En oportunidad de la presentación de las jornadas de alimentación en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), la Universidad de la República (UdelaR) y la Escuela de Nutrición presentaron un documento con investigaciones efectuadas en el oeste de Montevideo. Allí, al menos el 20 por ciento de los hogares con menores de 12 años sufren inseguridad alimentaria grave.
La metodología de encuesta utilizada para el informe, reveló que las personas relevadas “tienen una baja ingesta semanal de alimentos” y “solo uno de cada diez niños consume carne una o ninguna vez por semana”.
Al oeste del arroyo Pantanoso en Montevideo reside la población con menores ingresos y mayores vulnerabilidades que son históricas. Allí se encuentran varias generaciones que no han logrado mejorar sus condiciones de vida para salir del lugar.
En octubre del año pasado, el gobierno presentó el Primer informe nacional de prevalencia de la inseguridad alimentaria en hogares. El resultado precisó que el 15 por ciento de los hogares uruguayos tiene inseguridad alimentaria moderada y el 2,6 por ciento, grave. Una particularidad de esta investigación es que es inédita, porque no se contaba con datos precisos de la población para resolver acciones o profundizar en el conocimiento de la problemática.
Este análisis oficial, que partió de la Encuesta Continua de Hogares efectuado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), permite comparar y detectar problemas de acceso a la alimentación. Por ejemplo, es constatable que 26 de cada 1.000 hogares se quedaron sin alimentos por falta de dinero y que las cifras elevadas se encuentran en hogares con niños menores de 6 años, así como en la región noreste del país y en el primer quintil de ingresos. En los meses siguientes se observó un énfasis en políticas alimentarias a través del programa Uruguay Crece Contigo, pero aún existe un núcleo duro que es representativo de las vulnerabilidades crónicas que existen en el país.
No obstante, Uruguay se encuentra inmerso en una región complicada y no es patrimonio de una orientación política determinada en el gobierno. En Argentina, por ejemplo, un tercio de los niños sufren hambre y el 60 porciento recibe alimentación estatal, de acuerdo al informe del Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA). Estos dos últimos años, los comedores escolares o comunitarios han registrado asistencia récord. Y en 2020, el primer año de pandemia, Argentina llegó al 37,2 por ciento. Mientras tanto, aumentan las transferencias estatales con niveles más elevados en comparación a los años atravesados por la contingencia sanitaria.
En el vecino país, el 40 por ciento de los niños que viven en zonas urbanizadas no accede al agua de red y las estadísticas remarcan un aumento del trabajo infantil. Afecta casi el 15 por ciento de la población que tiene entre 5 y 17 años.
Otro ejemplo es Brasil. Un estudio presentado en julio de este año, explicó que el hambre crónico aumentó 4 por ciento en comparación a 2019. Es un problema estructural que trasciende a los gobiernos, los índices de inflación y programas sociales. Son 70 millones de personas que padecen la inseguridad alimentaria entre grave y moderada. Hay 10 millones que tienen hambre crónica y el gobierno busca soluciones con el relanzamiento del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, que fue suprimido antes de la pandemia.
Y así es posible seguir con otros países donde han cambiado los gobiernos con distintas orientaciones, pero el problema prevalece conforme pasan las generaciones, sin registrarse grandes cambios en este aspecto. En cualquier caso es importante remarcar que la problemática se profundiza en los países mencionados, cuando se habla de hogares con jefatura femenina.
En el contexto global, la situación no es tan diferente. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que casi el 30 por ciento de la población mundial tiene inseguridad alimentaria. De acuerdo a las estadísticas de 2022, son casi 800 millones de personas y, por lo tanto, están cada vez más lejanos los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el año 2030.
Los conflictos armados, las pandemias y la inflación descontrolada de algunas economías, profundizan una problemática ya instalada. Sin embargo, la crisis alimentaria está globalizada y así lo indican las proyecciones. Por lo tanto, cualquier realidad local o regional, está inmersa en el contexto internacional.
Entonces, urge un cambio de paradigma con enfoques preventivos para abordar la situación. Porque ocurre en todos lados –incluido Uruguay– que los países acostumbraron a sus poblaciones a responder a los impactos cuando ocurren.
Es posible mejorar la situación de cualquiera de los tres países mencionados porque son productores de alimentos muy por encima de su población. Uruguay produce el equivalente para 30 millones de personas y tiene capacidad para 20 millones más. Y lo dice la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en su informe colgado en la web oficial. Mientras, su población permanece estable y según el INE no llegará a 3,5 millones de personas en el próximo censo que se conocerá a finales de noviembre.
Argentina aporta el 11% de los alimentos que se comercializan en el mundo y Brasil ocupa el tercer lugar en la producción global de alimentos.
Por lo tanto, la soberanía alimentaria afecta al suelo fértil de esta parte de América Latina y las proyecciones no son halagüeñas. Ni a mediano ni a largo plazo.
