“Nadie tiene derecho con relación a esto, a mirar para el costado, mucho menos los que tenemos responsabilidades públicas desde el Estado o desde la sociedad civil”, afirmó días atrás el presidente del Instituto Nacional del Niño del Uruguay, Pablo Abdala, durante la presentación del Código Nacional de Conducta para la Prevención de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo.
Sus palabras durante la referida presentación realizada por el Ministerio de Turismo resuenan fuertemente tras la imputación con prisión preventiva del exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés como presunto autor de múltiples delitos sexuales contra menores de edad.
Como ha sido informado ampliamente por medios nacionales e internacionales, la jueza Marcela Vargas aceptó el martes la formalización de Penadés por un total de 22 delitos, y del profesor de Historia, Sebastián Mauyezín, por delitos de similares características siendo acusado de contribución a la explotación sexual de menores en régimen de reiteración real y en calidad de autor por su rol como nexo entre el exsenador y las víctimas.
La formalización de Penadés –imputado por once de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro de abuso sexual especialmente agravados, tres de abuso sexual agravados, uno de violación, uno de desacato, uno de corrupción de menores y uno de atentado violento al pudor, todo en régimen de reiteración real– no tiene antecedentes en la historia de la política uruguaya y constituye una vergüenza nacional, un hecho aberrante que mancilla no solo a la actividad de su sector político en particular sino que nada bien le hace a la política en general.
Es también una mancha grave en el legajo de la historia de los parlamentarios uruguayos y una afrenta a los derechos de las personas menores de edad, un hecho que socava los principios más elementales de la ética y la dignidad humana.
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es considerada una de las formas modernas de esclavitud, además de una violación de los derechos humanos fundamentales de la niñez y adolescencia. En todo el mundo es también un negocio tan lucrativo como el tráfico de armas y de drogas.
En Uruguay constituye un problema en crecimiento. Según datos publicados oportunamente, en 2022 hubo 529 casos (35 más que en el mismo período de 2021; 119 más que en 2020 y más del doble que en 2019).
Como se recordará, a fines de marzo Penadés recibió la primera acusación de explotación sexual de menores y aunque negó los cargos y amenazó con demandas por difamación, ahora se sabe que un total de 11 víctimas declararon ante la Fiscalía. Luego, el 7 de junio el Senado votó por unanimidad el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del entonces legislador para que pueda ser juzgado ante la Justicia.
Según divulgó la agencia internacional AFP, de acuerdo a detalles revelados el 7 de junio, durante la sesión del Senado en que Penadés fue desaforado, muchas de las personas que declararon en su contra “tenían corta edad” en el momento del presunto abuso y explotación sexual, en su mayoría “13 y 14 años”, y los hechos denunciados ocurrieron a lo largo de varios años, con un testimonio incluso de 2020. “En un caso ya antiguo, la víctima era apenas un niño en un cuadro de fútbol que el propio Penadés organizaba cuando aún era un adolescente”, agrega esta fuente citando el expediente.
Por si faltara algo más a este caso que involucra a un legislador de casi 30 años de destacada actividad parlamentaria allegado al actual gobierno y a un exdocente del Liceo Militar, es importante señalar también que el pedido de prisión preventiva se definió en base a riesgos procesales, es decir por la posibilidad de intentos de entorpecimientos de la investigación judicial dado el lugar que ocupa Penadés y su amplia red de contactos.
Por un lado la Ley de Urgente Consideración (LUC) incorporó que ante la presunción que hubiera riesgo de que un imputado pudiera intentar fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación o que la prisión preventiva es necesaria para la seguridad de la víctima, ésta debe aplicarse de hecho cuando se imputan ciertos delitos sexuales como violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, entre otros.
Es decir, ante un caso de las características antes señaladas existe la obligación de plantear la prisión preventiva como medida cautelar.
No obstante, en la audiencia del martes ante la jueza de 36° Turno, Marcela Vargas, la fiscal del caso tomó en cuenta que puede existir un amedrentamiento contra las víctimas, de quienes se buscó conocer la identidad, señalando que existieron amenazas y seguimientos en el marco de lo que denominó una “estafa procesal”, un plan armado contra las víctimas por el propio Penadés con colaboración de asesores y policías. Y esto constituye un hecho gravísimo también, que implica servirse del aparato del Estado para hacer uso y abuso del poder para obstaculizar las actuaciones del proceso judicial.
En definitiva, por donde se lo mire se trata de un caso lamentable que nos impacta como sociedad y muestra una de las peores facetas de un ser humano, la de un “abusador serial”, calificado de mentiroso por sus propios correligionarios.
Por otra parte, es un caso que hace que el ciudadano común aplicando una dosis mínima de lógica se pregunte cómo puede ser que a lo largo de tantos años de abusos como los que pone en evidencia la imputación del exlegislador, nadie viera señales, nadie desconfiara, cómo sus amigos más cercanos –muchos de ellos también con importantes cargos públicos y políticos, y de todos los partidos políticos– no pudieron advertirlo.
Nadie tiene derecho a mirar para el costado. Y por eso, la doble moral, la ausencia de la más elemental ética y las conductas delictivas deben ser erradicadas de la política, que es una actividad esencial para la democracia.
Un sistema democrático que, por otra parte, encuentra en el buen funcionamiento de la separación de poderes una de sus grandes fortalezas, como ha quedado demostrado una vez más en este triste caso que a todos los uruguayos nos ha impuesto el exsenador Penadés.
