Iniciativa desarrollada en Paysandú plantea establecer cupos para trasiego de personas en pasos de frontera

Caerlos Cabrera, autor del proyecto para mitigar el impacto socio económico provocado por la diferencia cambiaria con Argentina.

Un abogado sanducero redactó un proyecto sobre registro y control de cruce fronterizo en los puentes internacionales con Argentina que, mediante el cruzamiento de datos, establece preferencia de cruce a la población más vulnerable.

Carlos Cabrera (42 años) es abogado, formado en gestión pública, en género y políticas públicas en la Facultad de Ciencias sociales; diplomado en gestión de proyectos tanto en Uruguay como en el exterior; en auditoría gubernamental, en conducción y gerencia de instituciones públicas, en dirección de instituciones públicas; es además funcionario público desde los 18 años.

Presentó su proyecto ante los centros comerciales del litoral y ante la Comisión Especial de Frontera con Argentina que funciona en el Parlamento. “Con la normativa existente en el país es posible aplicar un proyecto como este, con lo cual nos ahorramos esos eternos debates en el Parlamento. Están la ley de Protección de Datos personales y el Código Aduanero que puede ampliarse de ser necesario”, destacó.

“No es un proyecto de ley sino privado, de ejecución privada articulado con los organismos públicos, como Presidencia y Agesic y Aduanas. Implica un cruzamiento de datos entre los diferentes organismos”, resaltó Cabrera.

EL PROYECTO

Se aplicará de lunes a viernes, manteniéndose el sistema actual los fines de semana. Aunque esos días también “se desalentaría el cruce, porque al no distinguirse cupos, se volvería al caos actual, con demoras y esperas prolongadas”.

Propone considerar la situación socio económica de las personas para permitir el trasiego de mercaderías y combustible. Mantiene la normativa vigente de 5 kilos por persona cada 15 días pero da preferencia de cruce al sector con menores recursos, aplicado únicamente a la compra de comestibles y combustible. Se establece el 70% de los cupos diarios –considerando el cruce histórico de los últimos seis meses– para la población socioeconómica comprometida, desempleados, discapacitados y benefiarios del Mides; y el restante 30% para trabajadores formales, empresarios y propietarios de vehículos nuevos y de alta gama. “No es un sistema obligatorio. Quien no se quiera agendar puede cruzar tan pronto sea posible, no obstante no podrá traer mercadería de Argentina. De hecho, eso pasa hoy, si no hace la Declaración Jurada de Aduanas no puede ingresar mercadería”. Eso libera el cruce sin límite con fines turísticos, paseo, consulta médica y muchos otros motivos. El proyecto se centra en controlar el ingreso de mercadería y agrega combustible. No impide el cruce para esos fines, pero los ordena por nivel socio económico, desalentando a quienes tienen alto poder adquisitivo.

“En la misma declaración de Aduanas se puede agregar un cuadro más donde se deba declarar la cantidad de combustible, medio tanque, cuarto tanque, lo que sea. Al retornar, de modo aleatorio, algunos autos serán sometidos a control de combustible y la cantidad en el tanque deberá coincidir con la declarada”, indicó el abogado Cabrera.

Para el cálculo socio económico se toman en cuenta factores como trabajo formal, ingreso igual o superior a la canasta básica o por debajo de la canasta básica, discapacidad, asistencia del Mides, empresa constituida, vehículo y de qué año y tipo. El sistema se divide en cuatro categorías de registro. Aquella para residente no turista con puntaje entre 7 y 10 (población de escasos recursos); residente no turista con puntaje entre 0 y 6 (trabajadores formales, medio y alto nivel adquisitivo); residente no registrado no turista (puede cruzar cuando quiera, no puede ingresar mercadería, se controla nivel de combustible); régimen de turista (para quienes permanezcan más de 24 horas fuera del territorio nacional).

El abogado Carlos Cabrera establece que “no se discrimina ni se limita el cruce, sino que se organiza y prioriza a fin de generar fluidez y contemplar la situación socioeconómica de los habitantes más vulnerables; no se ‘clasifica’ a las personas, sino que, en base a información oficial, se facilita y prioriza el tránsito de aquellos que por diferentes circunstancias (laborales, familiares, económicas, sanitarias) necesitan un cruce ágil; se despersonaliza el control, ya que el puntaje es totalmente objetivo y se lo otorgará el sistema, no una persona; no se vulnera el principio de igualdad, ya que se trata por igual a los iguales (diferentes grupos de personas con diferentes grados de vulnerabilidad socioeconómica). Este argumento ha sido utilizado por Aduanas para no acceder a controles diferenciados, pero no es un argumento sostenible ni legalmente fundado”.

Cada usuario establecerá su condición socio económica al completar un formulario web. A partir del cruzamiento de datos, con información aportada por intendencias, Dirección General Impositiva (DGI), Banco de Previsión Social (BPS), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Aduanas y Ministerio del Interior, se otorgará un puntaje, que será enviado al teléfono celular de la persona (mediante un código, sin exponer datos personales), y será necesario para la agenda del cruce fronterizo vía web.

CENTRO COMERCIAL DE PAYSANDÚ “NUNCA RESPONDIÓ”

El abogado Cabrera dijo más adelante que ha mantenido “muy buen diálogo con el Centro Comercial de Soriano y con la asociación comercial de Río Negro. En ambos casos muy preocupados, muy involucrados”, pero que la situación fue diferente con el Centro Comercial e Industrial de Paysandú al que “primero envié el proyecto; pero nunca tuve respuesta. En determinado momento, el presidente del Centro Comercial de Paysandú y la gerenta me bloquearon en WhatsApp. Nunca me recibieron para una reunión. Con el que he estado en contacto frecuentemente, que ha sido muy generoso en la información brindada, muy respetuoso es con Luis Pedro Rodríguez, que es secretario del Centro Comercial. He hablado con otros comerciantes que han integrado el Centro Comercial y me han dicho ‘No te gastes, estuve y me salí porque no saben hacia dónde salir, discuten pequeñeces y realmente dejar mi negocio y mi familia por involucrarme en algo que no está funcionando, decidí dar un paso al costado’”.

“Ha pasado en Salto y Río Negro que los comerciantes ya no están conformes con los centros comerciales y han formado movimientos paralelos. En Salto se formó el grupo Salto en Movimiento y en Fray Bentos, Comerciantes Unidos, que nuclea 50 comerciantes, que también estuvieron estuvieron reunidos en el Parlamento”, aseguró.