El título en la página del Ministerio de Ambiente dice: “Se dieron a conocer los resultados del monitoreo de plaguicidas en la cuenca del río San Salvador” y agrega en el encabezado que el documento generado, el que contiene estos resultados, “se enmarca en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el monitoreo y evaluación de plaguicidas en matrices ambientales con el fin de mejorar la evaluación de sus impactos”. También señala que “se trata del segundo monitoreo que se realiza en Uruguay con estas características, ya sea por su intensidad como por su alcance” y da cuenta de que relevó la eventual presencia de “más de 80 plaguicidas en cuatro matrices ambientales”. Plantea también que la producción agropecuaria “representa entre el 6% y el 7% del Producto Bruto Interno (PBI)” y que, en función de ello, “resulta clave fortalecer la dimensión ambiental en este sector para alcanzar altos niveles de protección de los ecosistemas”. La publicación en la web oficial también recoge declaración el ministro Robert Bouvier, destacando la “relevancia de obtener resultados que permitan seguir mejorando el trabajo integrando el cuidado del ambiente y la producción” y enfatizando en que “debemos hacer cumplir las políticas ambientales y velar por las buenas prácticas y para eso avanzamos en monitoreo, control y evaluación”. El secretario de Estado también resaltó “el trabajo, la calidad y el compromiso de cada uno de nuestros equipos técnicos en integración con otros actores clave”.
Pero el artículo en la página del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay no dice nada respecto a los resultados que arrojó este estudio en el río San Salvador, en el departamento de Soriano, que atraviesa una de las zonas de producción agrícola más importante del país, de las mejores tierras productivas de nuestro territorio, se limita a colocar el enlace al pie del texto para que quien desee pueda profundizar la información.
En el resumen ejecutivo refiere a la expansión que ha tenido el sector agrícola en el país desde el comienzo de este siglo, con un incremento del 65% de la superficie cultivada entre 2000 y 2017, liderado por el aumento del área sembrada de soja, y, debido a la adopción del doble cultivo anual como práctica predominante, el consecuente crecimiento también en el área sembrada con trigo.
“En 2021, la superficie total sembrada de cultivos de verano fue de casi 1,2 millones de hectáreas, correspondiendo más de 900.000 ha a soja, 142.000 ha a maíz y casi 28.000 ha al cultivo de sorgo”. El informe agrega que la forma de producción empleada ha traído consigo un paquete tecnológico que supone el uso de “una gran diversidad de plaguicidas para proteger y aumentar la productividad de los cultivos”. Refiere que en el 2020 se importaron casi 12 millones de kilogramos de plaguicidas en forma de principios activos.
El programa de monitoreo de plaguicidas en la cuenca del río San Salvador (Soriano) y sus principales afluentes en las matrices: agua, sedimentos, peces, bivalvos y polinizadores tiene por objetivo principal “la generación de estrategias que permitan fortalecer los planes de monitoreo de calidad de agua que ya viene ejecutando la División de Calidad del Ministerio de Ambiente”.
Da cuenta el estudio de que “la evaluación de riesgo ecotoxicológico basado en el método de Risk Quotient (RQ) determinó un riesgo ambiental alto en toda la cuenca”, y agrega que “fue particularmente alto en la parte baja de la cuenca”.
Según el informe “se detectaron 41 plaguicidas, entre ellos el herbicida atrazina, prohibido en 2016 por MGAP (Res. 104 12/16) y otros con determinadas restricciones de comercialización (etión, permetrina, clorpirifos, imidacloprid y tiametoxan)”. De estos compuestos, 17 “son considerados Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) debido a que presentan altos niveles de peligro agudo o crónico para la salud o el medio ambiente”. Las 52 muestras analizadas en agua presentaron al menos nueve plaguicidas cada una (de un máximo 25). También advierte que “La presencia de una gran variedad de plaguicidas (16) en todos los meses analizados sugiere la existencia de un paquete de plaguicidas que son usados de forma continua en el sistema, independientemente de la época del año y el tipo de cultivo predominante en la cuenca”.
Entre lo detectados, los compuestos que presentan mayor riesgo son “los insecticidas organofosforados (etión y clorpirifos) y los piretroides (cipermetrina, permetrina, bifentrina y lambda-cialotrina)”, cuyo potencial de bioacumulación y sus posibles efectos en los seres vivos “determinan la necesidad de profundizar en las prácticas agrícolas de estos plaguicidas para minimizar sus riesgos”.
Se analizaron 158 muestras en peces de 32 especies, “resultando positivas para al menos un plaguicida el 83,5% de las mismas. Se detectaron 30 plaguicidas, de los cuales cinco fueron exclusivamente encontrados en peces (endosulfan sulfato, fenazaquin, flumetsulam, isoxadifen-ethyl y pirimifos metil), indicativo de la capacidad de acumular compuestos que no son de fácil detección en otras matrices”. El informe prosigue detallando los estudios realizados y los resultados que se hallaron y, como se ha indicado, se puede acceder desde este artículo en la página del Ministerio.
Es comprensible que al tratarse de un estudio que sirve para ajustar una metodología pasible de aplicarse de forma sistemática en otras cuencas, resulte a algunos ojos más importante el hecho en sí de llevarlo a cabo que los propios resultados. Sin embargo, al tratarse de resultados tan preocupantes como los vistos, cabe cuestionarse si es deseable que justamente el Ministerio de Ambiente lo publique como lo hace, eludiendo cuestionarse si es sostenible la forma en que se produce en el país. De cualquier modo, ha quedado en evidencia que no solo cambió el nombre del ministro con la salida de Adrián Peña, quien puso este tema sobre la mesa más de una vez. Cabe plantearse si el enfoque actual de este ministerio es el que el país necesita y con el que se supone fue creado. → Leer más