemente la auditoría no se pudo hacer antes, pero pensamos que era importante llegar con esta denuncia”, dijo, y destacó que “los resultados revelan hechos de apariencia delictiva que, en muchos casos, pueden constituir actos de corrupción vinculados a una administración absolutamente irregular que generó un daño al Estado”.
El vicepresidente de AFE detalló que la denuncia se centra en el contenido que revela el informe sobre la administración de inmuebles.
Los denunciantes plasman en el escrito la demanda por “gastos excesivos derivados de los servicios de vigilancia”.
En este último punto, Osta detalló que hubo “gastos millonarios en dólares con cargo importante en vigilancia. Fueron 25 millones de dólares en 15 años.
Con gastos arriba de dos millones de dólares en algunos años preelectorales, cuando el patrimonio de AFE iba a la baja. Estas son resoluciones ilegítimas tomadas de manera incluso irracional y arbitraria”.
Además del informe de Auditoría, la denuncia contiene información extra, con la que cuentan los denunciantes. “Hay una presunción de gastos innecesarios y, como dice la Auditoría, riesgo de colusión o acuerdos clandestinos y afectación de patrimonio del Estado”, dijo Osta.
Evaluó que “hubo ocupaciones ilegítimas, había un abandono generalizado, por ejemplo 150 contratos de arrendamiento de los cuales no se hicieron acciones para el cobro de lo que se debía, por lo que la auditoría marca que hay un daño al patrimonio del Estado muy importante, y que a su vez hay riesgos de que exista colusión con las personas y empresas que ocupan ese tipo de inmuebles de manera en principio, ilegítima”.
“Colusión significa maniobras espurias, maniobras clandestinas”, destacó, a lo que cabe agregar el tema “de los inmensos gastos en servicios de vigilancia que se produjeron durante 15 años, hasta la última licitación que otorgó el gobierno anterior en el año 2019, para cuidar un patrimonio que el Tribunal de Cuentas ha dejado en claro que no se sabe bien cómo está integrado y menos a cuánto asciende su valor.
Se está gastando mucho dinero para cuidar un patrimonio que no se sabe cuánto vale. Pero se gastaron 25 millones de dólares en 15 años”.
ANTECEDENTES
Mientras tanto, hace unos dos años la Junta de Transparencia de Ética Pública (Jutep) halló irregulares actuaciones de exdirectores y jerarcas de AFE que permitieron a una escribana trabajar en dos lados a la vez, sobre lo que se procedió al sumario y posterior destitución de la involucrada.
En diciembre de 2020 el vicepresidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Gustavo Osta, decidió pedirle a la Jutep que se expidiera sobre un caso en el que creía que podía haber irregularidades. El pronunciamiento atribuye responsabilidades al directorio anterior de la ferroviaria estatal, a una funcionaria y al director de la Asesoría Jurídica.
En el centro de la situación denunciada figuró la escribana Gabriela García, quien llegó a la empresa en 2013 como cargo de confianza en la secretaría del entonces presidente, Jorge Setelich, y que a fines de 2014 participó en un llamado público y se convirtió en funcionaria. De esa manera, pasó a formar parte de la Asesoría Jurídica y un par de años después se le aprobó una partida adicional a su salario de 25% por “permanecer a la orden”.
En el período 2015-2020, simultáneamente a su tarea de escribana en el ente, García comenzó a facturar mensualmente servicios profesionales a la sociedad anónima estatal Servicios Logísticos Ferroviarios (SELF), de la que AFE posee el 51% de las acciones. Según figura en la denuncia presentada ante la Jutep, la facturación de 2019 fue de $583.154.
Los servicios de García a SELF se interrumpieron en setiembre de 2020 a solicitud de Osta y de Ángel Fachinetti, vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y de Self. La decisión tuvo también el voto favorable del presidente, Miguel Vaczy.
La denuncia sostiene que la escribana salía “en comisión” de AFE, en horario de trabajo, para ir a prestar los servicios particulares a SELF. Los formularios que le autorizaban las salidas eran firmados por el director de Jurídica, Eduardo Pittamiglio, de acuerdo a lo publicado en su momento por el semanario Búsqueda.
